EDITORIAL

El caso Ciccone y sus laberintos

Desde el punto de vista académico -y también desde el sentido común- hay amplio consenso en reconocer como atributo clásico de la soberanía nacional a la capacidad para emitir moneda propia. En este sentido, la decisión del gobierno nacional de expropiar la ex Ciccone Calcográfica para aumentar la capacidad de la Casa de Moneda es conceptualmente inatacable. En cambio, es reprochable el procedimiento de estatización, precedido de fuertes sospechas respecto del accionar del vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Amado Boudou.

En este sentido, la retórica nacionalista desplegada por espadas del gobierno en la Cámara alta constituyó una gimnasia grotesca, máxime cuando hace nueve años que los Kirchner están en el poder. El argumento de la soberanía -que nadie discute- debe ser contestado por el propio gobierno, que hace pocos años bloqueó la compra de modernos equipos de impresión con destino a la Casa de Moneda.

El motivo de fondo que impulsa la rápida estatización de la exCiccone debe vincularse por tanto con la incómoda situación de Boudou, cuyas responsabilidades en la adquisición de la mayoría societaria de esa empresa hasta ahora privada por parte de una firma fantasma están siendo investigadas por la Justicia.

Para más de un observador, la intención del gobierno es asegurar la inocencia de Boudou a través de la decretada intervención de la empresa. No obstante, la eventual destrucción u ocultamiento de pruebas que pudieran incriminar al vicepresidente no será una tarea sencilla, ya que hay muchos ojos puestos sobre un asunto que distintos analistas califican como “el escandaloso encubrimiento de un millonario caso de corrupción”.

Una de las facetas que causa mayor asombro en los observadores, es que desde la cima del poder se impulse una expropiación desconociendo quiénes son los titulares reales de una empresa bajo investigación. Se supone que al producirse un acto de este tipo, pagado con recursos aportados por el conjunto ciudadano, es necesario informar con claridad porque es un deber y, también, para evitar suposiciones y malos entendidos. Pero ese es el supuesto. La realidad expresa que, por razones difíciles de establecer, se opta por mantener el anonimato de los propietarios ocultos.

Como sea, más allá de las trabas a la investigación judicial y de distintas maniobras de operadores del poder, al gobierno nacional le será muy difícil correr el foco puesto por la Justicia -y seguido por la opinión pública- sobre la presunta responsabilidad de Amado Boudou en negocios incompatibles con su función.

Con matices, diversos analistas coinciden en que la defensa persistirá, no porque se crea en su inocencia, sino por el hecho de que el gobierno se ha convencido de que detrás de la referida investigación se ocultan deseos sectoriales de cargar las tintas sobre la responsabilidad presidencial, ya que la segunda autoridad política del país lo es por voluntad exclusiva de la presidente.