Edición del Miércoles 22 de agosto de 2012

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Incertidumbre por los barrios usurpados - Opinión Opinión

editorial

Incertidumbre por los barrios usurpados

Pasaron más de cuatro meses desde que integrantes de la Corriente Clasista y Combativa usurparon el barrio en construcción Santa Rita II en el norte de la ciudad, y el conflicto está lejos de ser resuelto.

Desde un principio, el gobierno de la provincia insistió en la necesidad de que la Justicia se expidiera sobre los acontecimientos, con el objetivo de contar con el respaldo necesario para adoptar medidas que tendieran a normalizar la situación.

Con sus tiempos, la Justicia actuó. En primer término, la jueza correccional Sandra Valenti ordenó el desalojo del predio, estableciendo una serie de condiciones para que la recuperación del barrio en construcción se pudiera realizar sin riesgos para la integridad física de los usurpadores. Además, la magistrada de primera instancia procesó por el delito de usurpación a cinco integrantes de la CCC.

Como era de esperar, aquella resolución fue apelada. Esta vez, la decisión recayó en la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, cuyos integrantes coincidieron con la posición de la jueza Valenti y advirtieron que el derecho a la vivienda no puede ser concretado por los carriles de la ilegalidad.

El proceso judicial está lejos de terminar. De hecho, la defensa de los vecinos usurpadores y de los líderes de la CCC trabaja en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que será el primer paso para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

En definitiva, el tiempo seguirá transcurriendo mientras se transitan los pasillos judiciales. En tanto, los vecinos que usurparon las viviendas continuarán arraigándose en un lugar que no les pertenece y al que accedieron por mecanismos ilegales.

Durante estos meses, el municipio aprovechó cada oportunidad que tuvo para recuperar viviendas. De hecho, en algunos casos y por distintos motivos, los usurpadores abandonaron el lugar y esas casas fueron inmediatamente recobradas por la Municipalidad. Sin embargo, habrá que recordar que este plan de viviendas se encuentra bajo la órbita del gobierno provincial.

Si bien no se puede responsabilizar a las actuales autoridades provinciales por la crisis habitacional que se extiende a lo largo y ancho del país, resulta evidente que se cometieron algunos errores que facilitaron la toma del barrio Santa Rita II. Tanto es así, que los propios camaristas de la Sala 4 lo plantean en su fallo cuando aseguran que “se pretende que sea el Poder Judicial el que tenga que asumir la condición de asistente social, o guardián, cuando es el Poder Ejecutivo el que debe ocuparse de la situación de los que carecen de este derecho constitucionalmente consagrado”.

La pregunta es, entonces, qué se está haciendo en materia política desde el gobierno provincial para intentar resolver la situación con la mayor premura posible.

Las respuestas a este interrogante no aparecen con claridad y, entonces, impera una inquietante sensación de incertidumbre.



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Miércoles 22 de agosto de 2012
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