Editorial

Las reformas que la Justicia sí necesita

Un cruce de documentos entre abogados y jueces permitió poner el foco en las falencias que acusa el servicio en Santa Fe, y las responsabilidades confluyentes

Un duro cruce de documentos entre los representantes de los abogados y de los jueces santafesinos, iniciado como derivación de la polémica nacional por la democratización de la Justicia, sirvió para poner de manifiesto una serie de cuestiones que aquejan al servicio y que requieren reformas.

El Colegio de Abogados de Santa Fe reivindicó, precisamente, su activo rol en el rechazo a las leyes impulsadas y obtenidas por el Poder Ejecutivo que, mediante una serie de recursos, recogió impugnaciones judiciales en todo el país. Fundamentalmente, las modificaciones al Consejo a la Magistratura, que ya tienen pronunciamiento en contra definitivo de parte de la Corte.

Pero de la misma manera, los profesionales del foro local apuntaron a cuestiones que consideran vitales para el normal funcionamiento de los tribunales. Entre ellas, el combate a la morosidad judicial, una mayor contracción a su tarea de parte de los jueces, la modificación de los criterios de selección de magistrados en función de la efectividad más que de los lauros académicos, mayor celeridad en la cobertura de vacantes y disposición de la infraestructura necesaria.

Los jueces nucleados en el Colegio de Magistrados zona norte de la provincia reaccionaron a los ítems en los que se sintieron directamente aludidos, y cuestionaron los términos del pronunciamiento de los abogados. Lo hicieron también con datos concretos: el fortísimo incremento de la litigiosidad -que se contrapone al sostenimiento de una estructura que no se modificó sustancialmente en las últimas décadas-, el aumento de productividad de los magistrados, la importancia de la tarea docente y el rol de los propios profesionales del derecho en lo que atañe a la prolongación de los trámites tribunalicios.

Lejos de anularse, los argumentos de unos y otros se complementan para configurar el complejo panorama en el que se desarrolla la tarea del Poder Judicial en la provincia. Y podría decirse que, con notorias excepciones, matices y cuestiones opinables en cuanto al grado de incidencia, ambos tienen razón. Y que podría agregarse, además, en favor de unos y otros, el importante programa de modernización que lleva adelante el Poder Judicial y las campañas del Colegio de Abogados contra malas prácticas de sus afiliados.

La discusión se asienta, en buena medida, también en el terreno del poder político, responsable de la provisión de cargos e instalaciones adecuadas, y de la sanción y aplicación de las leyes necesarias.

Y también de las reformas que, planificadas o en curso, se sacuden al influjo de la demanda de la ciudadanía, el contexto institucional, los tironeos de intereses corporativos y partidarios, y las dificultades operativas y económicas. Pero que son el correlato imprescindible del planteo y la asunción de los problemas, para buscar respuestas a través del esfuerzo mancomunado, y también de la confrontación de ideas. Objetivos y procederes decididamente saludables, que pueden sufrir vaivenes y retrocesos, pero que contrastan nítidamente con los que alentaron la peligrosa y mal llamada “democratización” de la Justicia orquestada por el gobierno nacional.

La discusión se asienta también en el terreno del poder político, responsable de la provisión de cargos e instalaciones, y de la sanción y aplicación de leyes.