EDITORIAL

Un buen ejemplo de control republicano

El gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, firmó días atrás un decreto para suspender la aplicación de otro, el 0962, dictado el 28 de marzo con el objeto de regular el trámite a seguir para la realización de toda intervención en edificios escolares, y para la renovación, incremento o mantenimiento de equipamiento pedagógico de las escuelas de la provincia.

El instrumento cuestionado, tras una extensa fundamentación, estableció que “toda intervención para el mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares y/o para la renovación, incremento o mantenimiento de equipamiento con finalidad pedagógica, que se cubra con el financiamiento de fuente nacional o internacional o con fondos provenientes de donaciones y/o aportes de personas físicas, jurídicas u organizaciones no gubernamentales, y las provenientes del Fondo de Asistencia Educativa y cooperadoras escolares, sólo podrán ser efectivamente autorizados y ejecutados atendiendo al principio de prioridad funcional e institucional según lo defina por escrito la Subsecretaría de Infraestructura y Patrimonio del Ministerio de Educación”. Además, responsabiliza al “personal directivo de cada establecimiento escolar de actuar de conformidad” con el decreto y ordena no permitir el inicio de ningún trabajo o la recepción de ningún equipamiento que no se hubiere tramitado de acuerdo con el mecanismo de autorizaciones establecido.

El decreto había generado malestar e inconvenientes en las escuelas ya que cualquier intervención -por mínima que fuera- requería la firma de funcionarios del Ministerio de Educación. Ese malestar de directivos y cooperadores se vio reflejado en forma inmediata en la Legislatura con proyectos presentados en ambas cámaras.

Así, el diputado Ricardo Olivera advirtió que con el decreto se pasó de cinco a siete pasos administrativos aún para realizar una obra de albañilería menor o para reponer mobiliario escolar. Marcó la inquietud suscitada en las escuelas por un decreto que entendía conllevaba “no poder resolver las urgencias”.

El Senado fue más allá, y a instancias de la bancada justicialista pidió la derogación de la norma haciendo notar que “los docentes, al mejor estilo de la dictadura, tienen miedo”. Antes, los senadores radicales habían presentado sus objeciones al decreto en el propio recinto.

Con el nuevo decreto, Bonfatti considera que “la consolidación de una sana administración que persiga la satisfacción de las necesidades colectivas con la mayor eficiencia y eficacia, torna oportuno y conveniente evaluar en forma periódica los medios utilizados en aras de la consecución del fin público perseguido”, y consecuentemente dispone que durante este proceso de formulación se suspenda la aplicación.

El caso es un buen ejemplo del funcionamiento republicano. En efecto, una medida adoptada por la burocracia estatal generó el rechazo de docentes y cooperadores que se expresaron a través de legisladores, quienes a su vez emplearon su facultad de control, todo lo cual fue atendido de manera positiva por el Poder Ejecutivo provincial.