Los Schoklender en el banquillo de los acusados
En política se sabe que las casualidades no existen, pero en homenaje a la credibilidad podemos admitir que la orden del juez Norberto Oyarbide de imputar a los hermanos Schoklender por, presuntamente, haber intentado defraudar al Estado en una cifra aproximada a los 280 millones de pesos, no tuvo ninguna relación con la imputación por enriquecimiento ilícito que otro juez federal hizo contra el vicepresidente Amado Boudou.
Admitiendo, incluso, que la decisión contra los Schoklender estuvo promovida para “tapar” las acusaciones contra Boudou, a nadie se le escapa que la situación del gobierno nacional en este tema sigue siendo, en el más suave de los casos, incómoda, sobre todo porque el caso que compromete a las Madres de Plaza de Mayo en un negociado con viviendas, también incluye a importantes funcionarios del gobierno que por acción y omisión permitieron que se perpetrase un escandaloso negociado.
Como se sabe, los Kirchner en su momento intentaron congraciarse con las Madres otorgándoles un costoso plan de viviendas subsidiadas por el Estado. ¿Por qué una institución de derechos humanos se dedicaba a gerenciar viviendas?, es una pregunta que hasta el momento el oficialismo no ha respondido.
Pero incluso, admitiendo la justicia de la causa, la pregunta a hacerse es ¿por qué no se estableció un sistema de controles adecuados? o ¿por qué se dejó a cargo del gerenciamiento a dos ex presidiarios cuya lujosa vida privada estaba en contradicción con los ingresos que decían recibir?
Sin duda que un eficaz sistema de controles institucionales habría impedido la estafa, pero como ya es de público conocimiento, el gobierno nacional desconfía de los sistemas de control porque supone que están alentados por la oposición o son arteras maniobras destituyentes.
Lo que resulta evidente, es que el oficialismo está haciendo ingentes esfuerzos para que la responsabilidad de la asociación ilícita recaiga sobre los hermanos Schoklender y algunos colaboradores, liberando de culpa y cargo a la señora Bonafini, presidente de la institución y promotora durante casi dos décadas de los mismos personajes contra los que ahora reclama a viva voz que vayan a la cárcel.
Como se hace muy difícil -por no decir imposible- explicar que la señora Bonafini no tiene nada que ver con lo sucedido, el argumento “político” que circula a su favor, es que se trata de un grupo de ancianas indefensas, víctimas de las maniobras inescrupulosas de astutos estafadores que abusaron de la ingenuidad y la buena fe de mujeres inocentes.
La justificación, como se podrá apreciar, es endeble desde todo punto de vista. La señora Hebe Bonafini puede ser catalogada de muchas cosas, menos de una anciana indefensa sometida por la astucia y la ingratitud de su ex protegido. Pero admitiendo incluso la hipótesis del engaño, correspondería preguntarse por qué el Estado no tomó las decisiones del caso para asegurar que los hermanos Schoklender no estafen a una noble anciana.
