Proyecto de ley de la Casa Rosada

La década ganada va por su sexta emergencia económica

Cristina pidió que el Congreso le extienda -a nombre de la crisis de 2001- hasta el final de su mandato, facultades especiales e impuestos. Busca garantizar poder y plata antes de que se conozca el resultado de las elecciones.

cristine path.jpg
 

De la redacción de El Litoral

[email protected]

DyN

La presidenta pidió al Congreso que le prorrogue los poderes especiales que según la Constitución (Art. 76) sólo debería tener excepcionalmente. Pero a nombre de la crisis se repiten desde Duhalde, pasando por Néstor y en lo que va de las dos gestiones de Cristina.

A más de 10 años de la salida de la convertibilidad -mientras la presidenta niega la devaluación que el Banco Central acelera- el Ejecutivo considera necesario mantener las cláusulas “tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio” o a “establecer medidas compensatorias” en favor de los bancos.

La emergencia fue lo que impidió a prestadoras de servicios públicos a actualizar tarifas según la devaluación. Eso originó reclamos contra el país ante el Ciadi; el organismo falló en algunos casos contra la Argentina, pero el gobierno mantiene laudos impagos que amenazan las complicadas cuentas fiscales del país.

El gobierno acompañó el proyecto de Presupuesto 2014 con otro que prorroga por sexta vez y por dos años más, la Ley de Emergencia Pública de enero de 2002, una de las primeras medidas impulsadas por el entonces presidente Eduardo Duhalde y mantenida a lo largo de más de una década, a pesar de las críticas de diferentes sectores de la oposición.

Asimismo, el Poder Ejecutivo giró al Congreso un proyecto para prorrogar el impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, más conocido como “impuesto al cheque”, tributo creado en 2001 a instancias de los entonces presidente Fernando de la Rúa y ministro de Economía, Domingo Cavallo y que hoy recauda anualmente $ 55 mil millones.

Sancionada en un contexto de crisis, la Ley 25.561 marcó el final de la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar heredada de la ley de Convertibilidad, así como el de las cláusulas de ajuste tarifario de las empresas de servicios públicos conforme la cotización de la moneda estadounidense.

Como implicaba un cambio de paradigma de la economía en la que el dólar se aceptaba en igualdad de condiciones al peso, la ley procuró atenuar los impactos negativos de un desacople entre las dos monedas en los diferentes sectores de la sociedad.

Ante el riesgo de una avalancha de reclamos judiciales, tanto en el plano local como el internacional, la ley de Emergencia fue permanentemente prorrogada durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, llamada por el oficialismo la “década ganada”.

El dato

Faltan U$S 3.900

  • El gobierno esperaba operar unos U$S 4 mil millones con los Cedin; la suscripción lleva U$S 100,6 millones de dólares desde su inicio el pasado 1º de julio y revela el grado de desconfianza que los evasores tienen en el gobierno, cuando le piden los dólares. Según las versiones oficiales, hay sectores inmobiliarios que pedirían la extensión de la vigencia de una medida concebida para reclutar divisas y reactivar el mercado inmobiliario, que sin embargo no conmovió los indicadores del sector.

Provisorio para siempre

  • Originalmente, la Emergencia Pública tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004, pero desde entonces registró sucesivas prórrogas y modificaciones que, en determinados casos, entraron en colisión con la redacción inicial.

Es el caso de los artículos 4, que conserva las medidas anti- indexatorias de la ley de Convertibilidad, y 11, que incorpora al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), precisamente un instrumento indexador. Ahora, el proyecto vuelve a imponer las medidas que aún quedan en pie, hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir hasta la finalización del mandato de Cristina Fernández.