Lo contempla una iniciativa legislativa
Entre Ríos podría prohibir agroquímicos
El proyecto, ingresado en el Senado, plantea una distancia mínima de 1.000 metros para las pulverizaciones y la prohibición si se comprueba que su utilización es nociva para la salud. Sus autores, los oficialistas Oscar Arlettaz y Enrique Cresto, plantean derogar la Ley provincial 6.599 de Agroquímicos.
Campolitoral
Un proyecto de ley ingresado en el Senado de Entre Ríos contempla prohibir totalmente el uso de agroquímicos si se comprueba que su utilización es nociva para la salud. De aprobarse, la iniciativa prohibiría las pulverizaciones a menos de mil metros del límite urbano y además advierte que “si hay peligro para la salud se podrá prohibir completamente el uso de agroquímicos”.
En tanto, otro proyecto, ingresado a la Cámara de Diputados de la misma provincia es de carácter más amplio y tiende a la “regulación” de la “utilización de fitosanitarios” en el territorio entrerriano, sin excepción.
El primer proyecto corresponde a la autoría de dos senadores oficialistas, Oscar Arlettaz y Enrique Cresto, y deroga la Ley provincial 6.599 de Agroquímicos, de 1980. Los senadores describen un régimen destinado a reglamentar la utilización de plaguicidas y en resumen se trata de una nueva legislación.
Arlettaz sostuvo en medios locales que “es necesario sacar una norma que no perjudique ni al medio ambiente ni a la producción” y su proyecto será evaluado sólo en la Comisión de Producción que él conduce.
Además, la norma que será discutida hace recaer la responsabilidad por los “daños” que se detecten por “usos indebidos o contrarios a la Ley, a los que utilicen los agroquímicos”.
En el Senado entrerriano había un proyecto que sólo proponía modificaciones a la actual Ley 6.559, mientras que Arlettaz y Cresto presentaron una nueva legislación que estará además de acuerdo con las sancionadas en las provincias agrícolas y vecinas, Córdoba y Santa Fe.
La diputada Romero aseguró que “el proyecto tiene por objeto generar una herramienta legal que permita una regulación integral del uso de productos fitosanitarios con destino agropecuario en nuestro territorio, sobre la base de principios protectorios del ambiente, la salud humana y la sustentabilidad de nuestro suelo”. “Tenemos la convicción de que estamos frente a un problema que recién está comenzando a mostrar sus nocivos efectos, los cuales, se verán agravados en un futuro si no se toman medidas de diverso orden para prevenir todo cuanto sea materialmente posible”, dijo.
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