Instituciones locales manifestaron su preocupación a Lamberto
Rafaela: malestar por la inseguridad
El intendente Luis Castellano solicitó que se implementen medidas contundentes para enfrentar esta problemática.
Miguel González
“No puede suceder que cuando llamamos a la policía para que nos auxilie ante un caso de inseguridad no sepamos si el que viene es Superman o el villano”. La frase, pronunciada por el comerciante Agustín Arese, retumbó como un cañonazo en el silencio del Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, donde deliberaba medio centenar de representantes de instituciones, del gobierno local y del Ministerio de Seguridad de la provincia. Fue una reunión marcada por la angustia de las víctimas y la impotencia del Estado provincial para dar soluciones urgentes en la medida de lo reclamado. “Me piden más personal, pero es un pedido que me hacen en todos los pueblos. Tenemos 18 mil policías y nos estiramos todo lo que podemos’’, se sinceró el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto.
Arese fue uno de los referentes de un grupo de comerciantes que resultó víctima de asaltos violentos, a plena luz del día, en el corazón del centro rafaelino. A fines de enero, aprovechó una fugaz visita del ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, para expresarle algunas sensaciones sobre la inseguridad que se vive en Rafaela. Lamberto prometió una visita con respuestas y volvió a la ciudad, aunque su visita no terminó de satisfacer los reclamos de las fuerzas vivas rafaelinas.
El primer paso de la agenda de Lamberto en la cabecera del departamento Castellanos fue entregar 5 motocicletas en la Jefatura de la Regional V, donde reconoció que su titular, Marcelo Bianciotti, es uno de los jefes policiales que será reemplazado en las próximas semanas, por llegar al límite de 30 años cumpliendo servicios. Luego, el funcionario fue al municipio donde lo esperaban los reclamos de comerciantes, instituciones intermedias y representantes del gobierno municipal.
La bienvenida del intendente, Luis Castellano, no dejó lugar a dudas sobre el contenido de la reunión. “La situación no da para más. Son necesarias medidas contundentes. Estamos trabajando desde nuestra responsabilidad municipal de manera preventiva. Su presencia nos da la posibilidad de dialogar con quienes son los responsables directos de la seguridad de la provincia”, manifestó Castellano a Lamberto.
A lo que siguieron reclamos fuertes como el de Estela Marachinsky, dueña de una estación de servicios ubicada en diagonal con la Estación de Omnibus de la ciudad. Marachinsky calculó que ya sufrió 30 robos, “cada vez más violentos. Tengo uno o dos robos por mes y son cada vez más graves”, dijo.
Y apuntó a la Justicia: “Hay gente buena y mala en la policía. Son seis o siete en investigaciones y trabajan mucho. Me parece que hoy el que más tiene que ayudar es el juez. La policía detiene a gente que se declara culpable y el juez los larga en diez días. Entonces se necesita que lo jueces colaboren un poco’’.
Por su parte, Fabián Montú manifestó: “Es una cadena de corrupción y de ineficiencia y los ciudadanos estamos en el medio y somos maltratados y ya no sabemos qué puerta golpear. Acá tendrían que estar los organismos nacionales, provinciales y la Justicia haciendo más para combatir este flagelo. Da la sensación de que la voluntad es que los delincuentes estén libres, la gente se siente desprotegida. Los legisladores nacionales están mirando otras cosas y los provinciales no sé qué hacen”.
Respuestas escasas
Luego de la catarata de pedidos, Lamberto dejó algunas precisiones sobre acciones a implementar. Habló de la creación de la brigada de motociclistas que se formará con las 5 motos -que entregó- para prevenir y combatir a los “motochorros” y reveló que dio instrucciones a los jefes policiales para que desafecten a la mitad del personal administrativo de la Regional, con el fin de que cerca de 35 efectivos pasen a comisarías y dependencias de servicio activo por la seguridad.
En el resto de los anuncios fue mucho más vago. Por ejemplo, el ministro mencionó su satisfacción por el hecho de que el municipio de Rafaela haya instalado las primeras 40 cámaras de seguridad en 12 puntos estratégicos de la ciudad y prometió que la provincia aportará más cámaras “cuando se realicen las licitaciones correspondientes”.
Además, Lamberto ratificó que el gobernador Antonio Bonfatti tomó la decisión política de “priorizar las inversiones en seguridad’’ en la provincia y destacó la necesidad de ir adecuando el Código Procesal Penal a los requerimientos de los tiempos que corren.
Pese a recibir un pedido de 200 nuevos efectivos para la Regional, Lamberto anunció que sólo se incorporarán “seis nuevos agentes egresados del Isep para tareas de patrullaje en la calle”, mención que arrancó algunas sonrisas irónicas entre sus interlocutores. En la reunión se hallaban, además del intendente, los comerciantes y vecinos; el senador Alcides Calvo; los diputados Roberto Mirabella y Rosario Cristiani; el presidente del Concejo Municipal, Jorge Maina; el titular de la Sociedad Rural de Rafaela, Fernando Calcha; el vicepresidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Marcelo Modenesi; concejales de todos los bloques y dirigentes de varios sectores políticos.
La voz de los empresarios
Marcelo Modenessi, vicepresidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, señaló: “Nos gustaría ver que hay una decisión política de todos los sectores de la provincia para disminuir la tasa de delito que existe en la actualidad. Sugerimos la constitución de una mesa chica, que el gobierno provincial se junte con la Corte Suprema de Justicia, con lo jueces, con la policía, con la ministra de Educación. Hablamos de la participación en esa mesa chica de todos los sectores que pueden dar respuestas concretas al problema de la seguridad. Lamentablemente, no es ésa la sensación que tenemos. Vemos que la mayoría se saca el fardo de encima. Todos tienen buenas intenciones, pero no observamos una decisión política para ver qué podemos hacer o aportar desde cada sector para solucionar este problema. La desesperación de la gente hace que pida móviles, policías; pero sabemos que no es la solución. La solución tiene que ser más de fondo. En vez de ofrecer una capacitación para actuar en robo de menores por qué el Ministerio de Educación no facilita la posibilidad de enseñar un oficio a los chicos que no estudian. El sector privado le va a dar una mano, desde el comercio, la industria y los municipios. Tenemos que encontrar un lugar para que los menores estén contenidos y aprendan un oficio, un deporte, que siempre va a salir más barato que comprar un móvil policial. Que se junten todos y traten de dar respuestas a este problema”.
