Manifestación en Santa Fe

Campolitoral

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Cerca del mediodía del miércoles, unos 200 empresarios aeroaplicadores llegados desde toda la geografía provincial se congregaron en la explanada de la legislatura provincial. Si bien en su mayoría eran santafesinos, se distinguían pilotos de provincias vecinas, a quienes también preocupa el manejo legislativo del tema.

A propósito de esto, el presidente de la Cámara santafesina, Sandro Peisino, destacó que en la provincia son 110 empresas, pero como el trabajo agroaéreo va más allá de los límites provinciales a la hora de combatir las plagas, “lo hacemos en conjunto con las empresas de otras provincias. Por eso tratamos que se nos escuche y reconozca como profesionales”.

Los pilotos trajeron un proyecto para esclarecer algunos puntos en discusión, entre los cuales se destacan las distancias de aplicación respecto a áreas urbanas, productos y manejo. “Queremos que las aplicaciones sean acordes a lo necesario para la producción y la seguridad de la gente, sin amenazar la salud ni el medio ambiente”, sostuvo. Y agregó: “también venimos a discutir sobre los principios activos y la toxicidad de los productos y sobre las distancias y los cuestionamientos. Creemos que las aplicaciones se pueden realizar de forma profesional y responsablemente, tal como lo hacemos”.

Avión y glifosato

Respecto a otros servicios que prestan, explicó que “hacemos siembras aéreas, fertilizaciones, trabajos en el arroz, combate de incendio en pastizales, etc. Se nos cuestiona particularmente por la aplicación de un principio activo como le glifosato, cuando representa menos del 0.6 por ciento de nuestro volumen de trabajo”, agregó, en referencia al herbicida aplicado mayormente por vía terrestre. “Queremos que nos escuchen y reconozcan, ya que muchas veces el avión es el único medio para poder combatir alguna plaga en un girasol o maíz florecidos o un trigo espigado, donde atacan las plagas de fin de ciclo, y donde meter una máquina terrestre es un despropósito, sobre todo cuando un avión puede controlar un hongo o una plaga con el mismo principio activo pero con menos producto, menos uso de agua, más rápido y permitiendo que ese cultivo se pueda cosechar y no se pierda”, dijo.

En general, se trata de empresas antiguas de tipo familiar, cuyos conocimientos pasan de padres a hijos. “Una actividad sin mayores conflictos, y cuando se generan estos problemas es por estudios de percepción sobre el uso de agroquímicos sin respaldo científico, queriendo comparar estudios foráneos. En base a eso pretenden terminar una actividad que se remonta a los inicios de la agricultura argentina, y eso duele mucho”, agregó. Para Peisino, la verdad es que “queremos participar y dar seguridad a la sociedad y a los legisladores con el respaldo de nuestro trabajo”. Finalmente, dijo que el 47 % de las divisas del campo provienen de la provincia de Santa Fe, gracias al respaldo de actividades como la nuestra, esperemos que los legisladores lo vean y valoren”.

Regulaciones

Diego Ortega, presidente de la CAPBA (Cámara bonaerense), remarcó que esto no sólo puede ser un “trastorno a la provincia por las pérdidas de su cadena productiva, sino que puede ser que el efecto dominó trascienda al resto del país”.

Según Ortega, las plagas no conocen de límites, por eso, “estamos acá para acompañar a nuestros colegas en este difícil trance y hacer el apoyo. Ha venido gente de todo el país para demostrar que no somos 4 personas, y pese a que no somos un gran número, representamos una gran cantidad de hectáreas, sobre todo por la profesionalidad con la que lo desempeñamos: somos una buena parte de la cadena productiva”, disparó.

Para Ortega, de sancionarse una ley que prohiba su trabajo, se puede llegar a perder toda una cosecha, nada más ni nada menos. “Se lograría que el productor, después de hacer toda una inversión con vistas a la agricultura sustentable, pierda la cosecha. Se dejaría de producir, y las pérdidas jugarían más en contra”, opinó.

Además, contó que en Buenos Aires, el oficio cuenta con unas 350 empresas con un promedio de 2 aviones cada una, habiendo pilotos en cada pueblo o cabecera de partido. “Es gente que vive en ese lugar, son empresas familiares, algunas son pymes, donde no sólo vuela el piloto empresario, sino los hijos, y las esposas hacen la administración. Tenemos empresarios de más de 20 años que no tienen ningún síntoma de salud. Se nos acusa sin el conocimiento o las estadísticas”, agregó.

A las pruebas me remito

Según Ortega, la mejor prueba de la profesionalidad de su trabajo la ofrecen sus cuerpos. “Estamos al lado del producto cuando se abre el bidón, en su formulación más pura. El avión no contamina, el que sí puede llegar a contaminar es un agroquímico, y para eso existen organismos públicos especializados como el SENASA y las entidades provinciales, que hasta ahora no pudieron encontrar contravenciones que prohiban algún producto particular”.

Respecto de los controles, Ortega destaca que dese hace unos años la ANAC ha tomado las riendas de la aviación civil y dejado de lado el manejo militar. “Eso viene allanando los detalles administrativos que faltaban mejorar. Los aéreos somos los únicos aplicadores regulados a nivel provincia y nacional. Estamos habilitados para trabajar con una serie de requisitos: las cámaras provinciales se capacitan periódicamente, y los productos que nosotros aplicamos están recetados por un ingeniero agrónomo. Los laboratorios que los producen también están controlados por SENASA y sus fórmulas están aprobadas. Hay zonas de amortiguamiento donde no se recomienda aplicar y lo respetamos, porque nuestros aviones tienen matrícula, somos personas respetuosas de las leyes vigentes de los lugares donde se desarrollan nuestras familias. En mi caso, cuando sea abuelo, mi descendencia también va a vivir en el medio ambiente en le que estamos trabajando, por eso nos preocupa trabajar de forma responsable”.

Una carrera costosa

Según destacan los aeroaplicadores, para obtener la licencia se requieren 500 horas de vuelo, las cuales tienen un costo de $ 700 c/u, para lo cual se debe rendir el examen de piloto privado primero, de piloto comercial luego, y aeroaplicador como última especialización profesional. El curso teórico práctico está a cargo de la ANAC, entidad nacional que regula la aviación civil luego de la retirada de Fuerza Aérea. Este entidad exige un examen anual al piloto y otro al avión, que requiere un seguro y habilitaciones médicas. Además, cada Secretaría de Agricultura provincial regula la actividad dentro de su órbita.