AL MARGEN DE LA CRÓNICA

Polémico proyecto en Hungría

Los universitarios húngaros que reciban una beca estarán obligados a trabajar al menos ocho años en el país al terminar la carrera, en lo que el Gobierno ve como una forma de devolver a la sociedad la ayuda recibida, pero que ha provocado una ola de protestas por parte de los estudiantes.

Esta polemica medida generó un nuevo capítulo de protestas de alumnos que representaron un entierro simbólico de la educación universitaria.

Las quejas de los estudiantes se centran en el plan del Gobierno de establecer un “contrato de estudiantes”, por el que quienes tengan matrículas gratuitas han de quedarse a trabajar en el país al menos 8 años, que se pueden repartir a lo largo de dos décadas, o bien devolver el dinero de la beca.

El primer ministro conservador, Viktor Orbán, defendió su proyecto como una “una exigencia fundamentada de la sociedad” para recibir algo a cambio del apoyo a los universitarios.

“Este problema no debe solucionarse así, sino con motivaciones positivas”, como creando puestos de trabajo y elevando los salarios, dijo Dávid Szabó, activista de la red estudiantil que está detrás de gran parte de las manifestaciones.

Los planes del Gobierno pasan por anclar este “contrato” en la Constitución, algo que los colectivos estudiantiles denuncian como un intento de impedir que ni siquiera el Tribunal Constitucional pueda revocar la medida.

De hecho, expertos constitucionalistas advierten de que esa norma choca con la legalidad europea y con el derecho a la libre circulación. El Gobierno húngaro, con una mayoría de dos tercios en el Parlamento, ha usado esa estrategia para blindar otras polémicas leyes, como una sobre el control de medios que provocó incluso la reacción de la Unión Europea.

Si el Gobierno acaba imponiéndose, los becarios que no cumplan el contrato y se marchen del país tras la carrera, tendrán que devolver entre los 13.000 euros que cuesta cursar Económicas o los 4.000 euros de estudios con menos demanda como Filosofía.

También los rectores y las asociaciones de profesores se han manifestado contra los planes del Ejecutivo.

La campaña de movilizaciones, que incluso mantiene ocupada desde hace cinco días varias aulas de la Universidad, se ha convertido en la oposición más efectiva al Gobierno Orbán, mucho más que la de la fragmentada oposición.

Los estudiantes, que insisten en mantener las distancias con todos los partidos, reclaman además que se garantice el acceso a la Universidad sin distinción de clases, más fondos y más independencia para los centros.

También quieren que el número de matrículas gratuitas vuelva a ser de 30.000 al año, la cifra que se manejaba hasta 2011 y que el Gobierno eliminó sin haber precisado una nueva.

Los universitarios también protestan por los duros recortes, de hasta un 40 por ciento, en el número de plazas en las Universidades públicas y afirmaron que no se retirarán de las calles y universidades hasta que el Gobierno no cumpla con sus peticiones.

Ante esto, el Gobierno reaccionó con un relevo en la dirección política de enseñanzas superiores, algo que fue visto como un gesto de diálogo.