Conmoción en Brasil

Líderes históricos del PT, a la cárcel por corrupción

Los reos -en su mayoría- ocuparon cargos de enorme relevancia en el gobierno de Lula da Silva. Están acusados de pagar sobornos a parlamentarios para que salieran las leyes que demandaba la administración del PT.

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José Dirceu, ex hombre fuerte del gobierno de Lula da Silva, sin perder la sonrisa, se entregó ayer a la Policía Federal de San Pablo. Foto: Agencia EFE

 

Ana María Pomi

Agencia DPA

Líderes históricos del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil comenzaron a cumplir a partir de este fin de semana las penas a las que fueron condenados por el Supremo Tribunal Federal (STF) por integrar una red de pago de sobornos a parlamentarios durante el primer gobierno del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2007).

En cumplimiento de la orden de prisión expedida hoy por el presidente de la Suprema Corte, Joaquim Barbosa, el ex jefe del Gabinete Civil de la Presidencia José Dirceu, y el ex presidente del partido de izquierda José Genoino, se entregaron ante la Policía Federal de Sao Paulo, desde donde serán trasladados el domingo hacia Brasilia.

La defensa del ex tesorero del partido Delubio Soares, condenado a ocho años y 11 meses de prisión por corrupción activa y asociación para delinquir, avisó a través de sus abogados que se presentará mañana ante la Policía Federal.

Tanto los emblemáticos dirigentes izquierdistas como el propio partido insisten en que son inocentes y que el mayor juicio enfrentado por la Corte Suprema en la historia de Brasil fue injusto. En total, a 12 reos de los 25 que fueron juzgados hace un año en el llamado ‘juicio del siglo‘ se les decretó la prisión inmediata, una vez que Barbosa determinó que sus procesos, al menos en relación a algunas de sus penas, no tienen posibilidad de interponer nuevos recursos.

El primero de los dirigentes izquierdistas que se entregó fue Genoino, quien actualmente es diputado federal, pero está de licencia por problemas de salud. El ex presidente del principal partido de izquierda del país fue recibido frente a la sede de la Policía Federal de Sao Paulo por un grupo de militantes ante quienes levantando el puño y haciendo la “V” de la victoria gritó: “Viva el PT”.

Antes de entregarse, Genoino, condenado a seis años y 11 meses de cárcel por corrupción activa y asociación para delinquir, emitió un comunicado en el que reiteró su “inocencia” y dijo que se considera un “preso político” por estar “condenado sin pruebas”.

Político y de excepción

Poco después se entregó, también en Sao Paulo, el ex “hombre fuerte” del primer gobierno de Lula da Silva, Dirceu, condenado a diez años y diez meses de prisión por los mismos delitos que Genoino, y apuntado por el Supremo Tribunal como mentor y comandante de la maniobra delictiva. En una carta abierta publicada antes de su arresto, el ex “primer ministro” de Lula sostuvo que el juicio fue “político y de excepción” y que se encamina a terminar “como comenzó: innovando y violando garantías individuales aseguradas por la Constitución”.

“Como siempre, voy a cumplir lo que manda la Constitución y la ley, pero no sin protestar y denunciar el carácter injusto de la condena que recibí. La peor de las injusticias es aquella cometida por la propia Justicia”, aseveró el líder izquierdista.

En el grupo de 12 reos que comenzaron hoy a purgar sus penas, entre los que hay ex diputados, empresarios y bancarios, está el empresario Marcos Valerio de Souza, apuntado como el operador financiero del esquema de corrupción, que consistía en pagarles sobornos mensuales a legisladores de partidos aliados para garantizar que apoyaran al gobierno en el Congreso.

El empresario fue condenado a 40 años, cuatro meses y seis días de cárcel, acusado de los delitos de asociación para delinquir, corrupción activa, peculado, lavado de dinero y evasión de impuestos.

El presidente nacional del PT, Rui Falcao, divulgó una misiva en la que calificó la decisión de la Corte de decretar la prisión inmediata de 12 de los condenados, aun cuando algunos delitos aun admiten la presentación de recursos como un “casuismo jurídico” que “hiere el principio de amplia defensa” de los reos.

El partido, añade el comunicado, reafirma su convicción de que el juicio fue ‘injusto, nítidamente político y ajeno a las pruebas de los autos‘ y reitera que “ninguno de sus afiliados compró votos en el Congreso Nacional ni hubo pagos mensuales a parlamentarios”.

Hasta anoche, nueve de los doce condenados con prisión decretada se habían presentado a las oficinas de la Policía Federal de sus respectivos estados.

Mañana, un avión de la Policía Federal recogerá a cada uno de los reos en sus respectivos estados y los trasladará a Brasilia, donde pasarán por un examen de cuerpo de delito en el Instituto Médico Legal de la capital brasileña.

Luego, los reos serán trasladados a las instalaciones de la Superintendencia de la Policía Federal, donde funciona una cárcel, y después serán recluidos en el Complejo Carcelario de Papuda, donde purgarán las penas.

La presidenta de la República, Dilma Rousseff, y su antecesor Lula da Silva, no realizaron por el momento declaraciones sobre la prisión de sus correligionarios.

El “juicio del siglo”

  • La orden de prisión para los condenados en el juicio por corruptelas registradas durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva marca un hecho sin precedentes en la historia política de Brasil, que por primera vez ve detrás de las rejas a importantes líderes por esa acusación.

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, sin consultar al resto de magistrados como lo permite el uso de sus facultades, determinó ayer la orden de captura para doce de 16 condenados del llamado “juicio del siglo”, quienes no tienen más instancias de apelación en por lo menos uno de los cargos imputados.

En total, de los 38 investigados por el caso del “mensalao” (gran mesada), entre quienes figuraban políticos y empresarios, 25 fueron condenados y de ellos 9 tienen recursos de apelación pendientes.

Con la decisión de Barbosa, la Policía Federal (PF) fue autorizada para ejecutar las órdenes de captura y el primero en entregarse a las autoridades, para evitar ser expuesto al escarnio público en un arresto convencional, fue José Genoino, en la época del escándalo presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Genoino está condenado a seis años y once meses de prisión por corrupción activa y concierto para delinquir, pero podrá cumplir la pena en régimen semiabierto, que le permite al preso poder salir durante el día para trabajar y retornar en la noche a la cárcel para dormir.

Otro de los condenados que se entregó en la sede de la PF en Sao Paulo fue el exministro de Presidencia José Dirceu, considerado como la “mano derecha” de Lula cuando se desataron las denuncias.

La mayoría de los condenados, entre ellos el publicista Marcos Valerio, apuntado como el operador del esquema y condenado a una pena de cuarenta años y cuatro meses que deberá cumplir en régimen cerrado, se entregó en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde se supone se coordinaba el esquema.

La Justicia juzgó en diciembre pasado la red de corrupción tejida por el PT en 2002, cuando Lula ganó por primera vez las elecciones, y que según consideró probado la corte le permitió costear campañas y sobornar a otros cuatro partidos que le dieron al Gobierno la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.

La orden de captura para una parte de los condenados era esperada para la próxima semana, pues el STF concluyó sus sesiones del día sin analizar la ejecución de las sentencias y por ser ayer festivo en Brasil con motivo de la celebración de la Proclamación de la República.

En un mensaje por la fecha patria, en su perfil de Twitter, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, hizo referencia al combate a la corrupción.

“Hoy conmemoramos el 124 aniversario de la Proclamación de la República. El origen de la palabra república nos enseña mucho. La palabra república viene del latín y significa cosa pública y ser la presidenta de la República significa velar y proteger las cosas públicas, el bien común y prevenir y combatir la corrupción”, citó.