Después de la ratificación de su procesamiento

 

De la redacción de El Litoral

[email protected]

La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento del empresario Carlos Pedro Blaquier, titular del Grupo Ledesma, en la causa donde se lo acusa por secuestros de personas en la última dictadura. Horacio Aguilar, uno de los abogados de Blaquier, informó a DyN que la medida será apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal y que incluso acudirían a tribunales internacionales, y aseveró que “no existe ninguna conducta que pueda ser considerada delictiva” de parte del empresario y del también imputado gerente administrativo Alberto Lemos.

La Cámara confirmó el procesamiento de Blaquier como presunto cómplice primario de la privación ilegal de la libertad agravada en tres hechos y de Lemos como supuesto partícipe secundario.

El tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y ratificó el fallo del juez federal Fernando Poviña.

La investigación

El juez investiga más de 20 casos en la causa Burgos -que trata los hechos de La Noche del Apagón-, y los secuestros del intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez; Omar Gainza y Carlos Melián. Estos tres últimos casos fueron confirmados por la Cámara, cuyos integrantes señalaron en que “en aquella madrugada del 24 de marzo de 1976, es decir, el mismo día del golpe de Estado, se practicaron la mayor parte de las detenciones de las víctimas”.

El fallo dice que “debe tenerse en cuenta que en oportunidad de las detenciones se contó con el aporte de camionetas del Ingenio Ledesma” y destacó que “por la forma en que se brindó este apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, es razonable y lógico inferir prima facie que existieron contactos o solicitudes previas a tales fines, los que ineludiblemente debieron tener lugar con directivos de la empresa”. Esa colaboración, dijo, debió “necesariamente ocurrir” teniendo en cuenta “el orden normal del desenvolvimiento de una sociedad anónima (como la que corresponde al Ingenio Ledesma) pues la labor de detención planificada y simultánea en aquel 24 de marzo de 1976 por parte de las fuerzas que la encabezaron y desarrollaron, no pudo coordinarse sino con antelación”. Así, se confirmaron los procesamientos por los secuestros de Aredez (primera detención), Gainza y Melián, se añadió.

Por su parte, el abogado Aguilar indicó que “vamos a recurrir a la Cámara de Casación Penal e incluso a organismos internacionales, porque se están violando normas internas y constitucionales”. El letrado insistió con la denuncia de que “el fiscal Pablo Pelazzo no es un fiscal designado conforme al procedimiento constitucional, sino que antes era querellante y, además, fue desplazado el fiscal natural (Domingo Batule)”. Pelazzo “era el acusador, se puso traje de fiscal y siguió actuando como abogado particular, ocultando pruebas presentadas por la empresa”, sostuvo Aguilar. Asimismo, aseveró que “está absolutamente demostrado que no existe ninguna conducta de Blaquier ni de Lemos que pudiera ser considerada delictiva”, y enfatizó que “jamás Ledesma prestó camionetas (a las fuerzas represoras) ni hay pruebas que lo demuestren”. Tras expresar que “confiamos en las instancias superiores” de la Justicia ante los recursos de la defensa, Aguilar destacó que “hay otro dato importante: la Cámara no admitió la calificación de homicidio que pretendía imponer el fiscal”.

El dato

Ledesma

La empresa Ledesma reiteró la inocencia de su presidente, Carlos Blaquier, y del ex gerente de esa compañía Alberto Lemos, cuyos procesamientos por el secuestro de personas en la dictadura fueron confirmados por la Cámara Federal de Salta, y denunció que la causa judicial es irregular y tiene “motivaciones políticas e ideológicas”.

Tras afirmar que Ledesma “nunca prestó camionetas para tal fin” y ratificar “la total inocencia de ambos directivos”, el directorio de la firma volvió a denunciar que “la causa judicial se viene desarrollando en un marco de absoluta irregularidad y violación de los derechos y garantías constitucionales más elementales”.