EDITORIAL

Crimen y pueblada en Cañuelas

Los sucesos de Cañuelas trascienden la anécdota para transformarse en un paradigma de lo que está ocurriendo en la Argentina en materia de seguridad, un tema que, dicho sea de paso, nunca está presente en los habituales y prolongados monólogos presidenciales. Como es de público conocimiento, el asesinato de dos comerciantes en esta localidad bonaerense indignó a los vecinos que protagonizaron una suerte de pueblada, donde las fuerzas del orden y la propia intendente de la ciudad padecieron las críticas y los insultos de los vecinos.

Como suele ocurrir en estos casos, los responsables institucionales no tienen otra respuesta que hablar de la falta de recursos, de la indiferencia de las autoridades provinciales o nacionales o, lisa y llanamente, aludir al azar o a las cosas de la vida. En el fondo, pareciera que todos saben que la cólera popular se apagará con la misma velocidad que se encendió en su momento, motivo por el cual lo que se hace es reiterar las conocidas promesas, insistir en los remanidos lugares comunes y, en el mejor de los casos, sancionar a algún policía o funcionario público.

Dicho con otras palabras, se carece de una estrategia de seguridad y lo poco que se planifica se hace de manera discontinua y por lo general con recursos pobres, porque la corrupción imperante consume las partidas presupuestarias. Bien podría decirse que la permisividad política, la burocracia y la mala fe, en más de un caso se dan la mano y los fondos destinados o los planes elaborados nunca se aplican o se aplican de manera deficiente.

A nadie escapa que el tema es complejo y que no hay respuestas mágicas ya que el problema involucra aspectos estructurales e históricos. Quien pretenda simplificar esta realidad o en su defecto, prometer soluciones de la mañana a la noche, caerá en la mentira o en la demagogia. Dicho esto, importa destacar que mientras tanto se debe impedir que el delito organizado o inorgánico sigan creciendo, y que los ciudadanos estén cada vez más indefensos ante las acechanzas del crimen. Se puede entender que las políticas de seguridad provoquen resultados al mediano y largo plazo, pero ello no implica aceptar el hecho real y descorazonador de que en los últimos años, a pesar de los discursos pronunciados y los recursos erogados, la situación es peor.

El gobierno nacional y muchas administraciones provinciales no saben o no están en condiciones de darle una respuesta válida a la ciudadanía en materia de seguridad. No se perciben estrategias claras y, tampoco, resultados. Los bolsones de corrupción en la policía persisten y la incompetencia o desidia de jueces y fiscales es notoria.

Es verdad que la pobreza alienta la delincuencia, pero ella no puede ser una coartada para resignarse al delito o legitimar la incompetencia pública. Lo ocurrido en Cañuelas representa el estado de ánimo de amplios sectores de la población. Las señales son evidentes, pero habrá que ver qué harán con ellas quienes las deben registrar para después proceder.