Tras del pronunciamiento del Colegio de Magistrados

Vacantes judiciales: Lewis habló

de “inexactitudes e incoherencias”

Vacantes judiciales: Lewis habló de “inexactitudes e incoherencias”

“El Colegio, en la voz de su presidente, muchas veces obstaculizó la implementación del nuevo sistema procesal”.

Foto: Archivo El Litoral

El ministro de Justicia dice que el número de cargos sin cubrir está en niveles normales y los procesos de selección avanzan. Fuertes imputaciones contra los cuestionamientos.

 

De la redacción de El Litoral

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El ministro de Justicia, Juan Lewis, denunció que se intenta “plantear un escenario de excepcionalidad y desastre” por efecto de las vacantes judiciales, “que en realidad no es tal” y se lo hace sobre la base de “inexactitudes e incoherencias”,

El funcionario provincial salió al cruce del documento difundido ayer por el Colegio de Magistrados y, en particular, de su titular Daniel Rucci, a quien atribuyó el propósito de retrotraer el mecanismo de selección de magistrados a su versión anterior y menos transparente.

“Según los números que tenemos, las vacantes reales -es decir, cargos que no están cubiertos siquiera por un subrogante- en la primera circunscripción son 11; apenas alcanzan el 10 % del total. Y si uno compara eso con el nivel federal o con cualquier otra provincia, es bastante bajo”, dijo Lewis a El Litoral.

El ministro consignó que, de los cargos enumerados en el documento del Colegio para distintos fueros, “la gran mayoría están en concurso, o están cubiertos por subrogantes. E incluso alguno, como el de San Jorge, ya tiene el juez definitivo; con lo cual Rucci no tiene actualizada la información en base a la que opina”.

Los tiempos

Sobre la lentitud que se atribuye al mecanismo de selección de magistrados, recordó que el mismo “implica un enorme avance institucional. En esto incluso hemos coincidido con los legisladores, que entienden que debe ser reformado pero para avanzar, no para volver a estadios anteriores. Sin embargo, Rucci sostiene que estuvo mal desde el comienzo, y que así lo plantearon los magistrados en 2008. Esto significa una postura regresiva, diferente a la de todos los demás actores. Indudablemente este mecanismo no le agrada, y por una discrepancia de interés sectorial ha salida a criticar todo el sistema y se rehusa a tratar de mejorarlo”.

El ministro cifró la postura del Colegio en el desacuerdo con algunas cuestiones de la reglamentación, como la asignación de puntajes. “Pero otros sectores también tienen desacuerdos y han elegido un camino institucional para mejorar el sistema y buscar soluciones, y no el de las presiones, los lobbies y los debates mediáticos”, añadió.

Al hacérsele notar que las demoras fueron señaladas también por la Corte (ver aparte), consignó que las mismas son equivalentes a lo que ocurre en otros ámbitos, “donde a veces los pliegos esperan cinco años. Me gustaría que fuese más rápido, pero con muchos concursos en marcha, pliegos para ser remitidos y otros a estudio de la Legislatura, creo que estamos avanzando a la mayor velocidad que nos permiten los tiempos institucionales”.

Al respecto, consignó que incluso algunas de las reformas propuestas por legisladores fueron desechadas porque implicaban “elongar los tiempos”, mientras que se asumieron otras que permitieron abreviar los tiempos, como ocurrió con la revisión de las impugnaciones. En cualquier caso, adelantó que para la próxima semana existe el compromiso de una reunión con la Corte, para tratar todos los temas de interés común.

Nuevo sistema penal

Del mismo modo, consignó que las asignaciones de cargos para el nuevo sistema procesal penal están en sintonía con lo conversado con la Corte y en el marco de la mesa del Diálogo. Por el contrario, consideró que desde el Colegio de Magistrados “Rucci hace afirmaciones muy graves. Él dice que la situación de la implementación implica para ellos haber diluido el concreto ejercicio de la jurisdicción punitiva. Esto es gravísimo, porque implicaría que está existiendo alguna denegación de justicia; cosa que estamos muy preocupados de que no exista, y esperamos que todos los magistrados actúen en la misma línea.

“La implementación, más allá de la etapa en que se encuentre, ha implicado poner más recursos al sistema penal: más gente, más infraestructura. No se ha retrocedido en el fuero penal, sino agregado cosas. De modo que si para Rucci se está diluyendo el ejercicio de la jurisdicción, a lo mejor es porque él en su trabajo está haciendo algo mal”.

Remarcando la personalización de la crítica, Lewis sostuvo que “lo que entendemos es que Rucci -no me animaría a decir que todo el Colegio, porque muchos jueces han mostrado un gran nivel de compromiso- aspira a poner una nueva traba a la reforma procesal, de la que algunos magistrados se han pronunciado abiertamente en contra”.

“El Colegio, en la voz de Rucci, muchas veces ha obstaculizado la marcha de la implementación. El propio Rucci fue incluso a proponer como ‘alternativa’ que se implemente el nuevo Código en su totalidad, pero de manera escrita; lo que fue rechazado por todos los demás sectores. La oralidad y la publicidad son uno de los puntos fuertes que tiene el sistema, y no vamos a renunciar a eso”, añadió.

El ministro interpretó que “para algunas viejas estructuras esto resulta difícil de aceptar, porque implica poner el cuerpo, mostrar a los ciudadanos cómo se hace justicia, y es más cómodo hacerlo en la soledad del despacho, sin exponerse. Pero esto es una exigencia de los tiempos y del sistema republicano. El proceso de reforma está en marcha y no hay vuelta atrás. Estamos dispuestos a discutir cambios para mejorarlo, pero de ninguna manera que lo desnaturalicen”.


Exhortación de la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la provincia volvió a expresar, en su reunión de acuerdo de ayer, la preocupación por los cargos judiciales vacantes y exhortó al Poder Ejecutivo a acelerar los tiempos para cubrirlos, y a tomar mientras tanto algún tipo de medida que permita paliar la situación.

La Corte hace propios los planteos formulados desde la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, de una serie de jueces de primera instancia -acerca de las vacantes en la 6ta. y 7ma. nominaciones y el “agotamiento de la nómina de subrogantes para la circunscripción”- y de la Cámara Penal de Santa Fe, por el hecho de que, sobre un total de doce cargos para sus cuatro salas, hay cuatro vacantes ya efectivas y dos más a punto de efectivizarse.

El Tribunal aludió a sus reiterados pronunciamientos y exhortaciones sobre el problema, “sin que se avizoren mayores signos de cambio en pos de su superación”. Y contabilizó un total de 77 cargos vacantes, de los cuales 26 no tienen siquiera subrogantes. Algunas de estas vacantes datan del año 2007 y otras demoraron casi dos años en que se convoque a concurso para cubrirlas.

Consideraron que el sistema de subrogancias “no resulta idóneo para cubrir las necesidades propias del servicio” y pidieron al gobierno “mayor celeridad” y “medidas adicionales”.

En tanto, consignaron que la asignación de trece cargos de jueces penales al nuevo sistema procesal penal supone la mitad de los que la propia Corte entiende “indispensables para la puesta en marcha” del mismo, y además no se mencionan en el decreto correspondiente las asignaciones presupuestarias del caso.

Por todo lo cual solicitaron “la urgente puesta en marcha de los mecanismos previstos por la Carta Magna Provincial y el Consejo de la Magistratura para la designación de los restantes magistrados”.