Consejo de la Magistratura de la Nación
Juez local ordena suspender elección popular de consejeros
El juez Francisco Miño asumió como subrogante la competencia electoral, en ausencia de Reynaldo Rodríguez.
Foto: Archivo El Litoral
José Curiotto
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Mientras se aguardaba que la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, se expidiera sobre la inconstitucionalidad de la elección de consejeros de la Magistratura de la Nación a través del voto popular; el juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, declaró inconstitucional la Ley 26.854, que limita la aplicación de medidas cautelares en aquellos casos en los que el Estado nacional es parte interviniente.
Sobre la base de este fallo -en el que se expidió sobre la cuestión de fondo-, el magistrado hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe, y ordenó al Poder Ejecutivo de la Nación que se abstenga de aplicar la Ley 26.855 referida al nuevo sistema de elección de miembros del Consejo de la Magistratura.
Al respecto, Miño sostuvo que el sistema de elección de consejeros que impulsa el kirchnerismo “rompe con el equilibrio exigido por nuestra Carga Magna” y “refleja una hegemonía política que contraría el espíritu de la referida Constitución Nacional”.
Miño actúa en estos momentos como subrogante del juez federal Reynaldo Rodríguez, quien tiene competencia electoral en la provincia, pero se encuentra de licencia.
Como otros sectores, el radicalismo a nivel nacional presentó en su momento una cautelar ante Servini de Cubría con el objetivo de suspender la elección de consejeros. En este contexto, el presidente del partido, Mario Barletta, solicitó a las autoridades partidarias de cada uno de los distritos que realizaran planteos similares ante los jueces federales de las provincias.
Expectativa
Al cierre de esta edición y luego de fuertes críticas lanzadas ayer por la presidenta Cristina Fernández sobre miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se aguardaba con expectativa el fallo de fondo que se aprestaba a dar a conocer Servini de Cubría en Capital Federal.
La jueza no sólo debía resolver sobre la suspensión de la aplicación de la ley que convoca a elecciones populares de los abogados, jueces y académicos que se postulen para integrar la Magistratura, sino que se esperaba que -más allá del amparo- definiera si la ley votada en el Congreso es o no constitucional.
Para ello, además, Servini evaluaba convocar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a pronunciarse en el expediente, luego de la negativa de dos fiscales -Jorge Di Lello y Carlos Rívolo- a pronunciarse sobre la cuestión.
Según trascendió, el gobierno aspira a concentrar todos los planteos judiciales contra la reforma al Consejo en el juzgado de Servini de Cubría, el único al que hizo llegar su posición.
Ayer, el Ejecutivo ratificó que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) se realizarán el 11 de agosto próximo, más allá de la decisión que pueda tomar la Justicia sobre la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Con la Corte en la mira
La presidenta habló de Carlos Fayt y advirtió que el “centenario” ministro de la Corte Suprema, de 95 años, permanece en su cargo pese a que “la Constitución Nacional establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal”.
Durante un acto en la ciudad de Río Gallegos, la presidenta defendió la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura y resaltó la importancia de conocer “cuáles son sus ideas políticas”. Una vez finalizado el evento, la mandataria utilizó el Twitter para completar algunos conceptos que, según dijo, había olvidado de citar en su mensaje.
“Cuando mencioné el origen político de algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se me olvidó nada más ni nada menos el casi centenario miembro de la Corte, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista”, señaló la presidenta, sin mencionar al ministro Fayt que nació en 1918.
En ese contexto, enfatizó que esa situación “¡no puede ser!” porque “la Constitución Nacional establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal”. Sin embargo, explicó que “por una acordada, decisión que puede tomar por simple mayoría la Corte Suprema)” la “Constitución, la ley y lo que diga María Santísima... out”.
“Dura lex, no lex”, fue la conclusión de Cristina Fernández, en una contraposición con la expresión latina originaria del derecho romano, que señala “Dura lex, sed lex”, que en su traducción significa “Ley dura, pero es la ley”.
Sin mencionar sus nombres, también se refirió a Eugenio Zaffaroni y a Juan Carlos Maqueda. Dijo que “fueron militantes” y que los conoció siendo convencionales constituyentes en 1994, el primero por el Frente Grande y el segundo “un compañero de nuestro partido que fue senador y diputado conmigo”, por el cordobés Maqueda.
De Zaffaroni dijo también que “fue opositor nuestro”, al recordar que viajó a Santa Cruz en los ‘90 en rechazo a la reforma de la Constitución provincial que estableció la reelección indefinida del gobernador.
análisis
Días difíciles
José Curiotto
El nuevo campo de batalla está dispuesto. Y la primera en arrojar una andanada de disparos fue Cristina Fernández, cuando ayer utilizó gran parte de un discurso pronunciado en Río Gallegos para criticar a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No fue todo. A través de sus palabras, apuntó directamente a los oídos del ciudadano común y advirtió que los jueces, como corporación, actúan como si estuviesen por encima del poder del pueblo.
Lo que la presidenta no dice es que, en realidad, de aplicarse la nueva ley de elección popular de consejeros de la Magistratura, los jueces estarían fuertemente condicionados por el poder político de turno, porque los candidatos a consejeros serán postulados en listas sábanas por los partidos que participen de las próximas elecciones.
Más allá de cuál sea el sector que gane las presidenciales, dicho partido estaría en condiciones de nombrar, sancionar o remover jueces, con sólo alcanzar la mayoría simple dentro del Consejo.
En otras palabras, se generaría el escenario propicio como para que el partido que gana las elecciones logre la suma del poder público. Este contexto, contradice de plano la esencia del sistema republicano de gobierno y el espíritu de la Constitución Nacional reformada en 1994.
A diferencia de lo que fueron las batallas anteriores, esta vez el contrincante del gobierno no es el campo, la Iglesia, los periodistas, la oposición o algún tibio dirigente político. Esta vez, el contrincante es nada más, y nada menos, que otro poder del Estado: la Justicia.
En caso de que la Corte falle en contra de los deseos de la presidenta, todo indica que el gobierno reaccionará con vehemencia y redoblará su apuesta.
Al fin de cuentas, ése es su estilo.
