Investiga la Justicia Federal

El complejo rompecabezas para determinar un delito económico

• La Subsecretaría de Delitos Económicos realizó una investigación a partir de la denuncia de un ex funcionario de San Lorenzo, que alertó sobre la compra de inmuebles de un hombre que estaría vinculado con el narcotráfico. Hallaron propiedades y vehículos que no se corresponden con su actividad económica.

Germán de los Santos

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A partir de una denuncia presentada en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo y en el Ministerio de Seguridad de la provincia sobre el supuesto crecimiento económico de un hombre que se sospecha que tiene vinculación con actividades del narcotráfico, la Subsecretaría de Delitos Económicos hizo una investigación que fue derivada a la Justicia Federal para que se inicie una causa. El caso recayó en el juez Marcelo Bailaque y en la Fiscalía Nº3, a cargo de Mario Gambacorta, quien giró el expediente al fiscal subrogante Juan Patricio Murray.

La denuncia que realizó un ex funcionario municipal de San Lorenzo se refería a que dos construcciones de “gran magnitud” ubicadas en Congreso y Vélez Sarsfield y en pasaje Caviglio y Saavedra y a la compra de terrenos en esa localidad estaban a nombre de una mujer de 24 años, que “estaría vinculada familiarmente” con un sujeto “afín al narcotráfico en la zona, de aproximadamente 48 años de edad”.

Con los escasos datos que llegaron a manos del Ministerio de Seguridad, porque la persona que realizó la denuncia en la Unidad Regional XVII presentó una copia en la cartera que dirige Raúl Lamberto, la Subsecretaría de Delitos Económicos, a cargo de Margarita Zabalza, comenzó a reconstruir el perfil económico de Delfín D. Z., un hombre que ya había penado en Coronda una condena por narcotráfico y ha sido mencionado en varias causas como un alfil importante de ese ambiente, incluso por el propio Jorge Halford.

En esa dependencia del gobierno provincial comenzaron a armar un rompecabezas complejo. “Partiendo de esa denuncia se comenzó a recolectar información de las personas mencionadas haciendo una apertura a los vínculos familiares”, señalaron fuentes del área.

Primero se inició una búsqueda de acuerdo con un protocolo que se confeccionó en esa dependencia del gobierno. En un primer momento, la prioridad en la pesquisa fue la búsqueda de automóviles y de inmuebles. Esta averiguación se realizó sobre la base de registros de acceso público y restringido, como la Afip, API (provincial y municipal), Catastro, Boletín Oficial y Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Y también con la ayuda de otras plataformas privadas. El trabajo se hizo de forma casi artesanal. Se entrecruzaron bases de datos y se buscaron indicios en direcciones, nombres y números de Ciut y Cuil y hasta redes sociales, que aportaran información para armar el entramado económico del protagonista que está en la mira.

Entorno familiar

Se constató, según apuntaron, “la existencia de los inmuebles mencionados en la denuncia, que eran propiedad de la hija del sujeto vinculado con el narcotráfico y que uno de los terrenos sería propiedad en partes iguales de esta mujer y de un joven de 28 años, que habría sido empleado de la hija de Delfín D.Z. hasta el mes de junio de 2012, cuando pasó a ser empleado de la firma Top Cranes SRL, que es propiedad de esta joven y su padre. La hija de Delfín D.Z., de 24 años, adquirió ocho propiedades entre mayo y julio de 2009. Después sumó otros cuatro inmuebles, cinco autos y un camión. El muchacho de 28 años que figuró como empleado de la hija de Delfín hasta junio de 2012 posee cuatro inmuebles en condominio con su antigua jefa. Hay un sujeto que es empleado de la esposa de Delfín D.Z. y luego de la firma Frecuencia Urbana que figura como titular de cinco autos y dos inmuebles adquiridos en enero de 2008. Este hombre no tiene actividad declarada en Afip.

En la investigación, también se puso bajo la lupa a otros actores del entorno familiar, como la hermana de Delfín D.Z., quien no registra actividad declarada en la Afip pero figura como titular de 13 inmuebles (todos cocheras), que fueron adquiridos en bloque el 29 de diciembre de 2008. La pareja de esta mujer que aparece en los registros como empleado en relación de dependencia posee otros doce inmuebles (también cocheras), que fueron adquiridos el mismo día en que lo hizo su esposa.

Delfín de los negocios

Delfín D. Z. posee, según la información relevada por la Secretaría de Delitos Complejos, 68 bienes registrables, de los cuales 40 son inmuebles. Cuando los funcionarios del área que encabeza Zabalza empezaron a “peinar” la información referida a este hombre se toparon con que 36 propiedades fueron adquiridas en un breve lapso, entre el 29 de diciembre de 2008 y el 23 de ese mes de 2009.

Aparte de los inmuebles, Delfín D. Z. se preocupó por adquirir vehículos, entre ellos algunos de alta gama. Este hombre posee 24 vehículos en total. Nueve son modelo 2011, y seis de estos autos tienen una particularidad, son Chevrolet Meriva GL 1.8, con los dominios consecutivos, por lo que se deduce que fueron comprados el mismo día. Además, esta persona figura como titular de dos autos de alta gama, un BMW 2011 y un Audi TT 2012, y dos motocicletas del alto valor, como son las de marca BMW, 2011 y 2012.

La clave

Inconsistencias

En la Secretaría de Delitos Complejos, hacen hincapié en la “existencia de serias inconsistencias económicas que de acreditarse podrían derivar en maniobras tendientes a ocultar el origen de fondos que dieron lugar al incremento patrimonial descripto”. Por ese motivo, esa dependencia del Ministerio de Seguridad estimó necesario hacer la denuncia en el fuero federal para “poner en conocimiento a la Justicia de las maniobras e inconsistencias que ameritaría una investigación judicial”.

Intento de extorsión

La empresa Frecuencia Urbana SRL, de Ganadero Baigorria, fue escenario de un intento de extorsión por parte de agentes de la Policía Federal el 24 de junio de 2012, que terminó con el apartamiento por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación del jefe de Drogas de la Federal Gustavo Alejandro Serna, el sargento Hernán Desimone y el cabo primero Juan Mendoza.

El domingo 24 de junio a las 23, los suboficiales Desimone y Mendoza fueron hasta la remisería en un utilitario Renault Express blanco con chapa ART 316, un vehículo secuestrado y afectado a la fuerza pero no identificable como móvil policial. Ambos ingresaron al comercio y le exigieron al operador telefónico de turno que llamara a los dueños de la empresa. De acuerdo con lo referido, como el operador no pudo contactar al propietario procedieron a allanar el local sin orden judicial alguna y sin testigos. Entonces, le ordenaron al trabajador, según el texto de la denuncia, que los dueños acudieran a la brevedad con 100 mil pesos, porque de otro modo plantarían droga en la remisería. Los propietarios de Frecuencia Urbana SRL son Delfín D.Z. y su esposa.

El hombre es una persona que acredita antecedentes penales en materia de drogas y ya cumplió una condena por ese delito. Sobre la base de ese pasado problemático, en situaciones así los policías infieles creen disponer de una carta fuerte para desacreditar cualquier denuncia ulterior que reciban.

No obstante, los choferes nocturnos de la remisería y algunos vecinos del local fueron testigos, al menos, de que algo en extremo anómalo ocurrió. Luego se hizo la denuncia y la entonces ministra Nilda Garré apartó a Serna, quien después trascendió que poseía en su foja otros antecedentes.