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Adolescentes en la mira

En Latinoamérica y el Caribe, considerada la región más desigual del mundo, “siete de cada 10 víctimas de homicidio son jóvenes”, según datos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, la violencia en América Latina no es algo inevitable y no se justifica ni como efecto de la pobreza o de la historia de colonización, ni tampoco como daño colateral del desarrollo y la vida moderna, según la relatora sobre Derechos de la Niñez de la CIDH, Rosa María Ortiz.

Un “ejemplo palpable” de la violencia y desigualdad es que “la población joven en América Latina y el Caribe muere en cantidad de 40 por 100.000 habitantes, cuando la tasa en el mundo es de ocho por 100.000 habitantes”, enfatizó la funcionaria.

Ortiz intervino en la presentación de los informes “Seguridad ciudadana y derechos humanos”, de 2009, y “Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas”, de 2011, ambos elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.

Así mismo, la vocera señaló que la criminalidad en diversos países de América Latina ha aumentado en los últimos años y que “el triángulo centroamericano compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras, experimenta las índices de criminalidad más altos en el mundo”.

Añadió que la violencia se concentra en grandes conglomerados urbanos y que quienes más la sufren son los niños, adolescentes y jóvenes.

El informe sobre “Seguridad ciudadana y derechos humanos” también destaca que por primera vez en décadas en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población.

El informe “Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas” señala que pese a los avances normativos logrados a partir de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, hay muchas debilidades en los sistemas por la distancia entre el discurso normativo de los Estados y la realidad que enfrentan los niños.

Entre otros puntos, el mismo informe denuncia que la Policía trata a menudo de forma discriminatoria a la infancia y adolescencia, arrestando de manera selectiva “a quienes son más pobres, pertenecen a minorías, o a quienes por su apariencia son considerados miembros de ciertos grupos”.

Ambos estudios recogen una serie de recomendaciones a los Estados miembros de la CIDH para mejorar la seguridad y garantizar protección a los niños y jóvenes, de quienes destacan que no son los responsables de la violencia que algunos sectores pretenden atribuirles, sino que más bien son víctimas.

Entre otras, la Comisión sugiere a los Estados disponer de medidas administrativas, legislativas o de otra índole necesarias para brindar una atención rápida y adecuada a las víctimas de la violencia y el delito.

Además, hace un llamamiento a los gobiernos a asumir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos de niños y adolescentes en su relación con la justicia relativa a los menores.



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