El traspaso obligado de tierras del sistema productivo a las áreas urbanas sin planificación genera pérdidas y nuevos desafíos de gestión para el campo y la ciudad. Firman carta de intención para buscar alternativas productivas para las tierras agrícolas periurbanas.

Federico Aguer

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En Francia, la distancia de aplicación de agroquímicos respecto de las zonas urbanas es de 5 metros. Claro que allá existe un concepto respetado por todos los estamentos de la sociedad: el control. Por eso, las aplicaciones se encuadran en estrictos protocolos de seguridad que priorizan el cuidado del medio ambiente y la salud humana en conjunto con la producción de alimentos.

En la Argentina, las gestiones de organizaciones ecologistas para limitar el uso de agroquímicos llevó a la prohibición del uso de éstos en franjas que van desde los 300, 500 a 800 metros, dependiendo de cada lugar, pero generando situaciones nuevas que requieren de un análisis integrado por las implicancias que genera. Si bien se trata de un terreno todavía desconocido, donde la norma es la falta de información fidedigna de todo tipo, ya hay trabajos que intentan marcar un rumbo respecto de salidas superadoras, que incluso traigan aparejada la incorporación de una agricultura más sustentable. Se habla de 180 mil hectáreas que dejaron de producir, solamente en el norte santefesino. Pero claro, es un número que hasta ahora nadie midió con certeza.

Por eso, en 2011 se creó desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, la Red Iberoamericana de Laboratorios Urbanos (RILU), cuyo objetivo fue iniciar una línea de investigación en gestión sostenible de los espacios urbanos periféricos. La misma se inició con 8 grupos de investigación o nodos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, República Dominicana y Colombia.

Campo y ciudad

“Las ciudades intermedias son activos partícipes de los cambios que se dan en los modelos de producción, de consumo, de concentración demográfica y de ordenación territorial, en el contexto de un desarrollo geográfico, ecológico, social y cultural”, dicen desde la Red. El reto que se propusieron entonces fue contar con información relevante y oportuna para tomar decisiones y dar seguimiento de su impacto. La RILU se orienta a la creación, procesamiento y análisis de datos confiables y comparables en el urbanismo, especialmente en las ciudades intermedias, como base de un desarrollo sostenible.

“Siendo que no se ha conseguido una financiación externa para la red, cada nodo avanza con investigaciones a distintas velocidades y en la medida de sus posibilidades”, dice la Arquitecta Gabriela Venier, a cargo del trabajo local. Inicialmente, en nuestra zona la investigación fue financiada por la Municipalidad de San Francisco (Córdoba) y dio lugar al llamado Proyecto Borde Urbano Rural (BUR). Se decidió que la ciudad se convirtiera en el primer ensayo a escala urbana del Proyecto BUR, ya que desde 2006 allí rige la ordenanza que impide aplicar fitosanitarios a 500 metros del área urbana. Con la participación de todos los actores involucrados, en mayo de este año se inició la puesta en práctica del proyecto, con la particularidad de incluir a las comunas santafesinas de Frontera y Josefina al trabajo. (Se estima que allí se perdieron 1.600 hectáreas productivas, que pasaron a integrar esta franja cuyos valores inmobiliarios ascendieron de forma exponencial).

¿Prohibido prohibir?

En la actualidad, los propietarios de las tierras que quedan excluidas del sistema productivo, al perder la rentabilidad de las mismas, han comenzado a vender sus propiedades a los intermediarios de bienes raíces, o a lotearlas. “En este contexto, se han dado consecuencias negativas, como el aumento del precio del suelo, el encarecimiento de precio de los servicios por la ampliación indiscriminada de la planta urbana y el incremento de lotes céntricos baldíos”, agrega la arquitecta.

Para Venier, es de vital importancia medir el impacto urbano en las zonas relacionadas con el campo, y reglamentar el uso de agroquímicos y fertilizantes en las áreas cercanas a la ciudad, con la vocación de proteger la vida humana. “Pero hemos comprobado que la prohibición genera un fenómeno de incremento en el precio del suelo, que al final acaba afectando a todos y no resolviendo el problema: Expande la ciudad sobre estas áreas y genera exclusión social, enfrenta el crecimiento urbano con el campo. En definitiva, la mera prohibición no resuelve las cuestiones”, sentencia.

Se propone entonces un modelo de gestión para los BUR que implica un trabajo consensuado de tipo integral y participativo, pero con un alto condicionante técnico que permita tener un mejor poder de policía sobre estas áreas. “A veces los municipios grandes no tienen problemas, pero las comunas más pequeñas no tienen capacidad para controlar cada una de las aplicaciones que se hagan. Proponemos crear una entidad con capacidad suficiente para poder definir estas aplicaciones, el modo en que se realizan y donde los actores tengan forma de participar, teniendo en cuenta toda la transversalidad de los temas que se abordan”, resume.

