Justicia y sociedad

Abogados instan a “modificar conductas”

En su balance anual, el Colegio santafesino reiteró críticas a la injerencia política sobre los jueces, pero reclamó a éstos mayor celeridad y liderazgo. Apoyo y reclamos por la reforma penal, y compromiso contra el “caranchismo”.

De la redacción de El Litoral

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El Colegio de Abogados de Santa Fe reiteró la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial -al recordar sus críticas y presentaciones judiciales contra los proyectos de “democratización” impulsados por el gobierno nacional-, pero también de contar con magistrados capaces de responder a los requerimientos de la sociedad.

“Nuestra acción tuvo como objeto impedir que la Justicia obre con sometimiento y sujeción a decisiones político-partidarias, entendiendo que la sociedad reclama gestos de grandeza de sus representantes, requiriendo que sus acciones se dirijan hacia el respeto por la división de poderes, en resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, explicó en un documento la entidad que encabeza Eduardo Massot. Pero ello no obsta al reclamo de cambios esenciales, principalmente referidos a “la demora en la tramitación y resolución de las causas judiciales, que resulta en algunos casos intolerable. La morosidad, definitivamente, debe ser combatida con firmeza”.

De la exposición pública que mereció el Poder Judicial en este año, el Colegio rescata la apertura del debate sobre su funcionamiento. “Para mejorar resultará fundamental revisar algunas conductas. La ética judicial debe incluir el cumplimiento de los horarios, el despacho de manera inmediata de los trámites, el dictado de las resoluciones en plazo, la igualdad de tratamiento al abogado, pieza elemental del sistema de Justicia. Hoy los magistrados no solamente tienen que dictar sentencias, sino que además deben dirigir grupos de trabajo, gestionar y poseer liderazgo. De esta manera, el cambio de conducta que se propone es hacia una Justicia democrática y no hacia una Justicia distante”.

Selección de jueces

En lo que hace a Santa Fe, insistieron con sus críticas al hecho de que “el actual sistema no constituye un verdadero Consejo de la Magistratura como órgano plural en el que se diseña la política para la selección de magistrados, con la participación efectiva de las entidades involucradas en el servicio de Justicia, partiendo de definir previamente cuál es el ‘perfil de juez’ que necesitamos en nuestra provincia. El esquema de concursos, en base a reglas dictadas por el Poder Ejecutivo Provincial, con un perfil de juez de neto corte academicista, viene siendo puesto en tela de juicio no sólo por los Colegios de Abogados, sino por otras instituciones vinculadas al quehacer judicial”.

“Reiteramos que el examen de oposición debe primar sobre aquellos aspectos que valoran únicamente la publicación de libros, obtención de títulos por cursos, jornadas, posgrados o simplemente muchos años de antigüedad como abogados -dentro o fuera del Poder Judicial- que definen un perfil de juez no compatible con los requerimientos de la sociedad santafesina”, añadieron.

Reforma penal

También reiteraron su apoyo a la reforma penal, a la vez que la “preocupación por los aspectos edilicios e informáticos, además de considerar de suma importancia para que el nuevo sistema procesal penal pueda representar una efectiva superación del actual, que el Organismo de Investigaciones del Ministerio de la Acusación sea dotado, lo antes posible, del personal y de los medios técnicos adecuados para la investigación de los hechos delictivos. A esto se ha sumado la postergación en la Legislatura del tratamiento y sanción de la llamada ‘Ley de Herramientas’ que en opinión de actores principales de esta reforma puede generar complicaciones para dar comienzo en la fecha establecida”.

Sin perjuicio de lo expuesto, desde el Colegio admitieron que también en muchos casos son los abogados quienes contribuyen a la mora judicial, “apartándonos del rol de componedores de los conflictos sociales.

“Debemos, por tales razones, llevar adelante un fuerte trabajo de concientización pública,en el sentido de que la tarea de la abogacía no es perturbar sino pacificar. Nuestra profesión tiene carácter público, somos colaboradores y auxiliares de la Justicia, y si bien el Estado garantiza a sus ciudadanos el debido proceso y el derecho de defensa, resulta imposible garantizarlo sin abogados”, concluyeron.

“Derivaciones ilegítimas”

“La derivación ilegítima de trabajo profesional, obtenida mediante la gestión de ‘intermediarios’, agentes de los servicios de salud y seguridad que, por recompensas económicas, desvían hacia determinados estudios jurídicos a las víctimas o familiares de accidentes de tránsito, constituye una captación irregular, desleal y antiética de clientela. Por ello, enfrentar el ‘caranchismo’ es una preocupación y ocupación permanente de nuestro Colegio, que viene desplegando una persistente labor para el esclarecimiento del tema”, sostiene el documento.

Los abogados remarcan que “muchos de los denominados ‘caranchos’ se aprovechan de los estados emocionales de las víctimas y sus familiares, para obtener la firma de poderes o escritos sobre la base de informaciones y promesas falsas. Por eso debemos continuar con las campañas de educación, con la colocación de cartelería en hospitales y comisarías, alertando a la población para que sepan que durante la estadía en el hospital no se pierden derechos ni posibilidades de reclamos por daños y perjuicios y, que ante un accidente, lo único urgente ‘es la salud’ ”.

“Es nuestra intención trabajar con los hospitales y con las comisarías, porque hay un entramado perverso en este tema, sobre todo porque los importes de las indemnizaciones que corresponden a las víctimas o sus familiares se distribuyen entre quienes son parte de esta cadena de responsables y, en consecuencia, no se produce la reparación económica del daño sufrido”, concluyeron.

“La sociedad reclama gestos de grandeza de sus representantes, requiriendo que sus acciones se dirijan hacia el respeto por la división de poderes, en resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.