Edición del Viernes 24 de mayo de 2013

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Cuándo diremos ¡basta! - Opinión Opinión

Tribuna política

Cuándo diremos ¡basta!

Juan Daniel Stella (*)

mail@ellitoral.com

Un gobierno total y absolutamente legítimo en su origen, puede resultar un gobierno total y absolutamente ilegítimo en su acción. El desconocimiento de la división entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el sano equilibrio y contralor que debe existir entre ellos, promueve un ineficiente funcionamiento de las instituciones de la República y una inconcebible degradación de la Democracia; Democracia que tantos sufrimientos y sacrificios nos costó a los argentinos. Es imprescindible que como ciudadanos tomemos cabal conciencia de la urgencia y necesidad de reclamar y hacer valer nuestros derechos y garantías constitucionales. No podemos, ni debemos mantenernos pasivos y ajenos a la corrupción, la inseguridad, la inflación, la pobreza, la flagrante violación que se intenta consumar en el Poder Judicial, para que, la Justicia, de por sí con un irregular funcionamiento, se convierta lisa y llanamente en una ficción. Sin temor a equivocarnos, podemos sostener que las libertades individuales se encuentran en inminente peligro.

Es realmente asombrosa la falta de criterio y de respeto a la gente, la subestimación a nuestra inteligencia en la forma en que fue tratada la mentada reforma judicial, bajo el pomposo título: “Democratizar la Justicia”, la impúdica muestra de obsecuencia y desprecio por parte de las mayorías circunstanciales, por todos, sí, dije bien, por todos los ciudadanos de este país, quienes en forma contundente e inconfundible, manifestaron su rechazo y su cansancio por los abusos del poder.

Desde ningún punto de vista quienes ejercen el poder pueden indefinidamente hacerse los distraídos, como que nada sucede. Lo que está sucediendo en Argentina es grave y de persistir en tan lamentable acción política, podría generar consecuencias aún mayores. Estamos a tiempo de cambiar las actitudes, las conductas y construir un país que contenga al conjunto de la sociedad; un país en el que se persiga el bien común y el desarrollo integral de la persona humana, dejando de lado los intereses mezquinos y egoístas que sólo benefician a unos pocos. Un país en el cual los principios éticos y morales irradien e influyan decisivamente en los que ejercen el gobierno.

Como ya lo expresé con anterioridad, el inapropiado, inoportuno, indiscriminado e inconstitucional avance sobre el Poder Judicial, nos obliga a continuar atentos y movilizados en defensa de uno de los poderes del Estado que goza de cierta independencia y es el último resguardo de los derechos y garantías que gozamos los ciudadanos. Personalmente, confío en los jueces probos y con independencia de criterio, como así también en una Suprema Corte de Justicia que va a tener la sabiduría y el coraje suficiente para resguardar los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional.

Sin lugar a dudas, el proyecto aprobado en relación con las medidas cautelares, establece un privilegio a favor del Estado, so pretexto de ser el “Estado”, quebrantando la igualdad que debe regir en todo proceso judicial. Es una situación realmente inadmisible.

El Consejo de la Magistratura, institución llamada a cumplir una función muy importante, es distorsionado de una manera inconcebible y desproporcionada. A partir de esta reforma, la elección se torna partidocrática y establecer mayorías simples para la selección y/o remoción de un juez, es una insoslayable y absurda forma de presión, que pretende quitar toda independencia de criterio y los únicos perjudicados resultamos ser los ciudadanos de a pie, los más vulnerables, quienes necesitamos recurrir al poder jurisdiccional del Estado para solucionar conflictos de intereses. Es de suma importancia poner fin a los abusos del poder, a las decisiones autoritarias que no tienen en cuenta lo que establece la Constitución con relación a los derechos y garantías.

La creación de Cámaras de Casación en lo Civil y Comercial, Contencioso-Administrativo y Laboral es la constitución de una tercera instancia cuyo único y principal fin es dilatar indefinidamente un proceso y, nuestros jubilados, los obreros, entre otros, verán como se diluyen sus derechos al no poder hacerse efectivos.

Ante tal injustificada e inconstitucional arbitrariedad, no podemos contemplar cómo la historia se repite incansablemente. No aprendemos de los errores y eso, justamente, es un gran error. De promulgarse las leyes hartamente cuestionadas, que en nada significan una aplicación razonada de lo establecido en la Constitución Nacional y que afectan derechos y garantías, haría que exista causa Federal suficiente para la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tiempo histórico nos exige, nos conmina a ser valientes, a reclamar con firmeza, decisión y absoluta convicción por nuestros derechos; no permitir que la historia nos pase por arriba y que todos los sacrificios vividos hayan resultados estériles. “La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente” (Martín Luther King).

El gran desafío de hoy es ubicarse en las realidades para construir la república incluyente y una democracia participativa.

(*) Abogado, ex presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial de Santa Fe y ex miembro de la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.



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