Crónica política

Es probable que no haya justicia

Rogelio Alaniz

Del señor Héctor Timerman puede decirse, a modo de apretada síntesis, que reúne todos los defectos de su padre sin ninguna de sus virtudes. A los que se sorprenden por su comportamiento como canciller, habría que recordarles que a la hora de evaluar sus conductas nunca se debe perder de vista que se trata del mismo personaje que en su momento, y en el pleno dominio de sus facultades, puso un diario al servicio de la dictadura militar. ¿No cambió en estos últimos cuarenta años? Me animaría a decir que en lo fundamental, no. Y lo fundamental, en este caso, es cómo concibe este caballero su relación con el poder. Los militares no son lo mismo que los Kirchner, pero esa diferencia para el señor Timerman es un detalle, porque lo que importa en todos los casos es la fascinación por el poder, la necesidad o la pulsión por merodear en su entorno y beneficiarse de sus privilegios. Lo demás son detalles que a Timerman no lo distraen ni le hacen perder el tiempo.

A los que les llama la atención sus críticas a Israel, habría que recordarles que es la misma persona que en su momento se ofreció ante el gobierno de los Kirchner como la persona indicada para aceitar contactos con el lobby judío de Estados Unidos, gestión que los Kirchner consideraron interesante en aquellos días porque entonces estaban muy interesados en posar de occidentales y blanquear la relación con el imperio. Mención especial merece la singular sobreactuación del canciller en Ezeiza inspeccionando supuestas infiltraciones imperialistas en la Argentina. Después nos enteraríamos que esta súbita inspiración combativa era coincidente con la necesidad de presentarse como un ministro confiable para la viscosa diplomacia iraní, cuyos funcionarios, seguramente, deben de haberse regocijado internamente por disponer de un judío a su gusto y placer, una sensación no muy diferente de la que embargaba a los nazis cuando un “judenrat” o un “sondercommand” les rendía pleitesía y se les postraba a sus pies.

Es cierto que en el caso de Timerman se aplica el refrán que dice que la culpa no la tiene el perro sino el que le da de comer. Y los Kirchner en este tema suelen ser generosos, con esa proverbial generosidad de quienes pagan favores con plata que nunca sale de su bolsillo. La generosidad seguramente se hará extensiva a la señora Beatriz Mirkin y el señor Carlos Eliceche, creadores de la sorprendente figura legislativa conocida como “dipuquorum”, una creación de calidad institucional no muy diferente de las que utilizaron quienes en otras circunstancias y para votar también un proyecto canalla, recurrieron al “diputrucho” y en otro momento a un “borocotó”.

Es que, aunque no se crea, el peronismo sabe muy bien qué es lo que hay que hacer para que un Parlamento funcione. Y no solo el Parlamento. Pertenecen a su laboratorio institucional hazañas como las candidaturas testimoniales, de las cuales el señor Scioli fue uno de sus obedientes y desenfadados ejecutores. Y al respecto, habría que preguntarse qué milagros políticos ocurren en la Argentina para que un señor como Scioli, que avaló, legitimó y fue cómplice de la mayoría de las trapisondas del oficialismo, se presente hacia el futuro como la alternativa superadora de quien fuera vicepresidente, gobernador y operador a todo servicio. Pregunto. ¿Alcanza para diferenciarse de lo indiferenciable poner cara de que lo que está haciendo no le gusta? ¿O sacarse fotos vestido de jugador de fútbol? Pregunto.

Después están las anécdotas. Por ejemplo, las protagonizadas por el señor Andrés “Cuervo” Larroque (¿por qué le dirán Cuervo?), un paradigma combativo cuya exclusiva habilidad parece ser la de hacer de su vocabulario lo más parecido a la idea que uno tiene de una cloaca. A ese comportamiento cachiporrero, obsceno, propio de un provocador o de un matón de patota y, por qué no, de un niño bien pretencioso y engrupido, las usinas del oficialismo lo califican con una inquietante y perturbadora etiqueta: “militancia juvenil”.

