Editorial

EE.UU: entre la libertad y la política de seguridad

• Lo que no se debe perder de vista es que más que políticas presidenciales son políticas de seguridad reclamadas por la gente, que trascienden a una administración demócrata o republicana.

Es muy probable que el escándalo que hoy afecta a los Estados Unidos de Norteamérica, y muy en particular, al presidente Barack Obama, se resuelva en poco tiempo o pase por la Casa Blanca como una tormenta de verano. En realidad, no es la primera vez que esto ocurre. Las intromisiones de la CIA, el FBI y los diferentes organismos de seguridad en la vida privada son algo así como un clásico de la historia contemporánea de este país. Y mucho más desde que como consecuencia del atentado contra el World Trade Center, quedaran en suspenso garantía constitucionales.

Hace unos meses, una película dirigida por Clint Eastwood recordaba a Edgar Hoover, el hombre que durante décadas controló la vida privada de los ciudadanos y de los políticos, incluidos los presidentes.

A título de anécdota es muy conocido el episodio protagonizado entre el entonces presidente Arturo Frondizi y John Kennedy. El mandatario argentino le reclamó a su par que retirara a la CIA de la Casa Rosada. Kennedy le respondió que le estaba solicitando una tarea imposible porque él no podía hacer eso ni siquiera en la Casa Blanca. Lo sucedido revela que ciertas decisiones estatales operan con independencia o, si se quiere, con relativa autonomía de los jefes de Estado.

En realidad, el dilema político y moral planteado en estos casos pone en discusión los valores de la libertad con las exigencias de la seguridad. Como dijera el propio Obama en una de sus recientes intervenciones: “No se puede pretender disponer del ciento por ciento de libertad y seguridad”. Es verdad que el presidente norteamericano es responsable de las decisiones tomadas, y lo es por acción u omisión. Pero lo que en ningún caso se debe perder de vista, es que en estos temas más que políticas presidenciales se trata de políticas de Estado, políticas concretas de seguridad reclamadas por la gente y que trascienden a una administración demócrata o republicana.

Esto quiere decir que los problemas que debió afrontar George Bush luego de aquel brutal atentado terrorista no son muy diferentes de los que ahora debe afrontar Obama. No es un episodio menor o una anécdota irrelevante que la ciudad de Nueva York haya sido víctima de un operativo terrorista que provocó la muerte de unas tres mil personas.

El equilibrio entre la seguridad pública y libertad es fácil de enunciar como deseo, pero no es tan sencillo de lograr. En las sociedades modernas este dilema se plantea con más intensidad por la naturaleza de los operativos terroristas, las tecnologías empleadas y las armas disponibles en el mercado mundial. Que la seguridad exige sacrificar espacios de libertad, es una verdad difícil de desconocer. En todo caso, lo que merece discutirse es cuánta seguridad es deseable o cuántos espacios de libertad deben cederse.

Históricamente nadie olvida que en nombre de la seguridad se han justificado las peores dictaduras y los mayores excesos. El problema es que más allá de nuestros deseos, convicciones o escrúpulos, en el siglo XXI la seguridad parece ser un reclamo intenso de las sociedades. Lo que los ciudadanos deben comprender es que la satisfacción de esas demandas incluye concesiones en materia de libertades que son difíciles de digerir.

En el siglo XXI la seguridad es un reclamo intenso de las sociedades. Pero la satisfacción de esas demandas incluye concesiones en materia de libertades que son difíciles de digerir.