editorial

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Advertencia de la ONU por la reforma judicial

Desde el organismo internacional se plantean las mismas observaciones que surgen en la Argentina desde el todo arco opositor, ONG’s y organizaciones que representan a jueces, fiscales y abogados

 

 

“La Justicia no es un órgano político”, advirtió la brasileña Gabriela Knaul, titular de la Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial.

Sus palabras sonaron a obviedad. Sin embargo, las circunstancias por las que atraviesa la Argentina tornan imprescindible la necesidad de repasar principios fundamentales del sistema republicano y democrático.

Knaul hace hincapié en dos de los seis proyectos que forman parte del paquete de leyes tendientes a “democratizar la Justicia”. Específicamente, apunta a la norma que limita la posibilidad de medidas cautelares en causas en las que el Estado aparezca involucrado, y a la ley que promueve la elección de consejeros de la Magistratura a través de postulaciones político-partidarias.

Se trata de las mismas observaciones realizadas en el país por todo el arco opositor, ONG’s vinculadas con la temática y órganos que nuclean tanto a jueces, fiscales y abogados.

La funcionaria de Naciones Unidas sostuvo que las limitaciones a las medidas cautelares son contrarias a los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos -con rango constitucional en la Argentina-.

Estos artículos plantean, básicamente, que toda persona “cuyos derechos o libertades reconocidos en el Pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.

Con respecto a la postulación político-partidaria de miembros del Consejo de la Magistratura, Knaul insiste en los mismos interrogantes que retumban en la Argentina desde hace un par de semanas: ¿cuál será la garantía del ciudadano de que tendrá acceso a jueces imparciales? ¿Por qué hay necesidad de vincular a los consejeros con los partidos?

El gobierno nacional reaccionó como es su costumbre: atacando y desacreditando a todo aquél que se atreve a realizar alguna crítica.

La Cancillería manifestó que la relatora de la ONU actuó con “clara parcialidad”, “desinformación” e “intencionalidad”.

Lo que el gobierno no responde, es por qué es necesario que los partidos políticos postulen, en listas sábana, a los candidatos a integrar el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de elegir, sancionar o destituir a los jueces de la Nación. Se trata de un sistema inédito en el resto de los países republicanos y democráticos del planeta.

El partido que gane la Presidencia en la Argentina, estará en condiciones de controlar políticamente al Consejo de la Magistratura. Ya sean kirchneristas, peronistas “disidentes”, radicales, socialistas o macristas. Los consejeros elegidos en las urnas le deberán sus cargos al partido que los designó como candidatos.

Y para que el plan de control resulte infalible, se modificó también la cantidad de votos necesarios dentro del Consejo para destituir a un juez. Hasta ahora, se requería la conformidad de las dos terceras partes de los consejeros. Cuando estas leyes entren en vigencia, bastará con la mitad más uno de los votos.

No importa si el reproche llega desde la oposición, de ONG’s o de un organismo internacional como las Naciones Unidas.

Cristina Fernández prometió a sus seguidores “ir por todo”. Y éste, parece ser un paso más para alcanzar su objetivo.

La corrupción parece haberse convertido en un mal endémico y estructural.

Y el control de la política sobre la Justicia representa la llave para que nada cambie.

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