Media sanción en Senadores

Votan fondos para la electrificación rural

Los senadores insisten con un proyecto de ley que, un año atrás, perdió estado parlamentario en Diputados. La idea es agregar a los usuarios un 2 % en sus facturas para contar con recursos.

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Felipe Michlig logró el respaldo de sus pares. El radical plantea un mecanismo para extender las redes.

Foto: Archivo El Litoral

 

De la redacción de El Litoral

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Con media sanción de la Cámara de Senadores, se encuentra -desde hace unos días- en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley para la creación del Fondo de Electrificación Rural, impulsado por el radical de San Cristóbal Felipe Michlig.

La iniciativa plantea igualar las condiciones de acceso al servicio eléctrico en las regiones más aisladas de la provincia, y contempla la posibilidad de que las cooperativas que brindan ese servicio también puedan sumarse.

El Fondo se integrará anualmente con un 2 % sobre el monto facturado por la prestación del servicio eléctrico “deduciendo los montos correspondientes a tasas, derechos e impuestos provinciales y nacionales, recargos adicionales, intereses, aportes y toda otra suma que incorporada en la facturación no responda específicamente a un elemento que integre el costo de abastecimiento eléctrico y excluyendo el facturado a otros redistribuidores provinciales o cooperativas eléctricas”, aclara el artículo quinto.

Los usuarios del servicio público de distribución de electricidad “serán los sujetos

obligados al pago, y lo efectuarán juntamente con la factura respectiva, en la cual

figurará en forma discriminada, debiendo actuar como agente de percepción la EPE

y aquellos redistribuidores provinciales o cooperativas eléctricas adheridas a la

presente ley”.

Además, al fondo lo integrarán “las contribución por mejoras por obras de electrificación rural y los recargos y multas”, que se perciban por aplicación de la norma propuesta.

Obligación

La electrificación rural será obligatoria “en aquellas zonas o regiones en las que, como consecuencia de la realización de un estudio técnico-socio-económico (a cargo dela EPE con la colaboración de las municipalidades y comunas) resulte un estado de necesidad de infraestructura eléctrica, sea por la carencia o deficiencia marcada de la prestación del servicio eléctrico”.

El artículo noveno dispone que el fondo a crear sólo pueda solventar “ hasta el 50 % del costo total definitivo”, los nuevos usuarios asumirán el costo de la otra mitad.

El fondo puede también cubrir obras donde el servicio sea “marcadamente deficiente”, siempre que se trate de áreas a las que la EPE considere de “electrificación obligatoria”.

Según el texto aprobado en el Senado, que pasó a Diputados, habrá una comisión bicameral de seguimiento de tres legisladores de cada Cámara.