Observaciones del Ejecutivo a una ley sobre autismo
Otro veto que provocará ruido en la Legislatura
La decisión sorprendió a los diputados Boscarol y Lago, autores de sendos proyectos sobre la temática. Padres reunieron firmas para pedir la promulgación de la norma.
Mario Cáffaro
“Es un veto innecesario” fue la primera apreciación del diputado radical Darío Boscarol. “El veto es patético” señaló el justicialista Avelino Lago. Ambos se enteraron en la semana por el Boletín Oficial de la provincia de la decisión del Poder Ejecutivo de observar parcialmente la Ley 13.328 sobre diagnóstico precoz, tratamiento, integración, inclusión social y protección integral de personas con trastornos del espectro autista (TEA) y/o trastornos generalizados del desarrollo (TGD).
La “ley sobre autismo” fue sancionada sobre el final del período legislativo después de un largo proceso de discusión en comisiones y en foros con la fuerte participación de entidades de padres de chicos con dichos problemas tanto de Santa Fe, como de Rosario y Paraná que se movilizaron a la Legislatura donde apoyaron la sanción. Es más, el Senado respaldó rápidamente el alto grado de consenso alcanzado en Diputados por el tema.
En forma total o parcial, la observación alcanza a 6 artículos del proyecto y por ahora el tema no fue habilitado para Extraordinarias por lo que recién deberá ser considerado por las Cámaras a partir de mayo. De consolidarse el veto, “la ley quedará en enunciados y no será operativa” a decir de Boscarol.
Ambos legisladores atribuyen el veto a la fuerte presión que realizaron los psicólogos a través de sus respectivos colegios de Santa Fe y Rosario y anunciaron que comenzarán en los próximos días una ronda de reuniones con familiares de chicos con dicho trastorno para analizar posibles caminos ante la observación del Ejecutivo.
“Tuvimos mucho cuidado en que la ley no se contradiga con las políticas del Ministerio de Salud que trabaja en la integración total”, recordó Boscarol. “El objetivo es garantizar el derecho a la salud y la integración plena a las personas afectadas”, explicó Lago quien preside la Comisión de Salud que fue el lugar central de discusión del proyecto. “Hubo que garantizar tres miradas: la de los padres, la de los médicos y la de psicólogos. La ley garantiza las tres, quizás no satisfaga plenamente a cada una de ellas, pero las contempla”, según el radical quien subrayó que de cada diez chicos, uno tiene problemas que pueden derivar en autismo. “El diagnóstico de autismo es un reto, la norma les reconoce derechos y la integración social plena”, acotó Lago.
La norma apuntó a brindar los instrumentos necesarios para acceder a un diagnóstico precoz, a tratamientos correspondientes en el ámbito de la Salud, a la educación y a terapias complementarias, como así también a la capacitación profesional en la problemática con el propósito de promover el autovalimiento de las personas afectadas y su integración plena en la comunidad.
La ley dice que se considera persona con (TEA) y/o TGD al conjunto de patologías que se caracterizan por alteraciones generalizadas en diversas áreas del desarrollo del individuo, principalmente en tres dimensiones: la interacción social, la comunicación y la presencia de intereses y actividades estereotipadas, que generan predominio de conductas repetitivas, e impiden y/o dificultan seriamente el proceso de entrada de un niño en el lenguaje, la comunicación y el vínculo social.
Algunos fundamentos
En los fundamentos del veto, el propio Ejecutivo resalta que “diversos organismos técnicos con incumbencia en la temática (Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad, colegios de Psicólogos de Santa Fe y Rosario, Dirección Provincial de Salud Mental, O.N.Gs. y Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario) se han manifestado, sosteniendo un criterio diferente en algunos aspectos” al contenido de la norma.
Menciona una serie de leyes vigentes en materia de salud en la provincia “como la 26.378 que aprueba la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su protocolo facultativo cuyo centro de atención es la reivindicación de los derechos humanos y las capacidades de las personas con discapacidad del modelo social que se contrapone al paradigma centrado en el modelo rehabilitador (médico hegemónico) sobre el cual se ha pensado al sujeto con discapacidad y desde allí, todas nuestras leyes, desde la Ley Nº 22.431 en adelante”.
Reconoce que “los sistemas de prestaciones que se ofrezcan deben contemplar todos los aspectos de la vida humana: salud, educación inclusiva, empleo ordinario, transporte, deporte, recreación, etc. para todos con igualdad de oportunidades, apoyos adecuados a las necesidades de la diversidad humana, eliminando barreras a la dignidad, la autonomía y el ejercicio de los derechos, sin la necesidad de crear leyes y presupuestos especiales para la atención de la discapacidad, sino adecuar las normas generales para que contemplen las necesidades de todos los ciudadanos en sus distintas etapas y condiciones”.
También advierte que una ley como la proyectada, en infancia, no coincide plenamente con el espíritu de la ley de infancia provincial y nacional ya que avanza sobre el “principio de igualdad y no discriminación” por condición de salud y el derecho a la salud.
En los fundamentos se escriben las leyes nacionales y provinciales así como convenciones que contemplan la situación de TEA y TGD y que ellas -para el Ejecutivo- “resultan suficientes para abordar la problemática planteada”.
Una práctica repetida
Una de las características de esta etapa institucional de la provincia donde la oposición controla las dos cámaras legislativas es el uso de la figura del veto total, parcial o la observación con texto alternativo.
El Poder Ejecutivo ha debido usar esta facultad institucional en muchas ocasiones ante la iniciativa parlamentaria de legisladores opositores.
Ejemplos muy sonados fueron los casos de la ley que dispuso la emergencia en seguridad o la creación de una comisión de seguimiento de la concesión de la autopista Santa Fe - Rosario o la ley que dispuso el desdoblamiento electoral para el presente año.
En los tres casos, desde la Casa Gris hubo textos alternativos y los dos primeros fueron aceptados por la Legislatura aunque en el caso de la seguridad con miradas muy encontradas.
También el Ejecutivo observó -aunque con acuerdo de los autores- un veto parcial a la creación del colegio de tecnólogos y ahora aplica la enmienda a la ley de autismo originada en un diputado radical y otro justicialista a los que toma por sorpresa. Ambos además habían abierto la discusión del tema a organizaciones no gubernamentales.
Firmas
Integrantes de organizaciones que agrupan a chicos con autismo se instalaron días atrás en la peatonal San Martín para recolectar firmas para una carta al gobernador Antonio Bonfatti solicitando la promulgación de la norma. Fueron 3.500 adhesiones las obtenidas en muy pocos días en esa zona.
En tanto, en Rosario, firmaron el pedido a Bonfatti unos 480 padres de chicos que padecen problemas de autismo.
