Editorial
Un fallo que ratifica la separación de poderes
- El fallo de la Corte nacional impidió el control político sobre la Justicia y salvaguardó los principios republicanos.
Finalmente ocurrió lo que se esperaba: la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las leyes impulsadas por el gobierno con el objetivo de modificar el sistema de selección de integrantes del Consejo de la Magistratura nacional, incrementar el número de sus miembros y alterar los métodos de votación en el seno del organismo.
Durante las semanas previas al fallo, la presidenta Cristina Fernández lanzó fuertes críticas contra el Poder Judicial y algunos de los integrantes del máximo tribunal. Esto generó un clima enrarecido e, incluso, cierta preocupación institucional por las consecuencias políticas de la decisión de la Corte.
Sin embargo, durante las horas posteriores al fallo, el oficialismo apostó por la mesura. Si bien algunos de sus más encumbrados integrantes lamentaron y criticaron la decisión judicial, dejaron en claro que el gobierno acepta la resolución y que, por lo tanto, la convocatoria a elección popular de consejeros de la Magistratura ha quedado sin efecto.
Ésta era una batalla importante para el kirchnerismo. De todos modos, por delante queda aún por conocerse el fallo relacionado con la Ley de Medios que, desde la asunción misma de Cristina Fernández a la primera magistratura, fue presentada por el gobierno como la más trascendental de las contiendas.
Mientras tanto, la decisión de la Corte con respecto al Consejo de la Magistratura debe ser celebrada. El espíritu y la letra de la reforma planteada por el gobierno eran absolutamente claros y propiciaban el control político sobre el órgano encargado de designar, sancionar y remover a los jueces de la Nación. En definitiva, su aprobación hubiese significado la destrucción total de cualquier atisbo de división de poderes en la Argentina.
Sin independencia de poderes, los mecanismos de control institucional agonizan. Frente a ese escenario, cualquier sector político que obtuviera la mayoría de los votos populares, tendría en sus manos la suma del poder público.
Esto representaría un verdadero contrasentido en un país que constitucionalmente declara sus principios republicanos de gobierno. La suma del poder público en manos de un sector político determinado significaría una verdadera involución histórica e institucional, sobre todo frente al antecedente inmediato de un gobierno que no tuvo ningún reparo en anunciar públicamente su decisión de “ir por todo”.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo que la Corte “se parece a una corporación del medioevo”. Sin embargo, bien podría argumentarse lo contrario: es el Ejecutivo el que revela sus aspiraciones monárquicas y medievales al plantear su objetivo de “ir por todo”, de eliminar los controles propios de la arquitectura republicana y de la independencia de poderes, y de buscar la suma del poder público.
Pero más allá de las implicancias del fallo conocido ayer, habrá que advertir que el debate generado sobre el funcionamiento del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura no se acabará con esta resolución. De hecho, resulta inocultable que la Justicia padece problemas profundos y requiere un inmediato replanteo de su funcionamiento con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y recuperar la credibilidad perdida.
El desafío y la necesidad de reformas resultan impostergables. La discusión, en este sentido, recién comienza.
