Tribuna política

Reformar una estructura tributaria injusta, inequitativa y regresiva

Alicia Ciciliani (*)

El proyecto de Reforma Tributaria del Gobierno de Santa Fe no busca paliar escenarios de coyuntura, sino que nace de la convicción de un gobierno progresista que cree en las instituciones y en la necesidad de que el Estado sea garante de un régimen tributario más justo, con equidad, y basado en la capacidad contributiva de los ciudadanos: quien más tiene, más debe pagar.

La estructura tributaria es la que determina qué impuestos se deben pagar y quiénes los deben pagar. En la provincia de Santa Fe tenemos un régimen regresivo (todos pagan lo mismo, independientemente de la capacidad de pago), pro cíclico (los recursos aumentan en épocas de bonanzas y disminuyen en épocas de crisis) e inequitativo (los más afectados en la estructura de impuestos son los sectores más vulnerables).

Las provincias hoy deben planificar en un contexto macroeconómico sobre el cuál no tienen influencia alguna, sino que dependen en gran medida de la política económica del gobierno nacional.

En el Sector Público Provincial, esto es, la visión más amplia del Estado Provincial (Administración Provincial más empresas y otros entes) la historia de nuestra provincia arroja ciertas ironías: Entre 1991 y 2007 hubo más años de déficit que de superávit en el Sector Público Provincial, mientras que entre 2008 y 2011 hubo dos años con déficit y dos con superávit. No obstante, desde el Frente Progresista, no creemos que el “nivel de éxito” de un gobierno se mida con el resultado financiero. No creemos que un superávit sea símbolo de buen gobierno. Al menos la sociedad santafesina así lo juzgó en el año 2007.

Incremento de impuestos y crecimiento

Se incurre en un reduccionismo e incoherencia de posicionamiento político al plantear que un aumento de impuestos afecta las posibilidades de crecimiento. Es reduccionista puesto que sólo visualiza la transferencia de recursos al Estado vía impuestos pero no los efectos económicos expansivos de la obra pública, del gasto educativo, en seguridad y salud que posibilitarán dichos recursos. Sin tener en cuenta, además lo mas importante desde un pensamiento basado en la ética. Igualdad de oportunidades y acceso a educación y salud de calidad, seguridad y justicia para todos.

Algunos colegas legisladores nacionales esgrimen en Santa Fe razonamiento de que más Estado, más impuestos, más inversión pública y gasto social afecta el crecimiento y en el nivel nacional avalan lo contrario.

Argumentos contra la reforma

Decir con absoluta liviandad, que la provincia quiere aumentar el inmobiliario Urbano en un 120 por ciento, o que el inmobiliario Rural se incrementará en un 600 por ciento es, al menos, desconocimiento y especulación política.

En el caso del inmobiliario Urbano, el aumento previsto en un total de 40% de los contribuyentes será de 20 pesos anuales; esto es, menos de 2 pesos por mes para el universo citado. Y no se dice que es la primera vez que un gobierno decide tomar medidas para evitar la especulación inmobiliaria. La propuesta enviada al Senado contempla un adicional impositivo a los que sean propietarios de terrenos baldíos en una cantidad de 3.000 metros cuadrados.

Sólo para un 6 por ciento de los contribuyentes, el impuesto aumenta en una proporción que va del 100 al 120 por ciento. Es el caso de inmuebles que en el mercado están valuados en 1.500.000 pesos en adelante, contribuyentes que hoy pagan por sus inmuebles sobre una valuación de 150.000 pesos.

Con respecto al inmobiliario Rural, las críticas se hacen desde la intencionalidad política. Es importante que la ciudadanía entienda que la valuación fiscal de los inmuebles rurales data del año 1974. De manera que, un propietario rural de la mejor zona de la provincia, paga por una hectárea de campo, $55 anuales de impuesto inmobiliario; mientras que esa hectárea tiene un valor de mercado considerando no solo ese valor patrimonial, sino también su productividad, su acceso a los centros de comercialización y las mejoras lindantes de alrededor de 16.000 dólares.

Pero si comparamos el precio de una hectárea patrimonio rural con un vehiculo automotor, el propietario de un campo de una hectárea paga 55 pesos al año, siendo que el mismo genera ingresos, mientras que el dueño de un auto de un valor similar, abona anualmente un impuesto a la patente de 1.500 por año.

Un productor que posea 50 hectáreas, tendrá un tope de incremento del 50 por ciento y los que posean más cantidad de hectáreas deberán pagar proporcionalmente más impuesto, no solo por la cantidad de hectáreas sino también por el valor económico de sus tierras. Debe decirse claramente que no es lo mismo el que produce soja y rota sus cultivos, que el que no lo hace. De esta manera, Santa Fe pasa a ser un ejemplo de progresividad y justicia. Y esa es la razón de ser de la reforma.

Otra crítica al proyecto del Ejecutivo es la comparación con la provincia de Córdoba. Justamente, dicha provincia ha emitido para el año 2012 un valor en el inmobiliario rural que supera al santafesino en un 293%(Córdoba emitió 630 millones y Santa fe 160 millones).

Juan B. Justo decía que sin impuestos no hay democracia, podemos afirmar que sin impuestos equitativos que financie un Estado eficiente y transparente no hay ninguna posibilidad de desarrollo sostenible. No existen empresas o actividad económica exitosa en una sociedad que no sea equitativa y brinde servicios públicos de calidad para todos.

(*) Diputada Nacional

Partido Socialista