Lo extienden hasta el 2017

Nueva prórroga a la suspensión de desalojos en tierras indígenas

La Cámara de Diputados de la Nación extendió el plazo de la ley 26.160 que declaró la emergencia en tierras indígenas, suspendió desalojos y ordenó realizar un relevamiento en todo el país. Antonio Riestra advirtió sobre el creciente conflicto en tierras en disputa.

La norma funciona como “un mecanismo práctico de defensa”, mientras se cumple con lo ordenado por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. Foto: Archivo El Litoral

De la redacción de El Litoral

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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la semana pasada una nueva prórroga de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2017. De esta manera, continuarán suspendidos los desalojos en tierras indígenas y el Estado deberá concluir el relevamiento de los territorios donde viven las comunidades de pueblos originarios.

La ley 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 con el objeto de suspender los desalojos de las tierras ocupadas por pueblos originarios y “poner un freno a las múltiples situaciones de agravio, despojos, expulsiones y usurpación que afectaban la posesión de sus tierras ancestrales”, explicó el diputado santafesino Antonio Riestra (Pares) quien preside la Comisión de Población de la Cámara.

Recordó que “esa herramienta legal fue creada como un mecanismo práctico de defensa de las comunidades indígenas para hacer posible la delimitación y la posterior ejecución de los derechos que la Constitución Nacional les otorga desde su reforma en 1994 y que no se habían hecho efectivos”. Riestra señaló que “a casi 20 años de la reforma constitucional y 7 años de la sanción de la 26.160, nos encontramos votando una nueva prórroga de esta última, porque no se dio cumplimiento a la ley, y no se relevó todo el territorio nacional. En estos 7 años, en que la ley no se cumplió, en los que no se relevó, en los que no se entregaron títulos de propiedad, las comunidades indígenas siguieron peleando por la posesión de sus tierras. Muchos perdieron la vida, muchos sufren en esa lucha cotidiana y también muchos fueron expulsados y hasta desalojados judicialmente, dado que a pesar de la claridad del texto de la ley algunos jueces no la aplican”.

En la actualidad, muchas comunidades indígenas se encuentran inmersas en pujas contra particulares, grupos económicos y -en algunos casos- hasta el propio Estado provincial que procuran quedarse con estas tierras para emprendimientos inmobiliarios, turísticos, agropecuarios o petroleros.

Según datos de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación, hay 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado o estatal.

Situación de arrastre

Riestra explicó que “la tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, siendo que el 64 % de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tienen relación directa con el avance modelo agropecuario basado en la soja”.

En su exposición ante sus pares, señaló que “los constituyentes nos pidieron legislar para garantizar el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras, aptas y suficientes para el desarrollo humano, entre otros derechos”.

Según el legislador, “cumplimos en parte con ello votando la prórroga de la suspensión de los desalojos y cumpliremos también comprometiéndonos a controlar y exigir la aplicación y ejecución urgente de esta norma para que cuanto antes se haga realidad la titulación de todas las tierras que las comunidades indígenas ocupan”.

Saludan una decisión de la Cámara Electoral

• Varias fuerzas políticas celebraron la decisión de la Cámara Nacional Electoral de facilitar el voto a las comunidades originarias y definieron a la disposición “como un avance hacia el cumplimiento del convenio internacional de la OIT, tarea en la que la UCR, junto al GEN y Libres del Sur, se comprometió a colaborar mediante una acta firmada el 19 de septiembre en el Comité Nacional con representantes de las comunidades originarias”.

El Primer Plan de Fiscalización Bilingüe para las próximas elecciones legislativas fue confirmado por la Cámara Nacional Electoral, luego de haber mantenido reuniones con los representantes del Consejo Nacional de Política Indígena (CNPI).

Los preparativos específicos, que consisten en la capacitación de los dirigentes originarios, se encuentran bajo la supervisión del CNPI y autoridades de la CNE. El objetivo es que todos los electores de comunidades originarias encuentren instructivos y asistencia al voto, en su idioma originario.