Apoyo oficial

El secretario del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Biocombustibles, Luis Contigiani, se mostró muy entusiasmado por la idea de trabajar en conjunto y a largo plazo. “Estamos ante una coyuntura donde se neutraliza el diálogo, el pensamiento y los enfoques técnicos. Por los desbordes del modelo productivista que tiende a la uniformidad y al empobrecimiento de la diversidad productiva, la ruralidad y el territorio”, manifestó. Y agregó que se trata de un modelo que está “de frente con el territorio de arriba hacia abajo , que muchas veces choca con el ambiente. Eso provoca reacciones, y estas reacciones muchas veces legítimas en cuestión ambiental, de salud y del territorio, a veces terminan ideologizándose, y ese desborde y esa reacción provocan una neutralización del debate y de la búsqueda de soluciones al problema”, manifestó. Por eso, desde el Ministerio de la Producción “alentamos este tipo de encuentros junto con los técnicos a encontrar las bases razonables, técnicas y científicas que nos permitan salir de la mera opinión y encontrar puentes que permitan compatibilizar el ambiente con la producción”, expresó. Concretamente, ese apoyo se traducirá en las cortinas forestales con espíritu silvopastoril: una estrategia que permite manejar el territorio en forma sistémica. Con los bosques, pasturas, con la necesidad de hacer una actividad rentable con inclusión social. Con el manejo integrado de plagas, “porque más allá de las distancias esto permite reducir la cantidad de litros de herbicidas e insecticidas, y esa reducción no se cuantifica en términos económicos, sino medioambientales”, se ilusionó el funcionario.

Todos ponen

Por su parte, José Luis Spontón, director Regional de INTA, remarcó que la institución nacional fue quien incorporó la mirada desde dos frentes: la ciudad y el campo: tratar de lograr la protección usando de mejor manera la tecnología. “Tenemos varios trabajos, que van desde la producción orgánica y el manejo integrado de plagas, hasta la implantación forestal, diseñando el espíritu productivo y paisajístico. Es una responsabilidad muy fuerte para un armado integrado entre todos, sobre todo para nosotros quienes diseñamos las herramientas técnicas”, dijo. Y resaltó que desde INTA tienen la predisposición para ayudar a las comunas a diseñar un marco que permita mejores propuestas, de acuerdo a la realidad de cada una, en el marco integral de una política que la contenga.

Finalmente, la arquitecta Venier destacó que el trabajo de los BUR fue recientemente expuesto en Francia, en el marco del 2º Encuentro Cooperativo Descentralizado Intermunicipal Franco Argentino, con el objetivo de estudiar a las ciudades “resilentes” o que resisten.

“Esto permitirá buena gestión en periferias urbanas, lo que mejorará la inclusión social (en los precios del suelo y generando más mano de obra); alternativas de cultivos; producción ambientalmente más sustentable; reducir la huella ecológica; sostener a la población rural; y un ordenamiento del territorio rural”, finalizó la experta.

Precursora. La arq. Gabriela Venier midió el impacto en los precios de los lotes urbanizados. foto: campolitoral

Manejo integrado de problemas

Según el Ing. Jorge Frana, la agriculturización del área pampeana está caracterizada por una marcada dependencia de los agroquímicos, y esto constituye un riesgo de pérdida progresiva de la sustentabilidad. El Manejo Integrado de Plagas (MIP) constituye una herramienta estratégica para mitigar esta problemática. “El término plaga no existe en términos ecológicos, lo puso el hombre para definir los organismos que compiten con él por una producción”, sostiene. Para esto, es clave el monitoreo permanente de los lotes para detectar el umbral de daño y recurrir sólo si es necesario a la aplicación de fitosanitarios.

El modelo de gestión BUR

El trabajo propone un protocolo que se inicia con la identificación del último límite del suelo urbano consolidado. Continúa con la identificación del modelo de crecimiento urbano. Sigue con la identificación del área de expansión urbana para un período de tiempo determinado. Y luego la identificación del último límite del área Buffer. Define más tarde el polígono que encierra el área de influencia resultante de dar una determinada distancia considerada de protección, desde la poli línea que define el último límite urbano consolidado. Y propone la creación de un Ente Mixto Técnico, integrado por todos los actores involucrados (Municipalidad, propietarios suelos BUR, Centros Vecinales, INTA, Colegio Ingenieros Agrónomos, Colegio Arquitectos, Rilu, Sociedad Rural). Finalmente, la reglamentación del Ente, que estará a cargo de los controles, cuidados, avisos, sanción, definición de los criterios productivos, selección de profesionales habilitados, establecimiento de criterios de ordenación territorial, seguimientos y resultados.