Cuando impera la prepotencia
Desde que Aerolíneas Argentinas pasó a manos de La Cámpora, se convirtió en una suerte de emblema para el gobierno nacional. De hecho, a lo largo del año pasado recibió 4.100 millones de pesos en materia de subsidios estatales, lo que provocó un verdadero desequilibrio competitivo en el transporte de pasajeros y puso en jaque a las líneas de colectivos de larga distancia.
Pero la entrega prácticamente ilimitada de recursos estatales no parece ser el único mecanismo implementado desde el gobierno para asegurar la sustentabilidad de Aerolíneas Argentinas.
Como esta inyección permanente de dinero público no resulta suficiente como para generar una aerolínea eficiente, desde La Cámpora se tomó la decisión política de plantear todo tipo de dificultades a aquellas empresas que puedan representar una verdadera competencia para la línea de bandera.
En las últimas horas, la empresa LAN debió suspender sus vuelos en el país debido a que la estatal Intercargo dejó de brindarle servicios imprescindibles para su operatividad dentro de los aeropuertos.
Intercargo, también en manos de La Cámpora, es la única firma autorizada para realizar tareas esenciales de rampa a lo largo y ancho del país. En este caso, el argumento esgrimido desde el gobierno para adoptar la medida apuntó a una supuesta deuda de LAN en el pago de estos servicios.
El contrato en el que se pactaron las tarifas se firmó a mediados del año pasado y vence el 31 de marzo de 2014. Según lo estipulado, LAN debe abonar a Intercargo 32,4 millones de dólares anuales. Sin embargo, y a pesar de lo que dice el acuerdo, la empresa estatal argentina reclama 18 millones de dólares adicionales.
Frente a este cambio de condiciones, LAN acudió a la Justicia, y el juez Francisco de Asís Soto dictó una medida cautelar, hasta tanto se pudiera resolver el fondo de la disputa. Sin embargo, Intercargo desoyó la orden judicial e implementó medidas de acción directa que impidieron que los aviones de la aerolínea pudieran despegar de los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza, con directo perjuicio para miles de pasajeros.
La provincia de Santa Fe conoce perfectamente cuáles son las consecuencias generadas por la estrategia del gobierno nacional de colocar trabas a las operaciones de LAN en el país, con el objetivo de beneficiar a Aerolíneas Argentinas.
Desde el 1º de marzo del año pasado, por decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), LAN se vio obligada a suspender sus operaciones directas entre el aeropuerto Islas Malvinas, de la ciudad de Rosario, y el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de la ciudad de Lima, Perú.
Todos los esfuerzos por sostener aquellos vuelos resultaron estériles y, desde entonces, la provincia perdió la posibilidad de contar con una ruta que representaba la puerta de entrada a numerosas conexiones internacionales.
El objetivo estatal de brindar el apoyo necesario a Aerolíneas Argentinas para fortalecer a la línea de bandera no merece objeción y debe ser respaldado. El problema radica en los métodos utilizados para alcanzar esos objetivos. En vez de mejorar los propios servicios, la acción tiende a mutilar los ajenos.
Lo que sucede con LAN y Aerolíneas Argentinas es apenas una muestra de lo que ocurre en los ámbitos más diversos.
La cultura del avasallamiento y la prepotencia, lamentablemente, se ha convertido en un sello distintivo del gobierno nacional.
