El escándalo del lavado de dinero

Báez denuncia a Fariña y Elaskar

De la redacción de El Litoral

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DyN

El empresario kirchnerista Lárazo Báez se presentó hoy ante el juez federal Sebastián Casanello, que investiga las denuncias sobre presunto lavado de dinero que lo involucran, y anunció que iniciará acciones legales contra el financista Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña.

Según informó el empresario en un comunicado, la presentación fue “espontánea” con el fin de “ponerse a disposición” en la causa y “brindar todas las explicaciones” necesarias para “aclarar, de una vez y para siempre, que no ha intervenido en la realización de conducta alguna al margen de la ley”.

Además, Báez informó que nombró como su abogado defensor a Gabriel Gandolfo, en el marco de la primera reacción legal del empresario ante la causa que se inició luego de que el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, difundiera hace tres semanas un informe llamado “la ruta del dinero K” donde se ventilaban presuntas operaciones de lavado de dinero. Allí, aparecían filmados y hablando dos jóvenes: Elaskar, dueño de una financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita; y Fariña, conocido por ser el marido de la modelo Karina Jelinek, jactándose de haber sacado de dinero rumbo a Suiza, vía Panamá, a pedido de Báez.

En base a ello, el juez Casanello tiene en sus manos una causa caratulada como “Báez Lázaro sobre encubrimiento (art 277) y asociación ilícita”, en la que sólo se ha pedido investigar como sospechosos a Elaskar y Fariña.

Cómo sigue

En los próximos días el fiscal Guillermo Marijuán, que se incorporó el jueves pasado a la investigación, pedirá ampliar la investigación y, según los trascendidos, apuntaría directamente a la ruta del dinero y avanzaría sobre Báez, indicaron fuentes del caso.

En ese marco, el empresario -que ya había hablado en Santa Cruz diciendo que querían ensuciar la memoria de su amigo Néstor Kirchner- se presentó hoy a través de sus abogados en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, de Retiro. Fue a través del abogado defensor Gabriel Gandolfo, un letrado que supo defender al empresario Raúl Moneta, por el desguace al Banco Mendoza; y al ex funcionario menemista Aldo Dadone en la causa IBM-Banco Nación.

Rechazo y promulgación

• La jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre rechazó in límine (sin tratamiento) el “amparo preventivo” presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra la ley que modificó el régimen de medidas cautelares y contra la que creó tres nuevos tribunales de Casación. El fallo, fechado en la víspera pero reportado esta mañana, explica que cuando fue presentada la acción judicial todavía no habían sido publicadas las normas en el Boletín Oficial, lo que -en el caso de las cautelares- ocurrió en la edición de hoy.

El rechazo “in límine de la acción de amparo preventivo colectivo interpuesta” eximió a la jueza de tratar todos los argumentos postulados por Gil Domínguez para cuestionar la constitucionalidad parcial de ambas leyes. No obstante, el fallo deja abierta la posibilidad de que, una vez publicadas en el Boletín Oficial, el abogado constitucionalista insista con sus planteos.

Advertencia de la ONU

• La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, exhortó a la presidenta Cristina Fernández a reconsiderar la reforma judicial impulsada por su gobierno, al remarcar que “el Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura”.

“La disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura” y “las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares” son “contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, indicó Knaul, quien es brasileña.

A través de un comunicado difundido en la ciudad suiza de Ginebra, la funcionaria subrayó que “el Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales”.

“Hago un llamado a Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial”, aseveró.

Luego, Knaul indicó que las “limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son contrarias a los artículos 2 y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes”.

"No he intervenido en la realización de conducta alguna al margen de la ley”.

Lázaro Báez,

en su presentación ante el juez.

"Nadie va a robar nada, porque vamos a controlar todo”.

Cristina Fernández de Kirchner, en un acto en Las Heras (Santa Cruz), en respuesta a una persona del público.