Justicia
Rechazan la revocatoria planteada por Vorobiof
De la Redacción de El Litoral
El juez de Instrucción Primera, Jorge Pegassano, rechazó hoy un planteo formulado por la defensa del presidente del Ente Administrador Puerto de Santa Fe, CPN Marcelo Vorobiof. De esta manera, la Justicia provincial abre camino a la investigación penal por la presunta comisión de delitos como resultado de la administración de dicho ente.
Fuentes tribunalicias confirmaron que el magistrado descartó el pedido de Vorobiof para que revoque el decreto de apertura de la instrucción y se declare la invalidez del requerimiento. El titular del Eapsf presentó los recursos el viernes 25 de octubre en el juzgado del Dr. Pegassano invocando que el fiscal Nº 7, Jorge Andrés, omitió cumplir el examen de las normas legales aplicables.
En esa oportunidad, la defensa de Vorobiof alegó la imposibilidad de examinar supuestos delitos contra la administración pública a causa de que el Ente Administrador Puerto de Santa Fe no integra la administración pública y ninguno de los miembros del consejo directivo, incluido el presidente, ostenta la cualidad de funcionario público.
Resulta inatendible aducir “la existencia de un bien jurídico propio de la administración pública allí donde no hay administración pública, o imputar incumplimiento de deberes de funcionario público a quien no inviste esa condición”, sostuvo Vorobiof.
Un mes antes, el 25 de septiembre, el fiscal Andrés formuló un pedido de instrucción positiva para el presidente del Ente portuario, cuyas conductas supuestamente irregulares se encuentran contenidas en los tipos penales de “peculado; negociaciones incompatibles con la función pública; abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario público; falsedad de documento público; uso de un documento falso; defraudación por administración infiel agravada a la administración pública”.
La investigación, surgida del requerimiento del referido fiscal, apunta al menos a una decena de personas y se encuentra fundada en dos informes de la Sindicatura General de la provincia, de junio de 2012 y 2013, en las que se señalan las presuntas irregularidades.
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