llegan cartas

Transporte público de pasajeros

Orlando Agustín Gauna

D.N.I. 6.255.319

Señores directores:

A raíz del informe especial publicado por ese vespertino bajo el título “La gente viaja menos en colectivo” quisiera hacer el siguiente aporte:

Mientras en los centros urbanos de las ciudades más avanzadas se procura incentivar el uso del servicio público de pasajeros por colectivos y desalentar el uso de vehículos particulares, en Santa Fe se incentiva el uso de automóviles, motos y bicicletas, con el consiguiente caos vehicular y desalentándose el uso de colectivos.

En la última gestión municipal del justicialismo, quien suscribe denunció penalmente la defraudación que se hacía con los subsidios al transporte urbano de pasajeros por colectivo.

Se percibían subsidios por unas 250 unidades, cuando en realidad circulaban unos 100 coches menos. Fueron llamados como testigos de la denuncia, los concejales Henn y Simoniello e indagado entre otros, quien fuera secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Dr. Martín Gainza (El Litoral, 3/11/2006).

El hecho denunciado derivó en una causa que debía investigar el juez Federal Dr. Reynaldo Rodríguez y la entonces fiscal Griselda Tessio. Pero la Justicia Federal dejó prescribir la causa ante la pasividad de todo el arco político santafesino, lo que aseguró la impunidad de los investigados, pese al cúmulo de pruebas en su contra.

Habiendo transcurrido más de un lustro del cambio del color político al frente de la Municipalidad, los ahora oficialistas, que cuando eran oposición reclamaban el llamado a licitación, siguen permitiendo un servicio precario, pese a que a pocos meses de haber asumido, el ingeniero Mario Barletta llamó a una audiencia pública sobre esta cuestión.

En la oportunidad, el entonces subsecretario de Transporte Sergio Ludueña, manifestaba a los medios: “La necesidad de disponer de una fórmula para establecer claramente los costos del boleto, con la premisa de tener datos concretos a la hora de discutir la tarifa. Incorporar tecnología -como GPS, GPRS y tarjetas inteligentes- y contar con más unidades accesibles”.

Los medios de comunicación son eco de las reiteradas quejas por los padecimientos de los usuarios del servicio de colectivos. Sin embargo, parece que la clase política no sabe o no quiere solucionar definitivamente este servicio.

Los pasajeros deben soportar interminables esperas para viajar en unidades sucias y que no siempre se encuentran en óptimas condiciones.

El jueves 25 de abril, vecinos de la zona de Colastiné, realizaron un corte en la Ruta 1, a causa de un rumor de que dejaría de circular la Línea C. También se realizaban denuncias de la reducida frecuencia a Colastiné Norte y la nula frecuencia del servicio a Colastiné Sur.

El corte fue calificado por el secretario General de la municipalidad, Carlos Pereira como “una locura”. El mismo funcionario, refiriéndose a este hecho, manifestó que se iban a sumar nuevas unidades. Entonces cabe preguntarse: ¿bajo qué instrumento legal se dispondrá que se sumen más unidades al servicio? ¿Qué seguridad jurídica tienen los vecinos de que se cumplirán las frecuencias y la continuidad de este servicio? ¿Adónde están los colectivos con rampa para discapacitados?

Todo es duda e inseguridad jurídica. El motivo: muy simple, la falta de reglas claras de juego. La falta de una Ordenanza que apruebe un pliego de licitación y la consiguiente concesión del servicio.

Agradezco al diario El Litoral el espacio de libre opinión que brinda a los lectores.