Retraso en la construcción de la
nueva central térmica de Timbúes
La presidenta adjudicó las obras hace un mes, pero surgieron problemas entre las empresas que financian el proyecto a través del Foninvemem. La construcción de la planta requiere de una inversión de más de 770 millones de dólares.
De la redacción de El Litoral
Corresponsalía Rosario
Hace poco más de un mes la presidenta Cristina Fernández anunció la adjudicación de las obras de la central térmica “Vuelta de Obligado”, ubicada en la localidad de Timbúes, donde desde 2010 ya funciona la usina General San Martín, que genera más de 800 megavatios. Según publica en su edición de hoy el diario Clarin, el gobierno aún no tiene “ningún contrato firmado y el proyecto está estancado”. El proyecto, según la misma publicación, tiene una inversión de 770 millones de dólares y cuenta con la participación de la empresa local Fainser del ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain como proveedora de una parte del equipamiento.
De acuerdo al matutino, “el proyecto está estancado por las diferencias planteadas entre los integrantes del consorcio, los generadores privados que financian parte de la obra y los funcionarios de Economía y de la estatal Enarsa que deben aportar el 70% de los recursos”.
El proyecto
La nueva central será gemela a la General San Martín, que comenzó a funcionar en diciembre de 2009 pero que fue formalmente inaugurada en junio de 2010, y está previsto que una vez concluida genere energía por 850 megavatios.
La central termoeléctrica General San Martín es de ciclo combinado y está compuesta de una subestación eléctrica, un puerto con capacidad para la descarga de combustible líquido y una toma de agua de refrigeración en el río. Esta central fue inaugurada formalmente por el ministro de Planificación Julio De Vido en junio de 2010. Tiene una capacidad de 824 megavatios, dos turbinas alimentadas a gas natural o gasoil y una de vapor de agua, que totalizan un ciclo combinado de 800 megavatios de potencia neta. La usina se construyó como parte del plan de infraestructura energética anunciado por el gobierno nacional, ante el aumento de consumo y se desarrolló en paralelo con otra similar, ubicada en Campana (provincia de Buenos Aires), que ya tiene operando sus dos turbinas.
Desacuerdos
El proyecto de la nueva construcción de la usina “Vuelta de Obligado” había nacido a principios de 2011 como una iniciativa puramente privada, a través de las generadoras Sadesa, Endesa y Duke Energy con los fondos que les adeuda el Estado y que forman parte del Foninvemem, el mecanismo creado por la administración kirchnerista para canjear el pago de la deudas por nuevas inversiones.
Según publica el diario porteño, estas firmas “iban a poner por esta vía el equivalente al 70% de la inversión, mientras que el resto iba a salir del financiamiento de los proveedores o de un aporte adicional del Estado”. Con este esquema, las privadas licitaron el año pasado las obras y recibieron cuatro ofertas. Las más baja correspondió al grupo Isolux-Ansaldo, con 722 millones de dólares.
Pero faltaban unos 250 millones para el total de la obra, las generadoras decidieron pedirle una mejora de ofertas al resto de los proveedores que habían arrimado las propuestas más caras. El grupo Duro Felgueras-General Electric (GE) presentó una nueva oferta por 770 millones de dólares que, a priori es aceptada por las generadoras privadas.
“En ese momento entra a tallar el gobierno por una doble vía. Por un lado, sugirió a los privados que incorporaran en el consorcio constructor a la firma local Fainser, del ex timonel de la UIA, Juan Carlos Lascurian. Así, esta empresa que no había integrado el grupo oferente inicial aparece ahora como proveedora de una parte de las calderas y de los montajes y servicios termomecánicos de usina de 800 MW que estará ubicada en la localidad santafesina de Timbúes”, señala la nota publicada en el matutino. Y por otro lado, redujo el monto de las deudas a canjear por el Foninvemem de casi 600 millones a sólo 230 millones de dólares. Tras esta modificación, la estatal Enarsa pasó a liderar el proyecto y se hizo cargo de cubrir el 70% de la inversión estimada en torno de los 540 millones dólares.
