La obra social podría recibir ocho millones más por año

Iapos: piden que jueces aporten

Son los únicos asalariados de la provincia que pueden optar por hacer (o no) los aportes al Iapos. Terminaba la dictadura militar, cuando un decreto del gobernador de facto les concedió ese privilegio. Un proyecto del Senado quiere eliminarlo.

Luis Rodrigo

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El Senado santafesino tiene en su agenda un proyecto de ley que puede cambiar la forma como el Estado provincial liquida las remuneraciones de los magistrados. Hoy los jueces cuentan con la libertad de aportar o no al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, algo que priva al Iapos de unos ocho millones de pesos, de acuerdo con lo que estiman los tres senadores del oficialismo que impulsan la iniciativa.

El radical Lisandro Enrico (General López) es el autor del proyecto al que acompañan con su firma su par radical y jefe del bloque del oficialismo, Felipe Michlig (San Cristóbal) y el socialista Miguel Lifschitz (Rosario)

Los firmantes del proyecto entienden que no hay razones para que se sostenga el carácter de “afiliados voluntarios” que existe para los magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

“Un principio de solidaridad”

Desde su banca, Enrico recordó que -en realidad- su proyecto sólo busca volver las cosas a la realidad anterior al mes de agosto de 1982, cuando la dictadura militar se retiraba del poder en el país y en Santa Fe se concedía ese privilegio a los jueces.

“En realidad -dijo el senador-, la ley madre del Iapos (8.288) los obligaba a los magistrados, como a todos los que tenemos una retribución del Estado, a hacer el aporte correspondiente para la obra social, la usen o no. Pero en agosto de 1982, en tiempos del gobernador de facto, (Roberto E.) Casís, votó.. debo decir mejor que dictó el decreto por el cual la provincia le permitió a los magistrados no aportar más al Iapos”, advirtió.

“Ese decreto respondió a una solicitud de los jueces que querían ser excluidos porque consideraban que no iban a ser usuarios de la obra social pública. Y pasaron de ser aportantes forzosos a aportantes voluntarios”, describió.

Con toda lógica, mirando a los demás senadores (y acaso a todos los demás funcionarios de los tres Poderes), agregó: “Es evidente que si todos pudiéramos tener esa opción, el Iapos quedaría desfinanciado y la idea en que se basan las obras sociales es en que sean universales, que formen un sistema solidario. Que les llegue a todos y que todos aporten”.

“Todos deben aportar, no sólo los empleados administrativos, los docentes y los policías... Los que más ganan en el Estado también deben aportar. Muchos legisladores, como los jueces, no atendemos nuestra salud con el Iapos, porque seguimos usando las obras sociales que teníamos antes, en nuestra actividad privada previa. Pero no dudamos en que es necesario y obligatorio el aporte”, comparó.

“Debe decirse que el haber permitido a los jueces santafesinos no hacer aportes a la obra social, priva al Iapos de unos 8 millones de pesos anuales”, abundó.

El senador habló a sus pares de la Cámara la semana pasada, cuando el cuerpo decidió aprobar el tratamiento preferencial para su proyecto. El jueves pasado hubo consenso para tratar el tema en la próxima sesión, pero hoy -al cierre de esta edición- todo indicaba que no habría reunión en el Senado.

La Plata

Enrico reconoció que su proyecto puede merecer “alguna mirada desde lo constitucional”, pero subrayó que también hay antecedentes jurídicos en favor de su posición.

Mencionó el ejemplo de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Un juez de la ciudad de La Plata pidió no hacer el aporte a la obra social bonaerense y el máximo tribunal de ese Estado rechazó su petición.

“Los jueces -insistió Enrico- deben aportar; debemos hacerlo todos los funcionarios públicos. Y sus aportes seguramente van a contribuir a que salga antes una prótesis, que se pueda comprar sin demoras algún medicamento caro, pueda afrontarse un tratamiento costoso, o que con esos fondos puedan incorporarse otros sectores que realmente lo necesitan, como los beneficiarios de Ley 5.110 o los bomberos voluntarios”, afirmó.