El debate por la ley de semillas

También hay pequeños semilleros

ASA, la entidad que agrupa a los obtentores, aseguró que la nueva norma “fortalecerá la industria nacional”. Y advirtió que sin regulación “los pequeños semilleros nacionales corren el riesgo de no poder sostener sus programas de Investigación y Desarrollo”.

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En un comunicado institucional, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), afirmó que la investigación pública, los pequeños agricultores familiares y las empresas nacionales serán los primeros beneficiarios de la nueva Ley de Semillas que impulsa el gobierno nacional. “Sin una nueva norma -afirmaron-, los pequeños semilleros argentinos corren el riesgo de no poder sostener sus programas de Investigación y Desarrollo”.

Hace años que tanto desde la industria semillera, como de otros sectores, productores, desarrolladores, multiplicadores, etc; se viene planteando la necesidad de contar con una actualización de la ley que rige para el inicio de la cadena agrícola. “Por eso respaldamos desde desde el inicio la constitución de la mesa de trabajo, que exigió un fuerte trabajo de todas las partes, resignando posiciones, para alcanzar un consenso”, dijeron desde ASA.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca convocó a una mesa de trabajo público-privada a toda la cadena de la semilla para discutir una nueva Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, destinada a reemplazar parte del texto actual, Ley 20.247, que data del año 1973. El Ministerio estableció una forma de trabajo basada en la presentación de propuestas por sector, que luego fueron sometidas al debate. ASA fue invitada junto con otras 21 organizaciones, que desde principios de julio, nos reunimos semanalmente para consensuar un proyecto que fuera representativo de todos los actores involucrados en la cadena de valor.

Proceso en marcha

Según los obtentores, el proyecto de ley contribuye directamente a fortalecer la soberanía alimentaria, ya que propicia un reconocimiento de la propiedad intelectual de todos los desarrollos científicos de la industria nacional -públicos y privados-, fruto del esfuerzo de técnicos, profesionales, capitales argentinos, y del propio Estado, a través de sus organismos de investigación y desarrollo, como el INTA y el CONICET.

“La iniciativa es una gran democratizadora del uso y sustentabilidad del germoplasma -evaluaron los semilleros-, base tecnológica clave en este proceso de crecimiento agrícola, ya que garantiza el acceso inmediato de todos los productores a las nuevas tecnologías”.

El proyecto indica que ningún productor deberá pedir autorización a las empresas de mejoramiento para hacer uso propio. De acuerdo al Ministerio de Agricultura cerca del 70 por ciento -compuesto por pequeños agricultores familiares- podrán hacer uso propio gratuito. Para los productores restantes se estipula el uso propio oneroso, en el que sólo deberá informar a las empresas la variedad qué sembró y pagar el canon correspondiente.

Para los obtentores la nueva Ley fomentará los programas de mejoramiento, beneficiando a todos los cultivos, incluidos los no tradicionales, como las legumbres, el maní, la horticultura, las especies forrajeras, forestales, contribuyendo a un mayor desarrollo de las economías regionales.

“De este modo, el productor tendrá más y mejores opciones para sembrar y mejorar su rentabilidad, al tiempo que se impulsara un importante incremento en la investigación, tanto en el sector público como en el privado, y cumplir así con las metas planteadas en el Programa Estratégico Agroalimentario (PEA), de producir 160 millones de toneladas de granos al 2020”, plantearon.

Voces de la industria

El presidente de ASA, Alfredo Paseyro, dijo que “un nuevo marco legal en semillas es imprescindible para hacer frente a la nueva demanda global de alimentos, que está exigiendo más producción y mayor calidad, garantizando sustentabilidad y trazabilidad en toda la cadena productiva, desde la investigación hasta la góndola, como requieren los mercados más exigentes”.

Por su parte, Iván Ramallo, de la empresa Don Mario, dijo que “al acceder a mejor tecnología, se mejorará la renta de los productores, independientemente de su tamaño, y al dinamizar la industria semillera, aumentará el empleo directo e indirecto”.

En tanto que Hernán Maurette, de la empresa NIDERA, destacó que “el 10 por ciento de la superficie europea de producción de girasol pertenece a genética argentina, producto del trabajo de ingenieros de la UBA, del INTA y de la Universidad Nacional de Rosario. La genética argentina se exporta a América del Norte, Europa y Africa. Por eso es importante contar con una nueva Ley que proteja la competitividad de la genética argentina”.

Para ASA, una nueva ley de semillas “brinda el marco legal que exige la Argentina competitiva, contribuye al desarrollo regional, promueve la investigación nacional, mejora la renta de los productores y gracias a una mayor transparencia del mercado, aporta al bienestar de todos los argentinos”. Los obtentores afirmaron, finalmente, que “defender la ley de semillas es defender un modelo agrícola nacional”.