La Justicia requirió datos a diversos organismos
Causa Boudou: apartaron al fiscal,
pero la investigación sigue en pie
El juez Lijo no llegó a decidir sobre la recusación contra Rívolo, pero lo dejó afuera de la causa Ciccone al unificar dos expedientes. Sin embargo, declaró válido el allanamiento del departamento del vice en Puerto Madero.
De la redacción de El Litoral
DyN
El juez federal Ariel Lijo unificó las causas en las que se investiga al vicepresidente Amado Boudou por la ex Ciccone Calcográfica y por su presunto enriquecimiento ilícito y dejó como fiscal de ambas a Jorge Di Lello, por lo que así quedó afuera del primer expediente Carlos Rívolo, quien había sido recusado por un amigo y socio del actual número dos del Poder Ejecutivo Nacional.
En tanto, Lijo también avaló el allanamiento al departamento de Boudou en Puerto Madero, donde se encontraron elementos que probarían su relación con Alejandro Vandenbroele -señalado por su ex mujer como presunto testaferro del vice-, y ordenó medidas de prueba para avanzar en la causa por supuesto enriquecimiento, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario y pedidos de informes patrimoniales y de ganancias.
“La decisión del juez es razonable y preserva la prueba que se obtuvo”, le dijo Rívolo a la agencia DyN, con referencia al aval de Lijo al allanamiento. De esta manera, Lijo pudo apartar a Rívolo de las pesquisas sobre Boudou sin tener que apelar a la aceptación lisa y llana de la recusación contra el fiscal.
Conexidad
Fuentes judiciales informaron a esta agencia que Lijo unificó ambas causas por la “conexidad” que establece el Código Procesal Penal cuando en varios expedientes figuran las mismas personas sospechadas de delitos que “han sido cometidos simultáneamente”.
En la causa por la ex Ciccone, se investiga a Boudou, Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, dueño de la empresa que se quedó con la compañía y señalado por su ex esposa como presunto testaferro del vicepresidente, y los tres fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito junto con Agustina Kämpfer, periodista y novia de Boudou.
La causa por enriquecimiento está a cargo de Lijo y Di Lello, fiscal que ahora se quedó con ambos expedientes, ya que el de Ciccone lo anexó a aquél. Así, Rívolo, quien había dado importantes pasos para tratar de demostrar la relación Boudou-Vandenbroele y si el vicepresidente había realizado tráfico de influencias para que la empresa The Old Fund, de Vandenbroele, administre Ciccone, se quedó afuera de la pesquisa.
En tanto, en la causa por enriquecimiento ilícito, Lijo levantó “el secreto bancario y fiscal de los denunciados” y solicitó 10 medidas de prueba para avanzar, que había pedido Di Lello al impulsar la investigación. Entre ellas, un pedido a la Oficina Anticorrupción (OA) para que envíe “copia de las declaraciones juradas, incluyendo el anexo reservado, que Amado Boudou debió presentar dentro de los 30 días de la asunción de su cargo y anualmente durante el desempeño de la función pública a la que ha sido designado”.
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También solicitó a distintos organismos públicos las declaraciones de compra de muebles, autos y motos, de yates o embarcaciones y aviones y antecedentes societarios de 14 empresas en las que los acusados tendrían participación, como Compañía de Valores Sudamericana SA, la nueva Ciccone; The Old Fund, la empresa de Vandenbroele que levantó la quiebra de la imprenta, y London Supply SA, compañía que aportó 1.800.000 dólares para recuperarla.
Para anexar las causas, Lijo declaró “abstracta” la recusación contra Rívolo que había planteado Núñez Carmona, a través de su abogado Diego Pirota, quien calificó al fiscal de “nocivo” para el expediente. De esta manera, la causa por la ex Ciccone se quedó sin su juez y fiscal original, ya que el magistrado Daniel Rafecas fue apartado por la Cámara Federal, también a pedido de Núñez Carmona, por un intercambio de mensajes de chat telefónico con un abogado al que le adelantó opinión sobre el expediente.
Rechazo
En ese mismo expediente, Núñez Carmona había pedido la nulidad del allanamiento del departamento de Juana Manso 740, propiedad de Boudou, alquilado a un abogado. Pero se sospecha que allí vivió Vandenbroele, ya que se encontraron pago de servicios a su nombre.
Núñez Carmona objetó que el allanamiento se haya realizado de acuerdo con la declaración jurada de Boudou sobre la que, sostuvo, Rívolo no indicó motivos para solicitarla. “Ninguna de las cuestiones planteadas lesionaría las garantías de su defendido en tanto el domicilio que ha sido sometido al allanamiento -cuya validez se cuestiona- no es el domicilio de Núñez Carmona ni tampoco es un domicilio que haya sido habitado ni alquilado por el nombrado”, rechazó Lijo. Y agregó que el allanamiento “no lesiona los derechos de Núñez Carmona”.
También sostuvo que pedir declaraciones juradas es facultad de “un juez o fiscal”, lo que está reglamentado en el Código Procesal Penal, y que Boudou está imputado en la causa por negociaciones incompatibles.
Juez federal Ariel Lijo
“Aumenta la sospecha”
Las máximas autoridades del radicalismo denunciaron que el gobierno nacional “interfiere en la Justicia” y expresaron su “profunda preocupación” por el desplazamiento del fiscal Carlos Rívolo de la investigación contra el vicepresidente Amado Boudou.
En un comunicado firmado por el presidente partidario, Mario Barletta, y los jefes de los bloques legislativos Ricardo Gil Lavedra y Luis Naidenoff, la UCR lamentó el desplazamiento de un fiscal que “había demostrado objetividad y valentía para investigar al poder”.
Según advirtieron, la situación “aumenta la sospecha de la ciudadanía sobre la injerencia política en la investigación de los hechos de corrupción protagonizados por los más altos funcionarios de gobierno”. Para el radicalismo, la decisión judicial “añade una nueva anomalía al trámite de un proceso que, por su relevancia, debería haberse manejado con la mayor transparencia y seriedad”. En ese contexto, el radicalismo reiteró su reclamo para que se realice “una investigación exhaustiva, transparente y exenta de presiones indebidas, que permita conocer la verdad sobre lo acontecido”.
Schoklender
El juez federal Norberto Oyarbide afirmó que las indagatorias a las que fueron citados esta mañana Pablo Schoklender, hermano del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y Alejandro Gotkin, titular de Meldorek, son “muy importantes” para la causa de presunto desvío de dinero público destinado a viviendas sociales.
En declaraciones más temprano a las puertas de su departamento, los periodistas le consultaron los motivos de que haya pasado un año para la detención de los hermanos Schoklender y acerca de la detención de Pablo y Gotkin antes de que prestaran declaración indagatoria. Entonces, Oyarbide respondió: “Dispongo lo que corresponde en base a los elementos de prueba”.
El juez ordenó el martes la detención de Sergio Schoklender -que se concretó en su juzgado, luego de negarse a declarar- al considerarlo jefe de una organización ilícita que desvió más de 260 millones de pesos del Estado destinados a la construcción de viviendas. Más las detenciones de Pablo y Gotkin como sus organizadores, al creer que por sus roles en libertad podrían entorpecer la causa.
El ex apoderado de la Fundación fue acusado de desviar más de 260 millones de pesos que el Estado le dio a las Madres para construir viviendas a través de empresas dirigidas por él, mediante cheques, dinero en efectivo, compra de bienes y de terrenos, además de irregularidades en 59 obras.
