EDITORIAL

Faltan estrategias en materia de seguridad

Los sucesos de Cañuelas trascienden la anécdota para transformarse en un paradigma de lo que está ocurriendo en la Argentina en materia de seguridad, un tema que, dicho sea de paso, nunca está presente en los habituales y prolongados monólogos presidenciales. Como es de público conocimiento, el asesinato de dos comerciantes en esa localidad bonaerense indignó a los vecinos que protagonizaron una suerte de pueblada, donde las fuerzas del orden y la propia intendenta de la ciudad padecieron las críticas y los insultos de los vecinos.

Como suele ocurrir en estos casos, los responsables institucionales no tienen otra respuesta que hablar de la falta de recursos, la indiferencia de las autoridades provinciales o nacionales o, lisa y llanamente, referirse al azar, a que las cosas ocurren porque “así es la vida”. En el fondo, pareciera que todos saben que la cólera popular se apagará con la misma velocidad con la que se encendió en su momento, motivo por el cual lo que se hace es reiterar las conocidas promesas, insistir en los remanidos lugares comunes y, en el mejor de los casos, sancionar a algún policía o funcionario público.

Dicho con otras palabras, se carece de una estrategia de seguridad y lo poco que se planifica se hace de manera discontinua y en la mayoría de los casos con recursos pobres porque la corrupción oficial consume las partidas presupuestarias. Al respecto, bien podría decirse que la burocracia y la mala fe en más de un caso se dan la mano y los fondos destinados o los planes elaborados nunca se aplican o se aplican de manera deficiente.

A nadie se le escapa que el tema es sumamente complejo y que no hay respuestas mágicas a un asunto que hunde sus raíces en problemas estructurales e históricos. Quien pretenda simplificar esta realidad o en su defecto, prometer soluciones de la mañana a la noche, miente y es un demagogo. Dicho esto, importa destacar que al mismo tiempo no se debe admitir que el delito -organizado y desorganizado- crezca y que los ciudadanos estén cada vez más indefensos ante las acechanzas del crimen. Se puede entender que las políticas de seguridad provoquen resultados a mediano y largo plazo, pero ello no implica avalar el hecho real y descorazonador que en los últimos años, a pesar de todo el palabrerío empleado y de todos los recursos emitidos, lo que se ha avanzado es poco y nada.

Concretamente, el gobierno nacional y muchas administraciones provinciales no saben o no están en condiciones de darle una respuesta válida a la ciudadanía en materia de seguridad. En definitiva, no hay estrategias claras y como consecuencia no hay resultados. Los bolsones de corrupción en la policía persisten y la incompetencia o desidia de los jueces y fiscales es notoria. Es verdad que la pobreza alienta la delincuencia, pero ella no puede ser una coartada parta resignarse ante el delito o legitimar la incompetencia pública. Cañuelas es un ejemplo representativo del estado de ánimo en materia de seguridad de amplios sectores de la población. Las señales son evidentes, pero pareciera que quienes las deben registrar no las perciben o no saben qué hacer con ellas.