EDITORIAL

Ambulantes: de nada sirve negar la realidad

Siempre es difícil adoptar decisiones políticas sobre temas en los que se conjugan las necesidades económicas y una realidad social que no brinda demasiados márgenes de acción. En este contexto, cualquier intento por ordenar adecuadamente el comercio callejero se encuadra dentro de estos desafíos, donde las contingencias y la crudeza de la realidad conspiran contra cualquier posibilidad de alcanzar soluciones ideales al problema.

En mayo de 2008, durante la gestión del exintendente Mario Barletta, la Municipalidad desalojó a los vendedores ambulantes que se habían instalado desde hacía tiempo en el Parque Alberdi, ampliando progresivamente la ocupación del espacio público.

Pese a la dura reticencia de estos vendedores, se los convenció para que trasladaran sus puestos a la Feria Popular Rivadavia, que desde entonces funciona en un local alquilado por el municipio en Rivadavia 2747.

En aquel momento, se dijo que la Municipalidad se haría cargo del alquiler este local, pero con la condición de que los puesteros se fueran sumando al régimen tributario de la ciudad, abonando el Derecho de Registro e Inspección y los gastos de funcionamiento del mercado.

Cuatro años después de aquel acuerdo, el municipio continúa pagando el alquiler del inmueble. Los puesteros siguen allí, pero hasta ahora nunca abonaron impuestos, tasas municipales, ni servicios esenciales como la energía eléctrica. En definitiva, lo único que cambió es que ya no ocupan el espacio público del Parque Alberdi, sino que trabajan en un lugar cerrado, cuyos costos son cubiertos con el presupuesto de la Municipalidad.

Las desleales ventajas competitivas de las que desde hace años se quejan los comerciantes debidamente registrados continúan existiendo. Y los puesteros del Mercado Rivadavia lo reconocen, pero argumentan que sus ventas bajaron y no están en condiciones de pagar impuestos. En el Parque Alberdi, los niveles de venta eran superiores.

Cualquier sector que espere soluciones absolutas e inmediatas a este problema estaría revelando un profundo desconocimiento de la problemática. De hecho, hasta el Centro Comercial, desde donde surgen justos reclamos, ha demostrado comprensión en este sentido y ofrecido su colaboración en la búsqueda de salidas viables.

Pero tampoco resulta saludable que sea el municipio el que presente las medidas que adopta como si fueran soluciones mágicas. En las actuales circunstancias, se impone la necesidad de que las autoridades planteen la realidad con toda crudeza.

Habrá que decir la verdad y reconocer que resulta una utopía pretender que los vendedores ambulantes de la ciudad se transformen en comerciantes registrados.

Lo que sí debería hacer el municipio, es ejercer un control estricto sobre los grandes proveedores de mercaderías y asumir públicamente que sólo está en condiciones de organizar, de la manera más racional posible, una actividad que no podrá ser evitada en un país y una ciudad con profundas grietas sociales y económicas.