EDITORIAL

Podría agravarse el problema de la trata de personas

Personal de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas acaba de clausurar tres inmuebles en los que se prestaban servicios sexuales de manera encubierta. Se trata de dos departamentos en la ciudad de Santa Fe y un local de la localidad de Recreo. Según la información oficial, en estos sitios 23 mujeres mayores de edad ejercían la prostitución.

 

Se sabe que desde hace años la provincia de Santa Fe ocupa un lugar preponderante en cuanto al flagelo de la trata de personas. Los casos de mujeres de bajos recursos que son explotadas se repiten en las grandes ciudades y también en localidades pequeñas. Muchas de las víctimas son menores de edad.

Pero si bien el problema no es nuevo, en estos momentos se han generado algunas condiciones propicias como para que este flagelo se agrave en la provincia.

La clausura de estos tres locales se produjo a pocos meses de que la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobara un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que ordenó el cierre de todo tipo de locales donde se brindaran servicios sexuales.

La inhabilitación de estos locales en Córdoba alertó a las autoridades del gobierno de Santa Fe, ante la posibilidad de que se produzca un “corrimiento” de las trabajadoras sexuales hacia esta provincia. Los temores no son antojadizos, pues la Secretaría de Derechos Humanos ya recibió la denuncia de una mujer cordobesa cuyas tres hijas, mayores de edad, habían sido trasladadas a territorio santafesino para ejercer la prostitución.

Pero las prohibiciones no sólo rigen en Córdoba. Recientemente, la Municipalidad de Paraná clausuró dos prostíbulos en el marco de una ordenanza que impide el funcionamiento en esa ciudad de cabarets, whiskerías y todo tipo de local donde puede generarse el flagelo de la trata de personas.

Santa Fe se encuentra, entonces, entre dos fuegos. El riesgo de que estas prohibiciones impuestas en provincias vecinas agraven la situación local, es inevitable.

Las autoridades aseguran estar atentas ante el nuevo contexto. Sobre todo, porque son conscientes de que los proxenetas que son expulsados de un lugar, se las ingenian para reinstalar sus negocios en otro sitio.

El diputado provincial del Frente para la Victoria, Jorge Abello, impulsa un proyecto de ley que apunta a replicar en Santa Fe las prohibiciones que rigen en Paraná y en la provincia de Córdoba. Hasta el momento, su iniciativa logró el apoyo de alrededor de veinte legisladores de distintos partidos.

El tema es delicado. Lo que las leyes prohiben no es la prostitución -muchas mujeres subsisten gracias a ella y reclaman su derecho a seguir haciéndolo-, sino el proxenetismo.

Aún es demasiado pronto para evaluar los resultados de las medidas adoptadas en provincias vecinas. Sin embargo, Santa Fe no puede adoptar una actitud pasiva. El fenómeno de la trata de personas está fuertemente instalado, y existen riesgos de que se profundice.