EDITORIAL

El caso M.J. interpela al sistema de adopción

Para M.J., la vida nunca fue sencilla. A poco de nacer, en junio de 2010, debió enfrentar la primera adversidad, cuando fue abandonada en la ciudad de Esperanza. Pero aquella niña logró sobrevivir al desamparo y al rechazo, porque fue encontrada y puesta a salvo.

La Subsecretaría de Niñez buscó infructuosamente a sus familiares biológicos. Como no fue posible dar con ellos, solicitó a la Justicia que la incluyera en la lista de niños con posibilidades de ser adoptados.

Comenzaba para M.J. un camino plagado de nuevos escollos, a raíz de un sistema que por falencias propias o por inaceptables fallas humanas no parece estar a la altura de las necesidades de los chicos que esperan una familia, ni de las expectativas de los matrimonios que aguardan con ansias la posibilidad de recibir un hijo en adopción.

Primero se demoró inexplicablemente la declaración del “estado de adoptabilidad” de M.J. Luego, se produjeron retrasos en la selección de matrimonios candidatos a recibirla. Después surgieron dilaciones en las entrevistas de dichos candidatos.

Mientras tanto, M.J. permanecía bajo el cuidado de un hogar de tránsito. Desde hace décadas, existen en la ciudad de Santa Fe matrimonios que integran una asociación civil que viene cumpliendo con la valiosa tarea de cuidar a los niños mientras se define su futuro.

Sin embargo, surgió una nueva irregularidad. Sin autorización alguna, este matrimonio entregó a M.J. a otra pareja, que soñaba con poder adoptar y que, incluso, integraba el Registro Único de Aspirantes a Guarda Adoptiva (Ruaga), recientemente creado en la provincia.

El vínculo con M.J. comenzó a profundizarse. Mientras M.J. crecía y comenzaba a ser consciente de los primeros eslabones de su vida, se fue generando una relación padres-hijo con este matrimonio.

Cuando finalmente la Justicia resolvió que una pareja de San Carlos estaba en condiciones de recibir a M.J. en guarda preadoptiva, estalló la polémica. El matrimonio que cuidaba de la niña se negó a entregarla. Finalmente, debió ceder y apeló la decisión judicial.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial dispuso que M.J. volviera a manos del matrimonio que la viene cuidando desde hace tiempo.

En sus argumentos, los camaristas resaltaron el vínculo generado entre la niña y la pareja y recordaron que “ante cualquier conflicto de intereses, el interés moral y material de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia”.

Ahora, surgen las preguntas: ¿cómo es posible que el Estado demore casi tres años en seleccionar un matrimonio de posibles adoptantes, cuando existen alrededor de 900 parejas en la lista de aspirantes a recibir un niño? ¿Cómo explicar que ningún organismo público realizara un seguimiento sobre la situación de M.J. mientras avanzaba este proceso? ¿Qué hubiese pasado si la pareja que cuidó de la niña no la hubiera tratado adecuadamente? ¿quién se hará responsable ante tantas desproligidades? ¿cómo garantizar que otros casos similares no estén sucediendo en estos momentos, sin que hayan tomado estado público?

Hacen falta explicaciones, porque este triste caso interpela a un sistema..