editorial

El intendente de Bariloche y el poder de la Nación

No bien se iniciaron los saqueos en la ciudad de Bariloche, los funcionarios oficialistas se dejaron dominar por la tentación de atribuirle la responsabilidad a Moyano, Barrionuevo y sindicalistas “destituyentes” en general. Pasada la primera impresión, decidieron dejar de lado la imputación a los “grandes enemigos” y atribuyeron las desgracias a las incompetencias de Omar Goye, el actual intendente de Bariloche y, hasta este conflicto, un confeso kirchnerista.

Para ser justos, no se debe perder de vista que esta ciudad turística ha sido pésimamente administrada en los últimos años y que, efectivamente, su actual intendente actuó con torpeza y desidia. De todos modos, tal como se presentaban los hechos, hay buenas razones para suponer que tan responsables como Goye, son los actuales políticos oficialistas de Río Negro, empezando por el gobernador, que sabotea a los intendentes no alineados mediante el envío de recursos; y continuando con los titulares nacionales de los planes de asistencia social, cuya incompetencia para gestionar estos beneficios son harto conocidas.

Pero lo cierto es que prescindiendo de la complejidad de la situación, la presidente ha decidido sacrificar a Goye. Y para ello ha ordenado al senador Miguel Pichetto y al actual gobernador Alberto Weretilneck, que se movilicen para destituir al intendente previa atribución de los saqueos a su desidia e irresponsabilidad.

Entre tanto, y en contradicción con los pronósticos oficialistas, Goye les recordó a sus compañeros de partido que él era un intendente electo por el pueblo y que su hipotética renuncia debía tramitarse a través de los procedimientos previstos por la ley y no mediante un golpe de mano. Lo que Goye les imputó a los funcionarios del oficialismo que son responsables de una maniobra destituyente.

No hace falta indagar en los secretos de la Casa Rosada para imaginar cómo debe haber caído en ese ámbito la respuesta del intendente barilochense. Como se recordará, cuando se generalizaron los saqueos en esa ciudad del sur, el gobierno nacional temió un efecto contagio. Ahora, el temor es otro, porque la imprevista resistencia de Goye puede ser un mal ejemplo para intendentes y gobernadores oficialistas, que de pronto descubren que es posible rebelarse contra la presidente sin perder la vida en el intento.

Como se sabe, una de las alternativas del kirchnerismo para disciplinar a su tropa es la de cortarle la asistencia social o movilizar, por ejemplo, a los empleados municipales. Estos procedimientos desestabilizadores han sido y son aplicados con entusiasmo desde hace rato. No obstante, a esta altura de los acontecimientos el oficialismo nacional sabe que las consecuencias de esas maniobras pueden, en efecto, provocar la destitución de un intendente, pero también es conciente de que consecuencias sociales no queridas podrían afectar al propio gobierno nacional.

En consecuencia, mal que les pese, serán las denostadas instituciones del Estado de derecho las garantes más eficaces del orden social.