Hubo otras novedades esta semana. La promotora de este caso fue la Procuradora General, señora Alejandra Gils Carbó. Muy suelta de cuerpo y como si ella viniera de un repollo, declaró que en la Argentina la justicia es corporativa, autoritaria, burocrática y oscurantista. ¿Qué tal? Lo más interesante del caso es que en otros tiempos la comparsa oficialista calificaba a la Corte Suprema de Justicia como una de las grandes conquistas democráticas de su gestión. ¿Qué pasó de entonces a ahora? Muy sencillo y muy aleccionador: los jueces de la flamante Corte no hacían lo que los Kirchner querían u ordenaban. Interesante el juego. Atendiendo al humor de la época, armaron una Corte de lujo y se preocuparon por obtener beneficios publicitarios con el gesto, pero cuando esa Corte decidió tomarse en serio su rol, los compañeros empezaron a ponerse nerviosos. “No los pusimos allí para esto”, declaró con tortuosa sinceridad ese otro relevante pensador de la causa nacional y popular que se llama Aníbal Fernández y que, fiel a su estilo, supone que la mejor Corte Suprema de Justicia es la que se parece a una Unidad Básica.

Las operaciones políticas del kirchnerismo en ese sentido son monótonas, previsibles y coherentes. Es sabido por todos que las instituciones no son perfectas, nunca suelen serlo. Disponen de vicios y virtudes y algunas veces los vicios suelen ser superiores a las virtudes. En ese contexto lo que hacen los Kirchner es muy sencillo: sus militantes comienzan a criticar los vicios institucionales mientras sus operadores trabajan no para eliminar los vicios sino para borrar sus virtudes. En el camino quedan los engañados y los que se dejaron engañar.

La señora Gils Carbó no descubre la pólvora cuando enumera los problemas existentes en los juzgados y tribunales. Lo que sucede es que la solución de los Kirchner a estos problemas no son las que pergeñan los chicos de “Página 12” o algunos académicos de perfil “progre” y vocación “nac&pop”. ¿O una vez más hace falta recordar que la respuesta de los Kirchner a cada uno de los problemas institucionales o de ejercicio del poder, no es la que está en la biblioteca de “Carta Abierta”, sino la que practican los inescrupulosos y corrompidos operadores de El Calafate? ¿O es necesario insistir en que no son los Forster, los Feinmann, los González los que deciden, sino los López, los Ulloa, los Zannini o los De Vido?

Y si alguien se siente mordido por los colmillos filosos de la duda, que le pregunte al señor Eduardo Sosa cómo le fue el día que como Procurador consideró que era necesario que los Kirchner dieran alguna explicación sobre lo que habían hecho con los millones de dólares de las regalías petroleras que desparecieron de la faz de la tierra y de la faz de Santa Cruz. Por supuesto que la explicación nunca llegó, pero en el camino Sosa se quedó sin cargo. Y no sólo se quedó sin cargo, sino que cuando un fallo de la Corte Suprema, la misma que hoy critica Gils Carbó, ordenó que lo repusieran, tampoco se cumplió.

Es que como dijera hace unos años el señor Eugenio Zaffaroni, en el Santa Cruz de los Kirchner lo que existe es un régimen político bananero al estilo República Dominicana de Trujillo o un liderzazo plebiscitario que recuerda a los nazis. ¡Así pensaba Zaffaroni cuando era diez años más joven, más progresista y confiaba más en la honestidad de sus ideas! ¿Quién cambió en estos tiempos? ¿Zaffaroni o los Kirchner? Una buena pregunta que como punto de partida admite una exclusiva respuesta: los Kirchner, para bien o para mal, siempre fueron idénticos a sí mismos.

De todos modos, convengamos que alguna razón le asiste a la señora Gils Carbó. La justicia argentina no anda bien y alcanza con mirar alrededor de uno mismo para verificarlo. Sin lugar a dudas que una justicia que cuente como juez federal a un señor como Norberto Oyarbide deja mucho que desear. Sin lugar a dudas que la justicia en nuestra patria no funciona si un malandra como Ricardo Jaime anda suelto por la calle. Sin pestañear hay que decir que algo serio está pasando con la justicia cuando uno de los señores de la Corte habilita sus propiedades para que funcionen prostíbulos y lupanares. En un país civilizado no se puede decir que haya justicia si un señor como Boudou no solo anda suelto sino que, además, es el vicepresidente de la Nación. Algo hay que cambiar en este país si los responsables de la muerte de más de cincuenta personas no rinden cuenta de sus actos.

Claro que la justicia anda mal en la Argentina si, como los hechos se empeñan en demostrarlo, sus fallos no son acatados por el poder político, si la publicidad oficial no llega a Perfil y a los jubilados no se les reconocen sus derechos. Algo anda mal en estos pagos, y esto va más allá de la justicia, si una presidente por mutilaciones políticas o mutilaciones afectivas es incapaz de expresar un sentimiento de solidaridad o de consuelo a los familiares de las víctimas de Plaza Once o de la AMIA.