En distintos puntos del país

Fue recordado Julio López a siete años de su desaparición

Jorge Julio López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz. En 2006, luego de testimoniar en la causa fue nuevamente secuestrado, supuestamente al salir de su casa. Hubo marchas en Buenos Aires y La Plata.

DyN

Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos realizaron ayer por la tarde marchas en La Plata y Buenos Aires para reclamar la aparición con vida de Jorge Julio López, el testigo y querellante en la causa Etchecolatz desaparecido el 18 de septiembre de 2006 en el barrio platense de Los Hornos.

En La Plata, los manifestantes se movilizaron desde la plaza Moreno hasta la Casa de Gobierno provincial, con la consigna “Sin Julio López no hay ‘dékada’ ganada”.

“Basta de desaparecidos en democracia, juicio y castigo a los responsables”, reclamaron militantes del MST, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el Partido Obrero, Quebracho, el Frente Darío Santillán, H.I.J.O.S La Plata y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).

A diferencia de otros años, no asistieron parientes de Julio López pero sí familiares y víctimas de las inundaciones de abril en La Plata.

En Buenos Aires, las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) también exigieron al poder político “la aparición con vida de López” y “el castigo a los responsables de su secuestro”, con una marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.

En ese marco, Jorge Altamira, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda por la Ciudad, dijo que “este reclamo tiene razones de peso, pues sobran las pruebas que demuestran la responsabilidad del aparato de seguridad del Estado, por ejemplo la Policía bonaerense. Sin embargo, el gobierno jamás apuntaló estas líneas de investigación”.

“La presidenta, por su parte, se animó a decretar hace unos meses que ‘ahora no hay desaparecidos’, dejando de lado a López, Marita Verón, Luciano Arruga o Daniel Solano”, cuestionó el dirigente.

“Es imposible”

En tanto, Rubén López, hijo del albañil de 77 años, dijo que “no puede ser que nadie sepa nada” sobre el paradero de su padre y cuestionó el proceso judicial. “De la Justicia, queremos creer que están haciendo todo lo que pueden. Quizá no se puede hacer más porque no se tienen los elementos. No quiero pensar que no se hace más porque no se quiere”, advirtió en declaraciones radiales.

“En definitiva, lo que necesitamos saber es un pequeño indicio sobre mi viejo, pero no hay nada: quiénes fueron, dónde está y por qué”, criticó.

López afirmó que “a lo largo de todo este tiempo, hemos comprendido que el de mi viejo debe haber sido un testimonio importante. Hay alguien que se ha sentido asustado por su testimonio, no sólo por lo que dijo sino por las pruebas que pudo aportar”.

“Yo sé que alguien sabe, me gustaría que lo contara. No me quedo con que nadie sabe nada. No puede desaparecer una persona y que nadie sepa nada”, sostuvo.

Durante la dictadura, López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz, y estuvo en los centros clandestinos El Destacamento y Pozo de Arana, en las Comisarías 5ta. y 8va. y en la Unidad 9, para recuperar su libertad en junio de 1979.

Durante el juicio contra Etchecolatz, la mano derecha del ex general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar, López señaló al represor como uno de sus torturadores. El 18 de septiembre de 2006, cuando se producían los alegatos de su querella pidiendo la condena por genocidio y cadena perpetua para el represor, el albañil desapareció por segunda vez, presuntamente secuestrado al salir de su casa.

La causa judicial por la desaparición de López quedó a cargo del juez Manuel Blanco, pero a siete años del caso, no hay detenidos ni procesados. Por su parte, Etchecolatz, que en un principio fue condenado a 23 años de prisión, en 2006, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue enjuiciado nuevamente y condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad.