proyecto de ley de estatización
Cristina intervino la imprenta que
compromete a Boudou y Echegaray
La justicia investiga al vicepresidente y al titular de la Afip por sus decisiones para levantar la quiebra de la ex Ciccone. El gobierno la contrató, pero la firma no pudo hacer buenos billetes.
Devaluado. Y no por inflación sino por decreto presidencial de soberano fundamento, contradictorio con ambiciones de plata y poder que comprometen el relato.
Ilustración: Lucas Cejas
De la redacción de El Litoral
El gobierno nacional intervino ayer la Compañía de Valores Sudamericana SA (ex Ciccone Calcográfica) y envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley de ”Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación” a la empresa.
La intervención estará a cargo del ministro Hernán Lorenzino y de la presidenta de Casa de Moneda, Katya Daura. El comunicado por el que se anunció la medida recordó que “esta facultad había sido tercerizada en la década del ‘90 en detrimento de la Casa de la Moneda”.
El año pasado, la Casa Rosada consolidó ese modelo pero con nuevos dueños -aún desconocidos- a los que les adjudicó contratos millonarios para imprimir nuevos billetes. Pero después de las emisiones defectuosas y el escándalo en torno de Amado Boudou y Ricardo Echegaray, la presidenta decidió cambiar radicalmente los fundamentos y la acción de su política en la materia.
La imprenta había quebrado por orden del juez Javier Cosentino, que a su vez alquiló las instalaciones a Boldt SA, quien ofertó para eso más que la propia Casa de la Moneda. Fue entonces que Echegaray -que había pedido la quiebra por la deuda fiscal- tramitó exactamente lo contrario de lo que él mismo había hecho: pidió levantar la quiebra.
El propio titular de la Afip concedió entonces un plan de pagos “extraordinario”, después de una “recomendación” del por entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Para sacar la empresa de las manos de Boldt, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dictaminó “posición dominante” del locatario en el mercado de impresos de alta seguridad, lo que se conjugó con el cambio de parecer de Echegaray y con la recomendación de Boudou para pedir que se levante la quiebra.
Fue el momento en que Alejandro Vandenbroele -un monotributista desconocido- se presentó para ofertar por la imprenta. Después su ex esposa lo denunció como testaferro de Boudou, y se desató el escándalo que no impidió contratos millonarios con el gobierno ni la impresión defectuosa de billetes. Ahora llegó el turno de la intervención y el pedido de estatización.
En la causa judicial que investiga a los dos altos funcionarios, están también Alejandro Vandenbroele, director de The Old Fund, el fondo de inversión que compró la ex Ciccone (de propietarios desconocidos) y José María Núñez Carmona, empresario ex socio de Boudou, entre otros.
Enriquecimiento
El juez federal Ariel Lijo pedirá a la Oficina Anticorrupción (OA) la declaración jurada de bienes de 2011 de Boudou, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien inició la causa, pidió que se levante el secreto fiscal a Agustina Kampfer, a quien su pareja le regaló una moto. El vice declaró $ 1.070.836, un departamento en Puerto Madero -allanado en la causa por la ex Ciccone-, tres motos, un auto Audi A4 y ser socio en dos empresas. A pedido del fiscal Jorge Di Lello también comenzaron a ser investigados socios, padres y hermano del vicepresidente.
/// EL DATO
Decreto
Es de Necesidad y Urgencia, lo firman Cristina y todos sus ministros, dispone la “intervención transitoria” por 60 días de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica, “con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos y de su patrimonio” hasta tanto el Congreso dictamine sobre el proyecto de expropiación. Tal como se anunció ayer oficialmente, fue designado interventor de la empresa el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y subinterventora la titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura.
/// LA CLAVE
Soberano escándalo
El mismo gobierno que dispuso levantar la quiebra, darle financiamiento extraordinario a la deuda fiscal y contratar a una empresa de dueños desconocidos para imprimir billetes, ahora dice que continúa “recuperando para el Estado capacidades que son estrictamente de su competencia indelegable e insustituible, como es el caso de la emisión de moneda de curso legal”.
Después del escándalo con Boudou, la presidenta argumentó en esos términos en los fundamentos del proyecto de ley que mandó al Senado para declarar de “utilidad pública y sujeta a expropiación” a la ex Ciccone Calcográfica, hoy llamada “Compañía de Valores Sudamericana SA”.
Igual que en Aerolíneas, el precio a pagar deberá evaluarse, pero es probable que su valor sea menor a la deuda fiscal. “Una vez culminado el proceso de expropiación, la totalidad de los bienes pasarán a integrar el patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de Moneda”, dice el artículo 4º del proyecto.
El personal será transferido a la Casa de Moneda, conservando todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que posean en la actualidad y la vigencia de su Convenio Colectivo de Trabajo.
“El Estado debe concentrar la actividad de fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal, de impresión de especies valoradas, de instrumentos de control y recaudación, de documentos de seguridad y de sistemas integrales de control”, dice el argumento de la nueva dirección que tomó la Casa Rosada.
“Mantener la soberanía monetaria encuentra su fundamento en la Constitución Nacional -destaca- que confiere al Congreso Nacional la facultad de acuñar moneda y en las disposiciones de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en lo que se refiere a la emisión de moneda de curso legal.
