Apuran el proyecto sobre policía judicial

Julio De Olazábal con dos comisiones de Diputados

 

• El fiscal general participará de la reunión conjunta de Derechos y Garantías y de Seguridad que tiene el proyecto en discusión.

Mario Cáffaro

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El plenario conjunto de las comisiones de Derechos y Garantías y de Seguridad intentará mañana firmar el dictamen sobre el proyecto de creación del organismo de investigaciones -policía judicial- que dependerá orgánica y funcionalmente del fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, quien fue invitado a participar de la reunión que se realizará desde las 15.

La creación de la policía judicial es clave para ayudar al funcionamiento del nuevo sistema penal de la provincia que el gobernador Antonio Bonfatti aspira a que entre en funcionamiento en el último trimestre del año.

“El tema se viene discutiendo entre todos los sectores y aspiramos a lograr el mayor consenso posible” afirmó el diputado Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) quien preside Derechos y Garantías. El legislador rosarino es firmante de uno de los proyectos en discusión junto a sus pares Gerardo Rico, Leandro Busatto y Avelino Lago y el otro es Jorge Abello (Encuentro). Ambos, junto a los iniciados en el Senado por el radical Hugo Marcucci (La Capital) y el justicialista Armando Traferri (San Lorenzo) fueron discutidos en el seno de una jornada realizada semanas atrás en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, que contó con la presencia del propio Bonfatti así como de ministros, funcionarios y académicos de nuestra provincia y de otras donde el instituto ya está en vigencia.

Toniolli admitió que varias de las propuestas sugeridas por diputados del oficialismo fueron incorporadas al texto que será sometido a un análisis con De Olazábal y que refieren al agregado de incompatibilidades para el cargo, las atribuciones del organismo, la formación profesional de sus cuadros y el control que hará el Poder Legislativo sobre el cuerpo.

El proyecto tiene preferencia para la sesión de este jueves, pero no llegaría al recinto, porque más allá del dictamen conjunto de ambas comisiones requiere también las firmas en Presupuesto y Hacienda y en Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Los alcances

El proyecto en discusión contiene 50 artículos y determina que el organismo de investigaciones (policía judicial) dependerá orgánica y funcionalmente del fiscal general y que integra el Ministerio Público de la Acusación como órgano de apoyo a la gestión para asistir al director y a los fiscales en la investigación de delitos.

“El organismo de investigaciones no intervendrá en el procedimiento de flagrancia. Sus intervenciones estarán dirigidas en forma exclusiva al esclarecimiento de los hechos a través de la búsqueda, recolección y análisis de elementos de prueba, quedando absolutamente vedada la delegación en el organismo de investigaciones (policía judicial) de cuestiones vinculadas al trámite administrativo y/o despacho de las causas, así como la elaboración de proyectos de requisitoria o escritos fiscales” se determina en el artículo 4. Entre los principios de actuación se lo define como “una institución de naturaleza civil dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio Público de la Acusación, cuyas bases doctrinarias, organizacionales y funcionales no serán militarizadas. Establecerá relaciones institucionales de cooperación y coordinación con las policías dependientes del Poder Ejecutivo, las que no podrán implicar dependencia funcional ni subordinación operativa”.

Más adelante precisa las incompatibilidades para ingresar al cuerpo así como las funciones, atribuciones y deberes de sus integrantes. Se determina que tendrá un director provincial, civil, designado en concurso de oposición y antecedentes, aunque sin acuerdo legislativo, y cinco directores regionales. Capítulos del proyecto están dedicados a la formación de los integrantes y a los principios que orientan la carrera.

Otros aspectos que se pretende legislar apuntan al congreso de la gestión, y entre ellos incluye el Observatorio Parlamentario, cuyo objetivo es controlar al organismo y no de las causas que lleva adelante.

Rubeo pide un civil en la UR II

El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Daniel Rubeo, se refirió a los operativos realizados en Rosario contra las bandas narcos y señaló que “los operativos demuestran que -tal como plantemos desde nuestro espacio político desde 2011- hay un sector de la Policía en connivencia con las bandas narcos. Es absolutamente mentira que el gobierno provincial no pueda hacer nada para revertir esta temática”.

Para el diputado “si la Policía es parte del problema, hasta tanto se normalice, lo lógico es que la Unidad Regional II sea intervenida por un civil de la confianza del gobernador. Entendemos la urgente necesidad de llevar adelante esta medida basados en que entre los operativos realizados se arrestó a un policía por brindar información a las bandas narcocriminales, en la existencia de escuchas que revelan que hay sectores de la fuerza que amparan a los narcos, y en que tenemos un ex jefe de Policía detenido y procesado en dos causas diferentes que investigan la connivencia de la Policía con las bandas narcocriminales”.

Por último, Rubeo hizo el compromiso de su sector político de que si “el gobierno va a fondo con las investigaciones y con las medidas que hay que aplicar van a encontrar nuestro apoyo”.

El dato

Tognoli

Entre las preferencias de esta semana en Diputados, está el pedido de informes presentado por Héctor Acuña (Corriente Federal) que apunta a saber si el ex jefe de Policía, Hugo Tognoli, inició o finalizó sus trámites jubilatorios y en caso afirmativo pide se envíe el expediente administrativo de la Caja.

También pregunta los motivos de la no aplicación de sanciones al oficial cuando estuvo prófugo de la Justicia y cuáles fueron los argumentos y criterios discrecionales tenidos en cuenta para aceptar la renuncia en momentos que debía someterse a los requerimientos judiciales.