Tribuna política
Democratización de la Justicia
Daniel Erbetta (*)
Existe consenso en la actualidad en favor de la modernización y mejoramiento del Poder Judicial y ello hace que el debate sobre el estado de la Justicia y su reforma deba ser bien recibido. Claro que para quienes nada hay que cambiar, esta discusión carece de sentido. Convencido de lo contrario, vale reivindicar todos los escenarios que favorezcan un debate abierto, horizontal y plural sobre la “democratización de la Justicia”, expresión de uso frecuente en estos días, aunque reconozca antiguos desarrollos y preocupaciones, como ocurriera en los albores de la democracia, con el gobierno de Raúl Alfonsín.
Dado el maniqueísmo al que algunos sectores suelen apelar en esta particular y tan dinámica coyuntura, me parece oportuno aclarar, para que nadie se asuste pero también para que nadie manipule la cuestión, que éste no es un debate en torno a la elección popular de los jueces (sistema propio de algunos Estados de los EE.UU.), tampoco es un debate en contra de nadie, ni mucho menos implica dejar de reconocer lo positivo que ha pasado en la Justicia en estos años, en particular la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en el plano jurisdiccional, la relevante doctrina constitucional que la Corte nacional ha sentado en diversas materias; se trata de generar un espacio para discutir propuestas que permitan fortalecer y mejorar la legitimidad de origen y especialmente la de ejercicio de un poder, cuyo adecuado funcionamiento resulta indispensable para la democracia.
Hace unos días, me preguntaba un periodista si el Poder Judicial debía reconciliarse con los ciudadanos y la respuesta fue que no estaba en condiciones de asegurar si alguna vez hubo conciliación. Es que hemos heredado un modelo de poder judicial estructurado a través de una burocracia jerárquica y todavía persiste esa matriz burocrática, si se quiere conservadora y relativamente cerrada. Y éste es un dato estructural que no va en desmedro del esfuerzo y la actitud de muchos jueces y funcionarios que hacen honor a su responsabilidad. Pero globalmente es necesario asumir la necesidad de superar la desconexión entre una organización y sus prácticas jurídicas y las reales demandas sociales.
Democratizar la Justicia es una expresión ambiciosa y creo que entre todos debemos darle contenido concreto.
No se agota en la discusión sobre los proyectos que, mayoritariamente destinados al fuero federal (no a las provincias), alimentan hoy la discusión pública. Sobre ellos me permito una discreción metodológica. Es que, para discutirlos, primero hay que leerlos, porque suelen escucharse afirmaciones tan groseramente erróneas que sólo cabe suponer un total desconocimiento de los textos en cuestión. Lamentablemente, la puja política partidaria reduce toda posibilidad de discusión racional, en tanto de un lado el análisis de las propuestas se sustituye por la descalificación hacia quien las sostiene; y del otro, se condiciona temporalmente el tratamiento, evitando una discusión seria sobre iniciativas de significación institucional.
Democratizar la Justicia supone rediscutir el alcance de la garantía de independencia en el sentido más amplio y no sólo hacia los otros poderes, hacia los poderes fácticos o los lobbies de algunos estudios, sino también hacia adentro de la propia estructura burocrática y también contra la dependencia que genera la delegación de funciones y las prácticas rutinarias y en el fuero penal la dependencia de la policía que fiscales y jueces de instrucción tienen en la investigación y construcción de los casos criminales; significa horizontalizar a los jueces porque ése es el modelo que impone la Constitución (que distingue competencias y no jerarquías), pero evitar que se neutralice corporativamente la responsabilidad funcional, porque una cosa es la independencia y otra la irresponsabilidad; favorecer el acceso amplio a la Justicia fortaleciendo la de cercanía o comunitaria; asegurar el derecho de víctimas y justiciables, lo cual no es posible cuando la Justicia nunca llega, llega demasiado tarde o termina identificándose con un “abuso cautelar” del proceso; erradicar la selectividad estructural del sistema penal y neutralizar el abuso de prisión preventiva, las penas sin juicio y sin condena; evitar la impunidad; transparentar los compromisos y el funcionamiento del Poder Judicial (lo que supone desterrar en todos los fueros y competencias la cultura del trámite y la escritura e implantar un sistema de audiencias públicas y orales) y pensar en mecanismos de control ciudadano, porque no basta con garantizar mecanismos transparentes de ingreso, la actividad judicial debe también validarse en su ejercicio.
Como puede verse en esta incompleta enumeración, algunas de estas cuestiones deben articularse con otros poderes del Estado y otras no. En Santa Fe se ha avanzado en varios de estos postulados, pero debemos profundizar y acelerar otros cambios (la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal contribuirá decididamente a la democratización).
Pero cuidado, porque las transformaciones estratégicas dependen siempre de un cambio de mentalidad y de actitud y la democratización implica romper con culturas consolidadas a lo largo de muchos años que son la derivación de la matriz burocrática a la que he referido. Debemos mirarnos críticamente hacia adentro para revisar esas prácticas y culturas, no perder jamás la sensibilidad frente a los conflictos y las violaciones de derechos, ni el contacto con la gente, debemos asumir con humildad nuestra función y evitar perder el sentido común. Debemos desterrar una cultura que muchas veces supone aceptar como algo “natural” situaciones que cualquier persona con un mínimo de racionalidad juzgaría como inaceptables.
Hay mucho por hacer, pero lo importante es haber comenzado a transitar el camino. Por ello, debemos reivindicar un espacio democrático y plural como el que propone el movimiento de Justicia Legítima y garantizar la mayor apertura, sin condicionamientos, sin jerarquías, porque los judiciales no debemos tener miedo al debate ni a la confrontación de ideas, sólo debemos apelar a que se haga seria y responsablemente.
Como espacio democrático y plural debemos priorizar el debate y admitir el disenso porque no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todos los puntos, las comas o las propuestas de solución.
Nos alcanza con reconocer que no estamos de acuerdo con el quietismo, que no estamos dispuestos a resignarnos ante el status quo, que vamos a apoyar y a alimentar con nuestra mirada la necesidad de una discusión política abierta que permita repensar la matriz del Poder Judicial, por fuera de cualquier coyuntura, y que estamos dispuestos a mirarnos hacia adentro pero también, y como dijera el Papa Francisco recientemente, a abrirnos a la sociedad, porque una organización que se cierra, a la larga o a la corta, se envicia en la atmósfera de su propio encierro.
(*) Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Ex Decano de la Facultad de Derecho de la UNR. Profesor universitario
Debemos reivindicar un espacio democrático y plural como el que propone el movimiento de Justicia Legítima y garantizar la mayor apertura, sin condicionamientos, sin jerarquías, porque los judiciales no debemos tener miedo al debate ni a la confrontación de ideas.
