El juez del caso Rucci dijo que
no fue delito de lesa humanidad
Lijo argumentó que el crimen no fue cometido por el Estado, sino aparentemente por Montoneros. Y que por lo tanto la causa está prescripta.
De la redacción de El Litoral
DyN
El juez Ariel Lijo consideró que el homicidio del ex jefe de la CGT José Ignacio Rucci, en 1973, no fue un delito de lesa humanidad y por lo tanto no es imprescriptible, por lo que ordenó el archivo de la causa, aunque resaltó que hay elementos para atribuir el crimen a las organizaciones Montoneros y Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
El magistrado sostuvo que el crimen fue “exclusivamente político” y que “existen elementos que me permiten afirmar la sospecha de que en la decisión de llevar adelante el hecho participaron miembros de la agrupación Montoneros como así también de las FAR”, pero consideró que a más de 40 años del hecho son pocas las nuevas pruebas que se pueden incorporar.
Así, el juez explicó que la única manera de mantener la causa abierta era si se trataba de un delito de lesa humanidad, lo que descartó, ya que la característica de éstos es que hayan sido cometidos por organismos del Estado.
Rucci fue asesinado de 25 balazos el mediodía del 25 de septiembre de 1973 cuando salía de su vivienda de la avenida Avellaneda 2953, en Flores, y él y su custodia fueron atacados durante 15 minutos con armas de fuego y explosivos desde una casa vecina donde se infiltraron los autores.
Operación Traviata
El crimen fue conocido como “Operación Traviata” -por la galletita que tenía 23 agujeritos- y se enmarcó en la disputa que en aquella época tenían Juan Domingo Perón, recientemente llegado al país tras su exilio, y los Montoneros.
El hecho se investigó tres veces pero las causas siempre fueron archivadas, hasta que en 2008 los hijos de Rucci -la diputada nacional del PJ Federal Claudia Rucci y el dirigente político Aníbal Rucci- pidieron la reapertura por considerar el hecho de lesa humanidad.
Presentaron en la causa el libro “Operación Traviata ¿Quién mató a Rucci? La verdadera historia” de Ceferino Reato, en la que daba cuenta de nuevos detalles del hecho, entre ellos una visita que el día del crimen hizo el jefe de Montoneros, Mario Firmenich, a la redacción de la revista El Descamisado, en la que asumió que el crimen lo había cometido su organización.
Sin embargo, el juez Lijo descartó, por no poder acreditarlas judicialmente, las revelaciones del libro, pero avanzó sobre la autoría del hecho. “Vamos a apelar a la Cámara Federal pues consideramos que se trata de un crimen de lesa humanidad, porque presentamos prueba de que el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain, puso logística para cometer el hecho al servicio de Montoneros. Además, sus miembros formaban parte del poder con intendencias o eran funcionarios de gobiernos”, dijo Claudia Rucci.
La diputada agregó que destacó “como positivo que nos dieron la razón de que Montoneros fue el responsable del asesinato” y dijo que llevará el caso a fueros internacionales, si es necesario. Sobre el planteo de la participación del gobierno de Bidegain, el juez Lijo señaló que “las constancias obrantes en la causa no permiten acreditar la utilización de recursos estatales -más concretamente del gobierno de Bidegain- en la planificación del atentado”.
Análisis judicial
En su fallo el magistrado descartó que la Triple A haya cometido el crimen y sostuvo que había sido Montoneros. Para eso se basó en la reunión de Firmenich en El Descamisado y en que en las ediciones de junio y julio de 1975 de la revista Evita Montonera-Revista Oficial de Montoneros, se publicó que Rucci fue “ajusticiado” por esa organización por la “Matanza de Ezeiza”, cuando se produjeron enfrentamientos en el regreso de Perón al país.
El juez sostuvo que las constancias de la causa “parecieran indicar que la toma de decisión del asesinato fue dispuesta por unanimidad por los miembros de la Conducción Nacional de Montoneros”, integrada por Firmenich, Roberto Quieto, Marcos Osatynsky, Fernando Vaca Narvaja, Horacio Mendizábal, Roberto Perdía, Rodolfo Galimberti, Norma Esther Arrostito, María Antonia Berger y Clemente Yager.
Sin embargo “no existen elementos que permitan reconstruir el modo en el que se ordenó el acuerdo para ejecutar la orden en la línea de mando, o bien documentos o declaraciones que acrediten el modo en que se decidió, organizó y llevó adelante el operativo”.
Categoría
El magistrado sostuvo que el plazo de 15 años, pena prevista para el delito, estaba vencido y por lo tanto prescripta de investigación; y que solo se podría mantenerla abierta si se tratara de un caso de lesa humanidad, que es imprescriptible. Pero Lijo señaló que la Corte Suprema falló en el caso “Arancibia Clavel” (el de los asesinatos del general chileno Carlos Prats y su esposa, en Buenos Aires) que “los crímenes contra la humanidad son generalmente practicados por las mismas agencias de poder punitivo operando fuera del control del Derecho penal, es decir, huyendo al control y a la contención jurídica”, lo que entendió que no se corresponde con la organización Montoneros.
Alemann, a juicio por la Esma
Juan Ernesto Alemann, secretario de Hacienda de la última dictadura militar, será sometido a juicio oral por haber visitado en 1980 el campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), tomar contacto con un prisionero y luego no haber hecho la denuncia judicial.
Así lo informaron fuentes judiciales, quienes agregaron que, además de Alemann, de 84 años, serán enjuiciados el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el teniente de fragata retirado Julio Poch y el ex comandante de Aerolíneas Argentinas Enrique de Saint Georges.
Poch y Saint Georges están acusados de haber piloteado “vuelos de la muerte” en aviones de la Armada y de la Prefectura que arrojaron, vivos y dopados a la mayoría de los prisioneros que estuvieron secuestrados en la Esma, calculados en unos 5.000 por los organismos humanitarios. El juez federal Sergio Torres declaró la clausura de la instrucción y la elevó a juicio oral, en un nuevo capítulo de la denominada “Megacausa Esma”, en la cual ya hubo varias decenas de ex marinos condenados, mientras otros casos siguen en la etapa de instrucción.
A Alemann se le imputa haber visitado la sala de torturas y partos que había en el centro clandestino de detención, conocida como “la huevera”, y hablar allí con el prisionero y militante de “Montoneros” Orlando Ruiz -que estaba encapuchado, esposado y engrillado- a quien se le acusaba de atentar en noviembre de 1979 contra el secretario, que salió ileso.
Ruiz permanece desaparecido, al igual que su esposa Silvia Dameri. Los dos hijos del matrimonio fueron apropiados y una de ellos, María de las Victorias, recuperó años atrás su verdadera identidad.
