editorial

¿Acciones judiciales o acciones psicológicas?

Se veía venir. Era inminente la mutación valorativa del gobierno nacional respecto de la Corte Suprema de Justicia. Ahora está claro. Ya no es un tribunal de lujo, sino un oscuro cuerpo de jueces que conspiran contra la democracia. En dos tweets pertenecientes a la cuenta presidencial se denuncia el surgimiento de un superpoder -el Judicial- y se lo acusa de provocar ‘un desequilibrio total del sistema democrático‘ por anular ‘decisiones propias e intransferibles del Ejecutivo y Legislativo‘.

De los derechos y garantías de los ciudadanos, ni una palabra. Es que en la concepción de la presidente, los ciudadanos están cabalmente interpretados y representados por ella. La Justicia está para corroborarlo, no para entrometerse. Quién le ha dado vela para aplicar formalmente la ley en situaciones impregnadas por un cambio revolucionario que ha llegado para atravesarla y si hace falta romperla. Como argumento de legitimidad, Cristina esgrime el 54 por ciento de los votos obtenidos en las últimas elecciones. Ese porcentaje circunstancial le da derecho a todo. Los otros, integrantes de la antipatria, no tienen derechos; reconocérselos, implicaría frenar el proceso transformador. Eso es lo que la Justicia no entiende. Por eso comete el desliz de actuar conforme a lo que la ley establece.

Es una situación anómala, porque Cristina accedió al poder a través de la Constitución y las leyes que nos rigen; y, por añadidura, se comprometió a mejorar la calidad institucional. Pero ahora se aparta de ellas una y otra vez a través se iniciativas que vulneran las normas vigentes, razón por la cual cuando las presentaciones de quienes se sienten damnificados activan a la Justicia, ésta falla con frecuencia contra las posiciones sostenidas por el gobierno.

Las consecuencias están a la vista. La Justicia es puesta en la picota por la política oficial. El gobierno no puede esperar los tiempos de la Justicia -tiempos a los que sin embargo condena a los jubilados que reclaman el aumento de sus pasividades-, porque este año se juega su continuidad en el poder. Por eso urge liquidar los espacios periodísticos independientes, y así apagar voces discordantes y, de paso, suprimir las de los políticos de la oposición. Es una carrera contrarreloj, y por eso no hay margen para los buenos modales.

En este cuadro de situación se explica lo que a primera vista aparece como una sucesión de torpezas jurídicas por parte de los abogados del gobierno. Si bien se mira, más que buscar soluciones judiciales, se trata de acciones que crean una trama de acción sicológica que busca resultados políticos, más rápidos que los que puede ofrecer la lenta sustanciación judicial.

Sandra Russo, periodista estrella del kirchnerismo y biógrafa de Cristina, lo explicitó en un panel de “6,7,8”. Dijo que los fallos adversos para el gobierno permitían percibir a todos la extraordinaria dimensión y el monstruoso poder de la corporación mediática que enfrentan. Ésa es la cuestión: crear un urgido y negativo imaginario contra medios e instituciones que aun resisten la prepotencia autoritaria del gobierno. El propósito no es judicial, sino político: demoler, en el plano de la opinión pública, la última barrera de contención.