Edición del Domingo 03 de marzo de 2013

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Un empresario privado mantiene socavada la protección del túnel   - Edición Impresa - Información General Información General

La violación lleva años y las provincias no reaccionan

Un empresario privado mantiene socavada la protección del túnel

Un empresario privado mantiene socavada la protección del túnel

Restricción absoluta

El 1º de septiembre de 2003 y previo dictamen jurídico y técnico, el Consejo Superior Interministerial del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial -integrado por los ministros de Hacienda y Gobierno y Justicia de Entre Ríos y de Hacienda y Finanzas y Obras y Servicios Públicos de Santa Fe- a través de la resolución Nº 08/03, dispuso fijar una zona de restricción absoluta en el área de 50 metros, a cada lado del eje del túnel, una zona de seguridad física hasta 100 metros del mismo área y una zona de seguridad administrativa en todos los terrenos.

 

Lotes con red de gas y dársenas para amarrar embarcaciones se venden arriba del enlace subfluvial, en la cabecera entrerriana, en una zona de “restricción absoluta” que había sido rellenada por los constructores del viaducto subfluvial para protegerlo.

 

Benito Geist

economia@ellitoral.com

El empresario entrerriano Sergio Gregorio Lifchitz dragó parte de los bajos sobre la cabecera entrerriana del túnel subfluvial, para conformar una “caleta” -así la llama- de amarras de embarcaciones privadas, como parte del barrio cerrado cuyos lotes tiene a la venta, con servicio de red de gas incluido.

Amarras del Sol, que administra Paraná Fiduciaria SA, está emplazada sobre un refulado de arena que los constructores del túnel pusieron allí precisamente para proteger la cabecera del enlace subfluvial, en terrenos de dominio público provincial de Entre Ríos que fueron afectados al túnel.

Lifchitz argumenta que compró los terrenos a la Municipalidad, y que otra parte del predio se lo regaló el río “por aluvión”. Sin embargo no ignoraba que el inmueble es de la provincia de Entre Ríos y que además está afectado al ente interprovincial del túnel, en el marco del tratado interprovincial entre Sylvestre Begnis y Uranga.

El ente que administra el túnel y que integran dos ministros por cada provincia no ha intervenido judicialmente para impedir el insólito emprendimiento privado, que tiene fuertes connotaciones políticas.

Entre Ríos cedió por 100 años sin cargo, al Club Náutico de Paraná, la dársena donde se construyeron los tubos del túnel y su entorno, donde hoy se guardan embarcaciones privadas.

Jorge Busti firmó la cesión (escritura Nº 463 del 11/12/1991) que recibió Lifchitz como presidente del Náutico. Allí queda claro que los terrenos son parte de una propiedad provincial mayor, en el que están el propio túnel y otro lote contiguo, al norte del enlace subfluvial.

Sin desafectar el dique de la jurisdicción del ente interprovincial del túnel, Busti ordenó la medida, que nunca tuvo reparo formal santafesino, aun cuando la jurisdicción era compartida.

La Municipalidad de Paraná también reclamó los terrenos que ocupa el Náutico cuando Lifchitz era presidente del club. Pero la Justicia entrerriana dictaminó que el predio era de la provincia.

Sin embargo, Lifchitz asegura por otro lado -y con el mismo abogado mediante- que compró el lote al norte del túnel a la Municipalidad. Durante la última gobernación de Sergio Montiel, en 2003, el gobierno provincial entrerriano inició una acción judicial (nulidad y reivindicación) contra la Municipalidad de Paraná y planteó una medida cautelar (prohibición de innovar y contratar) contra Lifchitz y su country.

Pero Jorge Busti, cuando volvió a la gobernación, firmó el decreto 7.560/05 junto a su por entonces ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, por el cual desistió de esa acción.

La argumentación corrió por cuenta de la entonces fiscal de Estado, doctora Claudia Mizawak, hoy miembro del Superior Tribunal (Corte) de Entre Ríos. Básicamente el gobierno de la provincia argumentó que no quería ocasionar perjuicios a los paranaenses (la Municipalidad) que hubieran tenido que pagar por los perjuicios de un juicio que perdería.

El decreto de Busti no sólo despejó de hecho la continuidad del emprendimiento de Lifchitz sobre los terrenos provinciales que “compró” a la Municipalidad, sino que por añadidura convalidó la apropiación por parte de éste sobre la manta de protección del túnel que anexó unilateralmente a su “dominio”.



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