Cómo sigue la discusión por los impuestos
Apoyo crítico de intendentes del PJ
Germán de los Santos
Los intendentes del PJ, nucleados en el foro de intendentes peronistas, se reunieron ayer en Puerto General San Martín para analizar la reforma tributaria aprobada hace poco más de una semana por el Senado. Al menos en esos términos fue la consigna a la convocatoria que se gestó en medio de una coyuntura económica compleja en la provincia, pero cuyos efectos también amenazan tener un impacto intenso en las finanzas de las 362 localidades santafesinas. Con un horizonte de cuentas públicas debilitadas, en un período de inflación elevada y recomposición salarial, la idea de los integrantes del foro fue, por un lado, encender las luces de alarma a nivel económico, y hacer un llamado al resto de los integrantes del amplio abanico partidario en Diputados donde conviven 9 bloques peronistas, para que se avale un aumento de impuestos que les garantice elevar los ingresos. Para ello consideraron imprescindible que se apruebe una modificación del mapa de los tributos, aunque mostraron algunas diferencias con el proyecto que se aprobó en el Senado, una discusión a la que según esgrimieron “estuvieron ajenos”.
Alejandro Ramos, secretario de Transporte de la Nación e intendente (con licencia) de Granadero Baigorria, encabezó el encuentro en el centro cultural Punta Quebracho en Puerto General San Martín. En ese moderno edificio, Ramos fue el encargado de dejar sobre la mesa un par de puntos que sirvieron de base para la discusión con el resto de sus ex colegas, entre los que se encontraban los intendentes de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis; Villa Gobernador Gálvez, Pedro González; de Gálvez, Mario Fissore; de Ceres, Camilo Busquets; y José Luis Freyre, en su doble rol de presidente del PJ y de jefe comunal de Venado Tuerto, entre otros. Y los diputados provinciales Darío Masciolli, Olga Coteluzzi y Erika Gonnet. Néstor Sánchez, jefe comunal de Timbúes, alineado con el Movimiento Evita, apareció en el auditorio, pero como se encargó de aclarar “sin invitación”. “Desde siempre planteamos que tienen que pagar más los que más tienen. Y no se puede dejar fuera de la discusión a las cerealeras que se llevan gran parte de la riqueza de nuestro suelo”, apuntó el médico.
A disposición
“Nos ponemos a disposición del gobierno provincial por una orden de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández”, ensayó a manera de prólogo Ramos e inmediatamente advirtió: “Pero que no nos hagan cargo de los problemas de gobernabilidad que tiene la administración del Frente Progresista, con el radicalismo que le intenta voltear la reforma tributaria”. Recordó que “los legisladores radicales cambiaron las reglas de juego al gobierno y nos terminaron perjudicando a todos los intendentes”. Y agregó: “Debe haber una propuesta que nos contenga a todos”.
Ramos aclaró que ésa era la posición de los intendentes y jefes comunales nucleados en el foro pero que no era la del Partido Justicialista. Y cedió el micrófono a Freyre para que explicara cuál es la postura partidaria. “Estamos trabajando con la intención de que exista una sola postura dentro del peronismo frente a la reforma tributaria. Es complicado, pero estamos trabajando”, admitió Freyre.
En ese tramo de la charla, De Grandis evitó reincidir en el análisis e hizo público un pedido a los integrantes de la Cámara Baja: “Piensen en nosotros. Esto se va a complicar si no se tiene en cuenta la situación de muchos municipios y comunas que ya están teniendo problemas para pagar los sueldos, como ocurre en Fray Luis Beltrán. Si seguimos así a fin de año estamos al horno. Yo no voy a poder pagar los salarios”, observó González y planteó: “Yo no entiendo nada de reforma tributaria. Lo que pido es que tiene que haber más plata porque así las finanzas de los municipios van a ser inviables”.
Una de las propuestas que sobrevoló la sala tras la catarsis colectiva sobre las finanzas, fue retomar el antiguo reclamo de que el Fondo Federal Solidario que llega a la provincia, fruto de las retenciones a la soja, se reparte en partes iguales entre la provincia y los municipios. Actualmente de este dinero sólo llega un 30 por ciento a las localidades y un 70 se lo queda el gobierno provincial.
