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El Estado frente al fenómeno de la inseguridad

“Argentina no tiene decisión política para abordar los delitos complejos”

“Argentina no tiene decisión política para abordar los delitos complejos”

Saín afirmó que los acuerdos políticos son la base para enfrentar al delito organizado, acuerdos que deben ir más allá de un período o gestión de gobierno.

Foto: Pablo Aguirre

La afirmación es de investigador Marcelo Saín quien puso en el centro de la escena al narcotráfico, trata de personas para la explotación sexual y la venta de autopartes de vehículos robados. Las fuerzas de seguridad y su relación con la DEA.

 

Mario Cáffaro

mcaffaro@ellitoral.com

“La Argentina tiene una deuda pendiente muy importante en materia de seguridad pública y es el abordaje de una de las transformaciones criminales más importantes de los últimos tiempos que es la estructuración de mercados minoristas de bienes y de servicios. Cito tres que son los más dinámicos y más rentables: narcotráfico, trata de personas para la explotación sexual y ventas de autopartes de vehículos robados”. La afirmación es de Marcelo Saín, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática, alguna vez a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y hoy diputado bonaerense por Nuevo Encuentro. Estuvo en Santa Fe participando de un panel sobre seguridad y reforma policial en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL donde fue muy crítico sobre la falta de políticas estatales para enfrentar delitos complejos y cuestionó duramente el rol de la DEA y sus alianzas con sectores de las fuerzas de seguridad argentinas.

Para Saín los tres delitos mencionados al principio se mantienen por el consumo persistente de sectores medios y altos y crecen al amparo de la presencia fuerte de un Estado al que definió como “un Estado ilegal que supone regulaciones a estos mercados, en la Argentina estos mercados tienen protección policial. Existen, se expanden y se estructuran por la protección policial y esto hace a la historia criminal de América Latina”. Enseguida, advirtió que “la indiferencia de la política frente a estos temas va a hacer que en algún momento las redes criminales tengan capacidad financiera como para autonomizarse de la regulación estatal y quizás capacidad de contestación armada” y ejemplificó con lo ocurrido en Río de Janeiro en los ‘80, o San Pablo en los ‘90.

El investigador no tiene dudas que estos delitos se enfrentan con Estado y política. “La Argentina no quiere hacer un diagnóstico y no observa estos fenómenos porque tiene temor a entender la complejidad de éstos. Cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de una interconexión muy capilar entre negocios legales e ilegales; entre mundo criminal y Estado ilegal”. Para él, “no existen áreas de lucha contra el crimen organizado ni en las fuerzas federales ni provinciales, pero tampoco en la Justicia”. Añadió crudamente que “el sistema penal está para detener delincuentes pobres, ladrones y hurtadores en flagrancia. No hay un ministerio público adecuado para investigar criminalidad organizada, no hay sistema policial adecuado, no hay una red de protección del Estado frente a lo que es la desarticulación del crimen organizado con protección estatal. Estos mercados han crecido al amparo del desarrollo económico, no son fenómenos de la pobreza; los mercados más grandes de compra de droga están en los países desarrollados”.

Cómo hacer frente al problema

Drogas, trata y autopartes, para Saín, tienen desarrollo en altos sectores sociales de nivel alto que son consumidores “pensar que la estructuración del mercado minorista de droga es para abastecer las villas miserias sería ingenuo”. Aclara que en su opinión, los países desarrollados los controlaron y regularon legalmente. “Está probado en el mundo que cuando hay demanda persistente de bienes y servicios, no hay reducción de esa demanda y no hay política de seguridad que haga reducir esa demanda. La mayoría de los Estados norteamericanos -pese a todo el discurso oficial hacia afuera- hace política de reducción de daños frente a los adictos, incluso en muchos casos con la despenalización de la tenencia para el consumo, y hace políticas de descriminalización de la distribución de drogas. Lo que les importa es que en la distribución de drogas no haya violencia criminal y matadero entre grupos criminales”.

El docente es muy crítico de lo realizado en el país en los últimos 20 años. “Una de las deudas pendientes de la democracia es acompañar el discurso de la apropiación política de estos temas con un desarrollo adecuado. Hay burocracias para gestionar salud, para gestionar relaciones laborales, educación, pero no para seguridad pública, lo que está es el comisariato. Cuando el gobierno de Santa Fe decide crear el Ministerio de Seguridad es una estructura escuálida, de cuatro funcionarios en medio del Estado mayor policial que gestiona la seguridad pública”. Reclamó fiscalías especializadas en investigar delitos complejos y afirmó que hoy no tienen ni recursos humanos ni estructura. “En narcotráfico, en la Argentina sólo se esclarece aquello que quiere la DEA. El avión detectado en Barcelona fue una operación de la DEA”.

Siguiendo con las propuestas, desde lo político recomendó acuerdos, fuera de la agenda electoral y con una temporalidad mayor a la de un período de gobierno. “Cuando en algunos momentos hubo decisión política, no existió extorsión policial o criminal que pudo con ella” y marcó la intervención de León Arslanián en la Bonaerense, el inicio de la gestión de Nilda Garré en Seguridad y la suya en Seguridad Aeroportuaria. De ese momento, recordó que “la decisión de Kirchner fue crear una policía con mando civil y democrática frente a una situación de crisis escandalosa de narcotráfico en los aeropuertos. Con el tiempo, se fue diluyendo y hoy esa fuerza está en un proceso de contrarreforma por falta de persistencia política”.

 
“Argentina no tiene decisión política para abordar los delitos complejos”

La DEA en la Argentina

Saín no duda en la relación que tiene la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) con fuerzas de seguridad argentinas pero advirtió sobre los peligros que esto conlleva. “La DEA es un organismo con enorme incidencia sobre lo que es el diagnóstico en materia de narcotráfico de nuestro país. La gran fuente de información son las propias fuerzas policiales provinciales y federales pero los intereses de la DEA son los intereses de la lucha del narcotráfico en Estados Unidos. El problema que tiene el sistema institucional federal es que cuando se alinea detrás de la DEA, se alinea detrás de intereses que no son los nuestros. Cuando la DEA necesita hacer una operación para esmerilar un gobierno, te mete mil kilos de cocaína en un avión, lo deja estacionado 52 horas en un aeropuerto y después le dice a la guardia civil española que lo inspeccione. Si esto (el famoso caso del avión de los hijos del brigadier Juliá) no esmeriló a Cristina Fernández fue por otras circunstancias, pero la operación era para ella. Tenemos fuerzas federales de seguridad que con autonomía van definiendo vínculos con la DEA. Es como dormir con el diablo, a veces te hace un mimo, en otras te acuchilla, porque los intereses de esa agencia están en otro lado. La Argentina no tiene un esquema de lucha contra el delito complejo porque la DEA lo ha impedido durante muchos años, pero los gobiernos han sido recipendiarios de los intereses de la DEA”, afirmó.

Crítico

Saín fue crítico ante la actitud adoptada por el gobierno santafesino que dejó en manos del ministro de Seguridad el tema drogas y trata de personas. “Un ministro no puede atender estos temas de manera directa, tiene que crear una institucionalidad política, policial y un acuerdo con la Justicia. Me parece que es una decisión para la tribuna y que puede generar un costo político inmediato. Sirve para un día como tapa de diario, pero no como respuesta institucional”, le dijo a El Litoral.

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